Organizaciones humanitarias han denunciado la violación de derechos humanos que se están produciendo en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y que pasan por la falta de asistencia letrada, la posible devolución de menores o refugiados a Marruecos y la persecución de migrantes para realizar devoluciones en caliente días después de su llegada, entre otras.
Las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que ha negado que se estén produciendo devoluciones en caliente y señalando que se está produciendo un «rechazo en frontera» han preocupado a estas entidades.
Para la investigadora de Amnistía Internacional Virginia Álvarez, es «preocupante» este cambio de término en cuanto a las garantías que se han de ofrecer a los migrantes cuando cruzan la frontera a España.
Álvarez ha explicado que la figura de la devolución en caliente se realiza en la frontera y en el momento en que el migrante la cruza. Su práctica, ha indicado, se puede llevar a cabo gracias a la «peligrosa ambigüedad» con la que, ha su juicio la interpreta el Tribunal Constitucional.
Su sentencia dice que esta práctica se puede llevar a cabo siempre que «se tenga en cuenta la vulnerabilidad de las personas». De este modo, si el migrante es potencial solicitante de asilo, menor, o de otro grupo vulnerable, debe ser atendido en el país al que ha llegado a través de un procedimiento de garantías.
EXPULSIONES ILEGALES
Sin embargo, advierte Álvarez, el Gobierno está devolviendo a personas que ya están en Ceuta desde hace días, a las que «busca» y «persigue» por la ciudad. En algunos casos, apunta la experta, el Ejecutivo está alegando que esas mismas personas están reclamando regresar, aunque desde Amnistía Internacional denuncian que estas prácticas se hacen sin que el migrante haya recibido atención letrada. Esta situación, advierte, se realiza tras «un acuerdo con Rabat».
«El Gobierno está expulsando ilegalmente a personas disfrazándolo de que quieren volver», ha declarado Álvarez, quien ha explicado que la forma legal para expulsar a una persona que ya está en territorio español es incoar un expediente de devolución.
Ante esta situación, la ONG está muy pendiente de cómo «se vayan a realizar los tramites de niños que han llegado solos a la ciudad autónoma, para que su situación se resuelva con garantías.
Sobre la práctica de las devoluciones en caliente, la asociación Abogados Extranjeristas señalan que la «única manera» de realizarlas, es respetando la sentencia del Tribunal Constitucional es la realización de «un expediente con identificación, señalamiento de circunstancias y justificación de la resolución».
NECESIDAD DE ASISTENCIA LETRADA
Esto, indica, «sólo puede garantizarse con asistencia y representación letrada que la someta a esa tutela judicial, o de lo contrario, cualquier derecho queda en su mera proclamación», una práctica que, según han denunciado estos días las organizaciones humanitarias, no se está produciendo.
‘No Name Kitchen’, ‘Elin’, ‘Maakum Ceuta’, APDHA y ‘Solidary wheels’ han señalado que, en estos días, «han sido devueltas a Marruecos personas que han manifestado su intención de pedir asilo o que ya disponían de una solicitud en trámite».
También Caminando Fronteras asegura que el Gobierno ha expulsado a «decenas de refugiado» que sí pidieron asilo a las autoridades españolas. «Al menos cinco yemeníes y dieciocho ciudadanos de República Democrática del Congo», explica la organización.
Abogados extranjeristas advierten de que esta práctica, además, podría dejar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que están realizando estas labores «en una inseguridad jurídica» porque han de «tomar decisiones que ni deben ni pueden tener capacidad para tomar».
La solución, explica, sería la realización de una norma de desarrollo a la Disposición Adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana, que recoja «escrupulosamente» las condiciones e indicaciones que el Tribunal ha determinado en la sentencia.
PRECEDENTE GRAVE
Por su parte, la abogada del Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) en la Frontera Sur, María Vieyra, ha asegurado sobre esta práctica que «sin atención letrada, ni intérprete», España no estaría cumpliendo con la Convención de Ginebra del Estatuto de los Refugiados porque, sin estos dos servicios, no se pueden realizar las devoluciones como reclama el TC, «con pleno control judicial».
Vieyra ha enviado un mensaje al Gobierno, a través de un video en su cuenta de Twitter, en el que le recuerda que el aval del Tribunal Constitucional a esta práctica es «condicionado» y le pide que desarrolle un reglamento para que estas devoluciones se realicen «con el respecto y los compromisos adquiridos» por España.
Para la investigadora de Amnistía Internacional, la situación vivida estos días en Ceuta puede suponer un «precedente grave» para futuras situaciones similares.
