El presidente catalán, Pere Aragonés, ha vuelto a poner ahora sobre la mesa la llamada declaración de Pedralbes, el acuerdo que alcanzó el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 con la Generalitat para retomar el diálogo, y en el que aceptó hablar de un «conflicto» político y también la polémica figura de un «relator» para un nuevo espacio de diálogo. Además, se comprometió a buscar soluciones «en el marco de la seguridad jurídica», sin mención expresa a la Constitución.
Sánchez y el entonces presidente catalán Quim Torra acordaron, durante su reunión en el Palacio de Pedrables de Barcelona del 20 de diciembre de 2018, un texto con el que el Gobierno reconocía la «existencia de un conflicto» de carácter político y también se comprometía con el Govern a solucionarlo «en el marco de la seguridad jurídica».
Ese acuerdo, en el que no se hacía mención alguna a la Constitución, aunque sí al Estado democrático de Derecho, se dio a conocer en su integridad semanas más tarde, pero ya entonces comenzó a generar polémica, entre otras cosas, por esa ausencia de cualquier referencia a la Carta Magna.
No obstante, el Ejecutivo argumentó entonces que finalmente se decidió no incluir el término porque para la Generalitat suponía un problema, y optaron por la fórmula de mencionar la seguridad jurídica, que sí satisfacía a las dos partes.
Eso sí, el Gobierno salió de aquel encuentro convencido de que había logrado a cambio el compromiso «inequívoco» de la Generalitat de renunciar a la vía unilateral a la independencia, aunque admitieron que les habría gustado una mención más explícita a la Constitución.
PREVEÍA UN MEDIADOR PARA FACILITAR EL DIÁLOGO
Y la polémica, lejos de amainar, estalló después cuando transcendió que el Gobierno había aceptado que la mesa de partidos que se habían comprometido a crear estuviera coordinada por persona ajena a las partes que asumiera la coordinación de este espacio de diálogo, es decir, un especie mediador o «relator», como pasó a llamarse en el debate público.
«Ayudará a crear las condiciones idóneas para el diálogo, dará fe de los acuerdos alcanzados y determinará el seguimiento de su aplicación», señalaba el texto de la declaración que el Gobierno hizo público el 8 de febrero, después de que la disputa y el malestar que había generado esa figura del relator frustrara las negociaciones.
Es más, esa polémica fue la que llevó al PP, Ciudadanos y Vox a manifestarse en Colón el 10 de febrero de 2019 –de donde saldría la famosa «foto de Colón» de los tres partidos de la derecha– y desembocó meses después en el adelanto de las elecciones generales de abril de ese año.
El gran malestar generado llevó al Gobierno a renunciar a esta propuesta pactada y, tras ello, se quedó sin el apoyo de los independentistas para sacar adelante sus Presupuestos, lo que llevó a Sánchez a convocar el adelanto.
En concreto, el texto pactado entre Sánchez y Torra aquel 20 de diciembre señalaba que ambos gobiernos reconocían «la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña» y «su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana».
También acordaron que debían «seguir potenciándose los espacios de diálogo» que permitieran «atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica», y «que la vía del diálogo» requeriría «del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía».
SE MARCARON CUATRO OBJETIVOS
En concreto, se marcaron cuatro objetivos. El primero de ellos era el «diálogo efectivo», mediante la convocatoria de la comisión bilateral ya existente y también de la mencionada mesa de partidos. En segundo lugar, «respuestas políticas». «Cada una de las partes remitirá las propuestas que considere en sus respectivos espacios, dando respuesta a la relación que se propone entre Cataluña y el resto de España», aseguraban.
Lograr un «amplio apoyo» era el tercero, para buscar «respuestas políticas» que alcanzaran «un amplio apoyo de la sociedad catalana». Y por último, se comprometieron a dar una «respuesta democrática en el marco de la seguridad jurídica». «La propuesta democrática que resulte del trabajo de los espacios de diálogo, deberá articularse mediante las oportunas y posibles modificaciones legislativas», aseguraban.
En cuanto al formato del diálogo, establecían la creación de esa mesa de partidos, en la que cada uno de los participantes pudiera plantear «sus propuestas de resolución y proyecto político, con total libertad, sobre el futuro de Cataluña con el fin de consensuar una propuesta política y democrática».
