La Conselleria de Justicia de la Generalitat ha negado que haya firmado «ningún contrato» de servicios de detección de estupefacientes y de coronavirus con Aguas Cataluña, cuyo presidente David Madí fue detenido el miércoles por supuestos intentos de tráfico de influencias.
En un comunicado este jueves y en respuesta al auto de detención de Madí, el departamento ha afirmado que «no se ha firmado ningún contrato, ni hay ningún proceso de licitación en marcha».
El auto del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona afirma que «David Madí ha logrado contratos con prisiones, dependiente de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima del Departamento de Justicia y con la pretensión de acceder a la directora de servicios del Departamento para saber la forma en que se licitará el contrato definitivo», supuestamente para obtener información privilegiada que les permitiera conseguir la adjudicación.
Sobre estos supuestos intentos de tráfico de influencias por parte de Madí, el juez matiza: «Si bien hasta el momento no se ha podido corroborar si esas intenciones fructificaron, no es descartable que David Madí se haya podido ver beneficiado por alguna adjudicación pública».
JUSTICIA DESCARTÓ LA OFERTA
Ante estas afirmaciones del auto, la Conselleria ha explicado que Aguas de Cataluña ofreció un servicio de análisis de las aguas residuales de las cárceles para detectar drogas y coronavirus y poder identificar su origen, por lo que la directora de los servicios y el secretario de Medidas Penales se reunieron por videoconferencia con un responsable de la empresa para detallas la propuesta.
La compañía presentó el 31 de agosto un presupuesto de 14.750 euros para hacer 55 análisis de presencia de drogas y de Covid-19 durante septiembre a modo de prueba piloto, tras lo que el Departamento «descartó la contratación de este servicio y destinó el gasto a otras medidas urgentes» vinculadas a la pandemia.
La Conselleria ha recordado en su comunicado que las contrataciones son públicas y pueden consultarse en el portal de transparencia, y critica «la falta de rigor del auto, con errores que cualquier ciudadano puede contrastar con una conexión a Internet».
