La factura para las comunidades autónomas de la crisis de la Covid-19 llegará con un retraso de dos años, con las correspondientes liquidaciones del sistema de financiación regional, según indica un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Las comunidades han aumentado significativamente su gasto durante todo el ejercicio 2020 para hacer frente a la pandemia, pero el incremento de las entregas a cuenta del Estado y el Fondo Covid han permitido a la mayoría de ellas hacer frente al shock «con comodidad» e incluso mejorar el dato de déficit del año anterior.
No obstante, el autor del estudio y director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha advertido de que gran parte de la factura llegará en los próximos ejercicios en la forma de «abultadas liquidaciones negativas» del sistema de financiación y de un recorte en las transferencias estatales.
Pese a todo, el informe apunta que, aunque buena parte de los recursos de los que se han beneficiado las comunidades deberán devolverse en dos años, la experiencia de la anterior crisis sugiere que el plazo para su devolución terminará alargándose «tanto como haga falta».
El autor del estudio sugiere que la estrategia de aislar a las comunidades autónomas de los efectos presupuestarios de las sucesivas crisis, o al menos retrasar su llegada de forma casi indefinida, «no parece la mejor forma de fomentar su responsabilidad fiscal o de incentivar su rápida adaptación a las cambiantes circunstancias económicas».
SE DISPARA EL GASTO TRAS UNA DÉCADA DE DESCENSO O ESTABILIDAD
En 2020, la llegada de la pandemia se ha traducido en un fuerte aumento del gasto para las comunidades, que ha sido financiado mediante inyecciones adicionales de recursos estatales que, de hecho, han permitido reducir el déficit con respecto al año anterior.
El estudio constata que, tras una década de descenso o estabilidad, el peso del gasto autonómico en el PIB se ha disparado al alza en 2020, aumentando en casi tres puntos como resultado de la crisis del Covid, que ha elevado las necesidades de gasto sanitario y social y ha reducido el nivel de renta en más de un 10%, con la consiguiente presión a la baja sobre los ingresos tributarios de todas las administraciones públicas.
El Gobierno central ha optado por absorber en primera instancia la totalidad de ambos shocks, manteniendo unas entregas a cuenta calculadas con previsiones anteriores a la crisis y aportando recursos adicionales a las autonomías mediante transferencias extraordinarias no retornables fuera del sistema de financiación autonómica (SFA).
De hecho, con esta inyección de recursos los ingresos de las CCAA crecieron el año pasado más deprisa que sus gastos, lo que se ha traducido en una apreciable reducción de su déficit presupuestario a pesar de la pandemia, al coste de aumentar en la misma medida el déficit del Estado.
