La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado al alcalde de Cúllar, Alonso Segura (IU), a nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por prevaricación administrativa en la aprobación de una tasa para asistir a la Escuela de Música de este municipio de la comarca de Baza, en el norte de la provincia.
Fuentes de la defensa de Segura, que recurrirá la sentencia, han adelantado que el alcalde tiene previsto continuar en el cargo al frente del Ayuntamiento de Cúllar, convencido de su inocencia, y de que la condena, que aún no es firme, es «manifiestamente injusta».
Según consta en la sentencia, adelantada este martes por el diario Ideal, Segura remitió al profesor de música contratado por dicho Ayuntamiento, en referencia al curso 2017-2018, un listado con los nombres de los alumnos que «habría de incluir en su programación y los que no podría incluir en función de que hubiesen pagado o no los precios que, como contraprestación por la recepción de las clases y con la finalidad de financiar el servicio, se habían fijado mediante un acuerdo de la junta de gobierno local de 3 de noviembre de 2016″.
En el momento en el que Segura remite al profesor el listado de alumnos con las instrucciones relativas «a quien incluir y a quien no», el regidor sabe, según prosigue la sentencia, que la decisión tomada es «ilegal toda vez que la junta de gobierno local carece de competencia para establecer precios públicos» pues «tal competencia la ostenta el Pleno del Ayuntamiento».
A este respecto, el letrado José Ángel Rodríguez, que ejerce la defensa, que ha pedido la libre absolución para el alcalde, ha destacado que este listado «no obra en las actuaciones, ni ha quedado acreditado que el alcalde haya dado nunca instrucciones verbales ni escritas para la confección y envío» del mismo con la finalidad de «excluir a ningún alumno, ni mucho menos que haya suscrito este documento».
Así, la defensa va a presentar recurso de apelación contra esta sentencia, por supuesta «vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, al no existir prueba de cargo que avalen las apreciaciones» de la misma, y por adolecer de «falta de tipificación de los hechos probados en el delito de prevaricación administrativa por el que se le condena».
Segura, que recibió el pasado 11 de marzo, a las puertas de la Real Chancillería de Granada, donde se celebró el juicio, el apoyo de la dirección provincial de IU, mantuvo ante el tribunal que es inocente, y que la Junta de Gobierno Local de Cúllar de 3 de noviembre de 2016 no aprobó unas «aportaciones voluntarias» para asistir a las clases sino que éstas estaban ya implantadas desde cinco años antes, cuando, según precisó, gobernaba el PSOE en este municipio.
La Fiscalía pedía para el alcalde once años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por unos hechos por los que han ejercido la acusación particular también un grupo de familias denunciantes, que elevaban esta solicitud a 18 años.
