La nueva Ley de Memoria Democrática promoverá «el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual» durante la Guerra Civil y la dictadura.
Así lo recoge el borrador del anteproyecto legislativo propuesto desde el Ministerio de Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática, con la vicepresidenta primera Carmen Calvo al frente y al que ha tenido acceso Vida Nueva.
La publicación asegura que esta norma, que consta de 66 artículos agrupados en cinco títulos, busca «cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo».
En este sentido, indican que, en el artículo 3 del borrador se redacta una definición de víctima, que menciona de manera explícita a «las personas que sufrieron persecución o violencia por razón de conciencia o creencias religiosas». «La persona será considerada víctima con independencia de que exista o no autoría conocida de la violación de sus derechos», se expone en el borrador, según Vida Nueva.
NO INCLUYE EL PERIODO DE LA II REPÚBLICA
Del mismo modo, el texto recoge que, también considerará como tales también a los familiares, descendientes, ascendientes y colaterales hasta cuarto grado.
De esta manera, el Gobierno de coalición abre la puerta, indica la revista, a que sean reconocidos los más de 10.000 mártires de la Iglesia que fallecieron durante la persecución religiosa del siglo XX. Eso sí, la futura ley no incluirá a los fallecidos, desaparecidos o torturados durante la II República, que presenta como un período de «avanzadas reformas políticas y sociales», apunta.
De la misma manera que con el resto de fallecidos, el Estado se hará responsable de los trabajos de exhumación correspondientes.
Por otra parte, Vida Nueva señala que, en la nueva norma también se incluyen «actuaciones específicas que se refieren a los bienes expoliados» producidos «por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa».
Además, destaca que en el artículo 36.2, se reclama que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos».
SOBRE EL VALLE DE LOS CAÍDOS
En este sentido, destaca que existen excepciones: si se trata de mencione «de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley».
Finalmente, la publicación se refiere a la resignificación del Valle de los Caídos, que se trata en el artículo 55 del anteproyecto de ley, destaca que el texto «declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos» y recoge que las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes en la misma tendrán a partir de ahora «el carácter de cementerio civil».
Al respecto, comenta la revista, se prohíben también «actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la dictadura», lo que incluiría las tradicionales misas por Francisco Franco que se celebran cada 20 de noviembre.
La norma, sin embargo, no comenta nada, destaca Vida Nueva, sobre el futuro de la basílica, la cruz, la hospedería, el monasterio o la escolanía y los monjes benedictinos que custodian el lugar, aunque apunta que será regulado «mediante un real decreto» que determinará «la organización, funcionamiento y régimen patrimonial» del enclave de Cuelgamuros.
