La abogada del Estado Rosa María Seoane aseguró este martes, al defender sus conclusiones en el juicio del ‘procés’, que «la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales” del proceso independentista en Cataluña, por lo que para los encausados es más aplicable el delito de sedición que el de rebelión, como defiende la Fiscalía.
Seoane justificó así que mantenga que cometieron sedición Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Raül Romeva.
La abogada del Estado sostuvo que “la violencia del delito de rebelión tiene dos requisitos: que la violencia o la amenaza de usarla tenga un carácter nuclear en el acto y aparezca como idónea para tener el resultado”.
A este respecto, indicó que, a diferencia de lo que mantiene la Fiscalía, “no podemos considerar probado que la violencia como medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza haya sido uno de los elementos estructurales del plan de los acusados como medio para alcanzar sus fines», en referencia a los dirigentes independentistas encausados en el proceso secesionista en Cataluña.
“COMPLETAMENTE ACREDITADO”
Seoane continuó que “la distinción entre sedición y rebelión no viene solo definida con el bien protegido, sino con los medios empleados para la perpetración del delito» y que “para delimitar ambos cargos debemos tener en cuenta si el alzamiento fue público y violento en el caso de la rebelión o público y tumultuario en el caso de la sedición».
En esta línea, concluyó que «no se puede equiparar la violencia con el uso de la fuerza» y que, a juicio de la Abogacía del Estado, «la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por los acusados», en referencia a la intentona independentista juzgada en la causa del ‘procés’.
En todo caso, afirmó que el delito de sedición ha quedado “completamente acreditado” durante el juicio y puso como ejemplo lo sucedido en Barcelona frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, cuando este departamento del Govern fue registrado por la Guardia Civil siguiendo un mandato judicial.
