ACCEM, Acoge Andalucía, Cáritas, CEAR, CEPAIM y Red Acoge han instado este viernes al Gobierno a reformar el Reglamento de Extranjería para garantizar la protección de las personas migrantes tras la pandemia de la COVID-19.
Así lo han explicado las ONG en un comunicado conjunto, tras una reunión entre el director general de Migraciones, Santiago Yerga, y representantes de las citadas entidades sociales de ámbito estatal, que acompañan a las personas extranjeras residentes en España en sus procesos de inserción y autonomía.
Como han señalado las ONG, la Ley de Extranjería (LOEX) y su Reglamento (RELOEX) establecen «un sistema progresivo de acceso a los derechos y libertades, que reconoce, en todo caso, el derecho de todas las personas extranjeras que viven en España a la libre circulación por territorio nacional, la salud, la educación y la protección social, por ejemplo».
En este contexto, sostienen que en la actualidad «se estima que más de medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos» en España, «por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo, como no tener más de tres años de residencia en España o no contar con un contrato de trabajo de más de un año de duración a jornada completa».
De esta forma, los principales problemas que, en la práctica, han detectado se refieren al desarrollo del RELOEX, que «condiciona la regularidad administrativa al cumplimiento de unos criterios que no responden a la realidad social, laboral y económica», que deja en situación de exclusión «a un alto porcentaje de la población migrante, truncando sus procesos de integración e incorporación a la sociedad española».
«El vigente Reglamento de Extranjería se aprobó en el año 2011. Muchas cosas han cambiado desde entonces en la realidad social, económica, en el escenario laboral y también en la interpretación jurisprudencial de la norma», han puesto de relieve las organizaciones sociales.
Durante la reunión con el director general de Migraciones, según han informado las organizaciones sociales, sus representantes han señalado «la urgencia de simplificar y flexibilizar determinados supuestos del Reglamento para dar respuesta a la creciente desprotección que sufren miles de personas extranjeras, con mayor motivo en el contexto actual de crisis socioeconómica derivada de la pandemia, que está teniendo un impacto mucho más profundo en la población migrante».
A su juicio, esta modificación de la normativa de extranjería es necesaria para adecuar la norma a los estándares de Derechos Humanos y facilitar que las personas extranjeras puedan llegar España desde su país de origen con las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias.
También se requiere un cambio normativo a fin de «garantizar que las personas extranjeras que están en el territorio español obtengan las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias», y para «asegurar que las personas extranjeras que ya cuentan con las autorizaciones no las pierdan».
De este modo, en el documento de propuestas trasladado por las organizaciones sociales al director general se abordan reformas en cuatro apartados concretos: adecuación de la normativa interna a los estándares internaciones de derechos humanos; el establecimiento de vías legales y seguras; las autorizaciones de residencia y trabajo; y el problema de la irregularidad sobrevenida.
«Este conjunto de propuestas permitiría actualizar la legislación de extranjería conforme a los cambios sociales, económicos, laborales y jurídicos producidos desde 2011. Con ello se facilitaría, además, la resolución, de forma adecuada, de la situación de miles de personas extranjeras que ya están en España y que, al carecer de estas autorizaciones, quedan expuestas a situaciones de explotación laboral, exclusión social y residencial», han argumentado.
Finalmente, las ONG han defendido que «ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a esa sociedad, como es el caso de la población migrante».
