El caso Ábalos Suelopetrol se desplaza a Venezuela. La petrolera implicada en el chalé de José Luis Ábalos ha pedido ayuda al Gobierno para no perder su negocio petrolero.
La empresa Suelopetrol Exploración y Producción, S.L., dirigió el pasado 2 de agosto un escrito a la Oficina Económica y Comercial de España en la Embajada de Caracas, según ha publicado El Periódico.
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), la compañía participó en la activación de la compra del chalé de La Alcaidesa por parte del comisionista Víctor de Aldama para que lo disfrutara el exministro de Transportes.
Qué pide exactamente la petrolera
El escrito lo firma el abogado Antonio Luis Vázquez Delgado, del bufete ABAM y secretario del consejo de administración de Suelopetrol. Solicita facilitar una interlocución efectiva con el Ministerio de Hidrocarburos, PDVSA y la Corporación Venezolana del Petróleo.
El objetivo es que las autoridades venezolanas reconozcan la actual titularidad de la empresa, actualicen su condición de socio privado legítimo de Petrocabimas y no adopten medidas que vacíen de contenido su participación.
La compañía pide además que se valore su nuevo Plan de Negocio 2026-2039. Prevé una inversión inicial de 625 millones de dólares y una meta de unos 60.000 barriles diarios en la primera fase.
Suelopetrol asegura que no pide un arbitraje privado: reclama que una inversión española sea escuchada y examinada con garantías.
Por qué Estados Unidos entra en el reparto
La petición llega días después de que Suelopetrol conociera por los medios actuaciones para atribuir derechos sobre los campos Cabimas Tierra y Tía Juana Tierra a otra entidad.
Se trataría de la estadounidense Pacific Coast Energy Co., según el letrado. La firma española asegura ser titular del 40% del capital de Petrocabimas SA.
La agencia Bloomberg sitúa a Pacific Coast en la fase final de una alianza estratégica con PDVSA, dentro de los nuevos convenios energéticos que impulsa el Ejecutivo venezolano con respaldo de la administración de Donald Trump.
El presidente de EEUU afirmó la semana pasada que su país obtiene 'mucho petróleo' de Venezuela y defendió la relación con el Gobierno de Delcy Rodríguez: 'al vencedor le pertenecen los despojos', según Efe.
La jugada para alejarse del caso Koldo
La empresa expulsó de su dirección al empresario venezolano Henrique José Rodríguez Guillén, a quien la UCO sitúa como presunto ayudante de Aldama para activar el pago de una mordida a Ábalos. Busca desvincular por completo su imagen del caso Koldo, pese a que la sentencia del Tribunal Supremo no alude a una intervención relevante de la firma.
En el escrito remitido a la Embajada, Suelopetrol asegura que desde 2023 ha intentado una solución directa: comunicó el cambio de dirección, mantuvo reuniones con PDVSA y ofreció financiación para la continuidad de Petrocabimas. Una comunicación formal presentada en julio de 2026 tampoco obtuvo respuesta satisfactoria.
La empresa sostiene que su posición no pretende impedir la recuperación de la producción. Al contrario, reclama que la recuperación se haga respetando la sociedad mixta y permitiendo que el socio privado aporte inversión, tecnología y capacidad operativa.
Constituida en España, Suelopetrol pertenece al 95% a la sociedad suiza Ruve Beratung & Treuhand AG, propiedad del ciudadano estadounidense David Leonardo López Darquea, según el escrito.
La compañía advierte de que cualquier atribución de los activos a terceros sin procedimiento podría activar mecanismos nacionales e internacionales de protección.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Suelopetrol pidió el 2 de agosto apoyo a la Oficina Económica de la Embajada en Caracas para frenar la cesión de sus campos petrolíferos a una firma de EEUU.
- Por qué te importa: El caso mezcla una inversión española en el extranjero, el despliegue energético de EEUU en Venezuela y la sombra del caso Koldo.
- A quién afecta: A Suelopetrol, a su participación del 40% en Petrocabimas y a las relaciones económicas entre España, Venezuela y Estados Unidos.
- Hacia dónde vamos: La empresa reclama interlocución con garantías; si Venezuela atribuye los activos a Pacific Coast, anticipa mecanismos internacionales de protección.
