La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga este jueves al que fuera jefe militar de ETA Gorka Palacios Alday por su integración en el ‘comando Larrano’, hechos por los que la Fiscalía pide para él 27 años de cárcel por los presuntos delitos de pertenencia a banda armada, un delito de estragos terroristas y otro de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos.
El juicio estaba previsto que se iniciara el pasado 11 de enero, pero tuvo que ser suspendido por las consecuencias de las intensas nevadas que dejó la borrasca ‘Filomena’ a principios de año.
Según explica la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, Palacios alquiló en julio de 1997 un piso en Durango (Vizcaya), en el que preparó «diversas acciones» terroristas junto a los otros dos miembros del ‘comando Larrano’, Oier Eguidazu y Leyre Martínez Pérez –ambos condenados por estos hechos–, «ocultando en el piso armas y explosivos».
La Policía registró dos viviendas después de que una de ellas explotara el 17 de julio de 1997, que provocó la huida de los integrantes del comando. Los agentes comprobaron que los tres miembros de la banda terrorista tenían a su disposición 30 bolsas de explosivo amonal, una lapa-bomba, cuatro granadas de 80 milímetros, nueve granadas de 40 milímetros, detonadores, temporizadores, varios cilindros de explosivos y cloratita.
UNO DE LOS MIEMBROS MÁS ACTIVOS DE ETA
Palacios fue considerado uno de los miembros más activos de la organización desde que comenzó su actividad terrorista en los años 90, llegando a formar parte del ‘comando Madrid’, por el que se le atribuyeron diversos atentados.
En 2003, siendo uno de los etarras más buscados por las Fuerzas de Seguridad, asumió el cargo de jefe de los comandos de ETA, responsabilidad que compartió con Ibón Fernández Iradi, ‘Susper’, hasta su detención en Pau (Francia) en diciembre de ese año.
Las autoridades francesas entregaron en abril de 2018 a Palacios tras cumplir sus penas en las prisiones de Saint Maur y Châteauroux. El tribunal de lo Criminal de París le condenó a 18 años de prisión en 2009 y un año después la justicia francesa lo entregó de manera temporal a España para que fuera juzgado por la Audiencia Nacional, que le impuso 83 años de cárcel por el atentado cometido contra el Ministerio de Justicia del 10 de julio de 2001, en el que falleció el policía nacional Luis Ortiz, y resultaron heridas a otras 20 personas.
Tras permanecer casi dos años en las cárceles de Soto del Real y Estremera, fue devuelto en 2012 al Estado francés y encarcelado en Saint Maur, donde pasó 18 meses, hasta que entregado temporalmente a España para un nuevo juicio. En 2013 regresó a Saint Maur, donde permaneció hasta 2018.
