La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular en el caso Cooperación, solicita una pena de cinco años de prisión para el exconseller y exdiputado ‘popular’ en Les Corts Rafael Blasco, por la pieza del presunto amaño en contratos de informática en su etapa al frente de la Conselleria de Solidaridad e Inmigración.
Blasco se sentará de nuevo este miércoles en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Valencia junto al empresario Augusto César Tauroni, la exsecretaria general de la Conselleria Agustina Sanjuán y el exjefe del servicio de Informática Javier Murcia.
Para Tauroni y Tina Sanjuán la entidad reclama otros cinco años de prisión y el pago de una multa de 350.000 euros para cada uno de ellos. Por su parte, solicita tres años de cárcel para Javier Murcia.
Las penas que baraja la Fiscalía son algo inferiores. Así, pide dos años y ocho meses de prisión para el exconseller y el pago de una multa de 400.000 euros por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración; dos años de cárcel para Sanjuán y una muta de 300.000 euros; año y medio de prisión para el exjefe de Informática y 300.000 euros de multa; y dos años y medio de cárcel y multa de 400.000 euros para el empresario Tauroni.
Se trata de la pieza 5 del llamado caso Cooperación y la Fiscalía cifra en 289.363 euros el perjuicio ocasionado a las arcas públicas autonómicas. Los hechos se remontan a los años 2008 a 2011 y se ha investigado un presunto amaño de contratos informáticos adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas, que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni. Las empresas interpuestas recibían una comisión de alrededor del 7% del total del contrato.
Los contratos presuntamente amañados eran para el desarrollo del Portal del Inmigrante, Portal de la Ciudadanía, herramientas de participación ciudadana y para el control telemático de la gestión de escuelas de acogida, entre otros.
Blasco ya ha sido condenado por las piezas 1, 2 y 3 del conocido caso Cooperación, relativas al desvío de ayudas a ONGs y al proyecto fallido para la construcción de Haití. Salió de prisión con tercer grado a principios de 2019 por la condena de seis años y medio de la pieza 1.
JUSTICIA Y SENSACIÓN DE IMPUNIDAD
Desde la Coordinadora han mostrado su deseo de que se haga justicia y se evite la sensación de impunidad en uno de los casos de corrupción «más inmorales» que ha sufrido la Comunitat.
«Después de la sentencia sumamente decepcionante e indignante con la que se saldó el último juicio del caso Blasco, desde la Coordinadora, y en nombre de todas las acusaciones populares en esta causa, queremos que se haga justicia de una vez por todas para que las penas sean proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos por una de las tramas de corrupción más inmorales que hemos sufrido en la Comunitat», han apostillado en un comunicado.
La Coordinadora ha recordado que éste «no es un caso de corrupción más». «Ha sido una de las tramas más indignas y repugnantes a las que nos hemos enfrentado en los últimos años. Se aprovecharon del sufrimiento de miles de personas empobrecidas para enriquecerse personalmente. Las ONGD llevamos diez años luchando por que se haga justicia, para defender la dignidad de la cooperación y para lograr la devolución de los fondos defraudados. Vamos a seguir haciéndolo en este juicio», han aseverado.