Un total de 943 restaurantes, que operan a través de plataformas de ‘food delivery’ en España como Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats,han reclamado al Gobierno una «solución regulatoria» que no dañe aún más a un sector que está fuertemente impactado por la crisis del coronavirus.
En concreto, los hosteleros, que han firmado el ‘Manifiesto de restaurantes sobre la ‘Ley Rider’ reclaman una solución a la actual situación que permita fijar un marco que «aporte seguridad jurídica» al sector del reparto de comida a domicilio.
Una solución que permita «mantener la flexibilidad», esencial para la supervivencia de de la economía a demanda y que «no debería ser incompatible con que las plataformas puedan ofrecer mejores coberturas y condiciones de trabajo a los repartidores», por lo que instan a trabajar para lograr una «solución que beneficie a todos y no destruya un sector incipiente con un gran impacto socioeconómico en España».
El manifiesto también recoge que una laboralización forzosa de los repartidores, como la acordada este miércoles por Gobierno, sindicatos y patronal, llevaría a los restaurantes, en su mayoría pequeños y medianos comercios, a dejar de percibir una importante fuente de ingresos adicionales.
Según las estimaciones de las plataformas, estos establecimientos podrían dejar de ingresar más de 250 millones de euros solo en los primeros 12 meses.
Los restaurantes firmantes señalan en su manifiesto que el reparto de comida a domicilio se ha convertido en el último año de pandemia «en un elemento imprescindible para muchos negocios, grandes y pequeños, que durante meses se han apoyado y han invertido en este servicio para mantener el máximo posible de actividad y empleo».
Además han advertido del «elevado coste» que tendría la laboralización forzosa de todos los repartidores que actualmente operan a través de plataformas en términos de empleo (23.000 personas),así como el impacto en los ingresos de los restaurantes y otros comercios.
Según un estudio elaborado por AFI para Adigital, el sector del ‘delivery’ generó más de 708 millones de euros de valor añadido bruto en 2019, un 10,1% más que en 2018, y contribuyó a generar o mantener más de 15.300 empleos totales en restauración, comercio minorista y sectores asociados.
ACUERDO DE LA MESA DEL DIÁLOGO SOCIAL
El Gobierno y los agentes sociales, sindicatos y patronal, han finalizado este miércoles la última reunión de trabajo de la Ley de plataformas digitales, conocida como ‘Ley de riders’, con el acuerdo de todas las partes de que hay que laboralizar a los ‘riders’, según señalaron fuentes del diálogo social.
Además, durante el encuentro, los empresarios han presentado una propuesta sobre cómo laboralizar a los trabajadores de las plataformas digitales, dado que ahora en su mayoría son autónomos.
Esta ha sido la última reunión de la mesa, después de que el Ejecutivo pidiera a finales de enero a los interlocutores sociales sus últimas propuestas para cerrar el texto de la ley, aunque, no obstante, durante los próximos días continuarán los contactos técnicos.
El Gobierno se ha comprometido a remitir a los agentes sociales un documento de síntesis que integre las propuestas que han puesto encima de la mesa tanto unos como otros. Es probable que esta norma vaya para su aprobación al Consejo de Ministros próximamente, aunque no hay un plazo fijado.
LOS ‘RIDERS’ QUIEREN SEGUIR COMO AUTÓNOMOS
Por su parte, varias asociaciones de ‘riders’ han insistido en que los repartidores sigan siendo autónomos para decidir «cuándo trabajar, dónde y cómo hacerlo» y si es con una o con varias plataformas, al tiempo que han pedido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ser escuchados porque existen muchas alternativas a la «laboralización forzosa», entre ellas la francesa o la italiana, con acuerdos sectoriales.
Así se han pronunciado la Asociación Autónoma de Riders (AAR), la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y la Asociación Española de Riders Mensajeros (AsoRiders) en un comunicado conjunto en el que han denunciado que la ley de plataformas digitales, conocida como ‘Ley de riders’, aboca a esta colectivo a la precariedad y al paro.
«Una ley que lleva nuestro nombre, pero que, por increíble que parezca, el Gobierno está negociando sin tenernos en cuenta. La ‘Ley Rider’ sin escuchar a los ‘riders’. Ver para creer», han señalado.
