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Carlos Mattos recusa a los jueces de la AN que acordaron su detención para extraditarle

La defensa del empresario colombiano Carlos José Mattos Barrero ha presentado este viernes un incidente de recusación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra los magistrados Alfonso Guevara, Carolina Rius y Ana María Rubio. Esta petición se produce sobre ellos porque, como integrantes de la Sección Tercera, fueron los que acordaron que el empresario ingresara en prisión para que se ejecutara su extradición.

A Mattos se le reclama por pagar supuestamente 200 millones de pesos (unos 48.000 euros) a una juez de Bogotá con el fin de gratificarla por haber adoptado unas medidas cautelares favorables a los intereses de su compañía.

En el escrito de la defensa, se indica que los tres magistrados han conocido los hasta tres intentos de extradición de Mattos desde 2018. Uno de los puntos en los que basa esta petición de recusación es una transcripción de una entrevista al ministro de Justicia colombiano en septiembre en la que aseguraba que había mantenido conversaciones con la Audiencia Nacional para acordar esa extradición.

A juicio de la defensa, las afirmaciones que realizó el ministro suponen una «intromisión en la separación de los poderes del estado a nivel internacional». «Como si los procedimientos de extradición en España los tramitara un mercader o respondiesen a intereses políticos», añade. Suman a esto que tras poner en conocimiento de la Sala y de la presidencia de la Audiencia Nacional este incidente, la Sección Tercera omitió pronunciarse.

Por otro lado, la defensa lamenta también la celeridad en la tramitación de la causa, ya que a su juicio «puede poner de relevancia» la parcialidad y arbitrariedad del magistrado. En este sentido, muestra su extrañeza por «la premura» del tribunal en cumplir sin demora el procedimiento y la rapidez con la que se tramitaron las comunicaciones entre la autoridad colombiana y la española, cuando normalmente estos asuntos se demoran meses.

Además, apunta que el día en el que fue citado para la vista de extradición, el 6 de octubre, «la Sección Tercera se hizo valer de un procedimiento (rollo de extradición 33/21) para que el reclamado compareciera voluntariamente y así proceder a su detención por otro procedimiento anterior (47/19).

Por todo esto solicita la defensa la recusación de los tres magistrados, que sean sustituidos por otros como expresión del derecho al juez imparcial, y que se suspenda la extradición hasta resolver el incidente.

Cabe recordar que los magistrados el pasado miércoles rechazaron los motivos a los que aludió Mattos, que aseguraba que no podía viajar, y decretaron su ingreso en prisión para cumplir con la extradición.

EL RECURSO DE SÚPLICA

Por otro lado, la defensa de Mattos también ha presentado ante la Sección Tercera un recurso de súplica, para pedir que se suspenda la entrega del empresario y se acuerde su puesta en libertad.

En el marco del escrito, el equipo jurídico ha destacado que el auto por el que se acuerda la extradición de Mattos a Colombia solo contempla un informe que valora el riesgo para la salud derivado del desplazamiento o del viaje, pero no valora el riesgo que supone para el acusado ingresar en un centro penitenciario del país sudamericano una vez que se materialice la entrega.

La defensa sostiene que la Audiencia Nacional «debe tener en consideración que existen indicios suficientes para determinar que no habrá un tratamiento médico adecuado para el Sr. Mattos en un recinto penitenciario en Colombia donde no se garantiza el acceso a la salud de los reclusos».

En este sentido, el letrado ha subrayado que «un informe médico forense de fecha 15 de abril concluye que salvo que sea tratado con el mismo tratamiento médico que se realiza en España, su ingreso en prisión supondría un riesgo para su salud».

Asimismo, ha alegado que el auto por el que se acuerda su entrega incurre en «una vulneración patente y manifiesta de los derechos fundamentales por acordar la prisión como herramienta del sistema sin atender el principio de legalidad».

Ha explicado que, además, «se sobrepone una circunstancia que impide manterialmente que Mattos sea entregado», en referencia a «la existencia de otro procedimiento de extradición» instado también por Colombia que aún se encuentra pendiente de tramitación. «Se estaría vulnerando el derecho a un proceso justo con todas las garantías», ha añadido.

A la lista de razones para frenar su extradición, la defensa de Mattos ha incluido el recurso contencioso-administrativo que interpuso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la resolución del Consejo de Ministros por la que se acordaba su entrega que, según ha precisado, aún está pendiente de respuesta.

50 MILLONES DE PESOS EN UNA CAJA DE ZAPATOS

De acuerdo con el relato aportado por Colombia, los hechos por los que se solicita la extradición se remontan al 1 de diciembre de 2015, cuando se presentó solicitud de prueba anticipada en un despacho judicial (consistente en inspección judicial con exhibición de documentos y peritos) donde figuraba como demandante la compañía Hyundai Colombia Automotriz de Mattos y como demandada, la empresa Global Car World SAS.

En el desarrollo de dicha inspección judicial, que se llevó a acabó el 29 de abril de 2016, la juez 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández Pérez, decretó dos medidas cautelares favorables a los intereses de Hyundai, señala el escrito.

A finales de ese mes o principios de junio, continúa explicando el escrito, un empleado judicial del mencionado despacho judicial, Dagoberto Rodríguez Niño (con quien se había concertado Carlos Mattos) visitó en su despacho a la juez y le comentó que el empresario le enviaba dinero (50 millones de pesos), cantidad de la que unos días después le hizo entrega en una caja de zapatos sellada en un centro comercial.

«Dinero que recibió la señora Ligia del Carmen Hernández Pérez y continuó adelantando el trámite de la referida actuación judicial», apostilla la reclamación de extradición de las autoridades colombianas.

Poco después, Rodríguez Niño habría hecho entrega a la juez de otros 50 millones en una clínica de la ciudad, a los que seguirían otros tres pagos más por la misma cantidad. De cada entrega, según lo declarado por este empleado judicial, la magistrada le daba 10 millones de pesos como recompensa.

GRATIFICACIONES POR UNAS MEDIDAS FAVORABLES

«De los elementos materiales probatorios y evidencia física, se tiene que el señor Carlos Mattos entregó, valiéndose de la participación del señor Dagoberto Rodríguez Niño, la cifra de 200 millones de pesos a la señora Ligia del Carmen Hernández Pérez, no solamente con el objeto de gratificarla por haber adoptado unas medidas cautelares favorables a los intereses económicos de Hyundai Colombia Automotriz SA, tal como quiso hacerlo ver, sino también para asegurar ilegalmente que, mientras ella tuviese la dirección de la actuación, no variaría su postura sobre las mismas», señalan las autoridades reclamantes.