El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque -que ha sido nombrado embajador de la asociación de trabajadores de Iberia con hijos con discapacidad, Envera- declaró este jueves que le “parece horroroso que haya federaciones segregadas para personas con discapacidad”.

“El deporte es el deporte para todas las personas, todos somos deportistas y todos somos iguales”, aseguró en una entrevista realizada en Radio Terrícola, un proyecto informativo de esta asociación de personas con discapacidad. Y es que Del Bosque será el embajador de los 30 años de deporte inclusivo de Envera.

El presidente de esta entidad, José Antonio Quintero, agradeció al exseleccionador su apoyo como embajador deportivo “en este año tan importante, que celebramos llenos de energía y comprometidos con el esfuerzo y el trabajo que exige batir nuevas marcas y, lo que es más importante, jugar el partido de la vida con igualdad de oportunidades”.

Del Bosque acudió hoy al Centro Integral de Discapacidad de Colmenar Viejo (Madrid), donde explicó que “la vida me ha puesto en el escaparate de poder dar visibilidad a la discapacidad”.

Allí contó su propia experiencia con la discapacidad. “Tengo un chaval como vosotros -dijo en referencia a su hijo Álvaro- y la sociedad los debe ver perfectamente integrados en lo escolar, en el trabajo y, lo que es más importante, en la sociedad”.

Envera, la asociación de empleados de Iberia que son padres de personas con discapacidad, celebrará a lo largo de 2020 -con el patrocinio de Iberia- su 30 aniversario de deporte inclusivo con una liga de fútbol y baloncesto, carreras populares, jornadas deportivas de RSC y una ‘Gala del Deporte’ en la que reconocerá a personalidades de la sociedad española.

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La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famma-Cocemfe Madrid) calificó este jueves de «vergonzosa» la falta de colaboración de la Comunidad de Madrid para eliminar barreras arquitectónicas. En concreto, señaló al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras (CPAySB) que «abre expedientes pero no sanciona».

Según explicó el presidente de la federación, Javier Font, “se desvanece así el compromiso del consejero de Vivienda y Administración Local que apostó por eliminar las barreras en la Comunidad Madrid».

Famma calificó de «tomadura de pelo» muchas de las contestaciones de las denuncias que traslada la Secretaría del Consejo que «no llegan a ningún fin por su inacción y falta de disposición para buscar alternativas a la situación actual que marca la normativa vigente, que son viables y que ni tan siquiera se contemplan».

En su opinión, no es de recibo que se deriven a otros servicios a las personas con movilidad reducida, en lugar de eliminar las barreras. Parece una auténtica falta de respeto» por lo que anunció que seguirá denunciando y «analizará jurídicamente si adopta otras medidas legales por la inacción y la obstrucción de esta Secretaría para avanzar en la eliminación de barreras arquitectónicas en la Comunidad de Madrid.

La Federación reclama al Consejo que reconsidere su posición de no sancionar a los establecimientos de atención al público que no hagan accesible sus instalaciones.

“La realidad para miles de madrileños con movilidad reducida es que siguen teniendo mermada su autonomía personal y su seguridad, ya que se ven relegados a ser ciudadanos de segunda que no pueden abordar, de forma independiente, sus tareas cotidianas, como comprar el pan, ir al Registro Civil, o ir al teatro con normalidad”, concluyó Font.

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El líder del PP, Pablo Casado, denunció este jueves que “nunca unos Presupuestos Generales del Estado costaron tanto a una democracia” y pidió la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que rinda cuentas sobre lo que “está negociando” en esa “mesa de despiece” que se inició ayer con la Generalitat de Cataluña.

Así lo señaló en una declaración institucional que leyó en el Escritorio del Congreso de los Diputados después de que se aprobara los objetivos de déficit y el conocido como techo de gasto, necesarios para la posterior elaboración y aprobación de las cuentas públicas.

“Nunca unos Presupuestos costaron tanto a una democracia. Nunca llegó a tanto la debilidad de un Gobierno arrodillado al chantaje y a la arbitrariedad”, censuró el líder de la oposición para, a continuación, exigir a Pedro Sánchez que comparezca “urgentemente” ante las Cortes para rendir cuentas de lo que está negociando “en esta mesa extraparlamentaria”.

El presidente de los populares también reclamó al jefe del Ejecutivo que rechace “tajantemente cualquier cesión inconstitucional” y que “se levante de la mesa de despiece de la soberanía nacional, la solidaridad interterritorial y la igualdad entre españoles”.

Casado comenzó su alocución recordando que el conjunto del pueblo español hace 42 años ratificó en referéndum la Constitución española y se marcó entonces el punto de partida del periodo “más extenso y fecundo” de convivencia democrática, prosperidad y libertades de la historia de esta nación. Incidió en que la Carta Magna consagró en el artículo 1 de su título preliminar que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

“Prevenidos ante la inestabilidad de los dos últimos siglos de nuestro pasado, los constituyentes establecieron la reforma agravada de la propia Constitución para proteger de simples mayorías coyunturales los principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional”, relató Casado, para enfatizar que “la Constitución consagra el imperio de la ley y el mandato a toda institución democrática de cumplirla y hacerla cumplir sin excepciones”.

En base a ello, prosiguió Casado, “somos ciudadanos libres porque somos siervos de la ley”. Igualmente, rememoró que “los principales dirigentes de la Generalitat de Cataluña y otros líderes nacionalistas perpetraron graves actos delictivos” el 1 de octubre de 2017, cuando se “alzaron en abierta sedición contra el Estado”.

De ahí saltó al 6 de noviembre de 2019, cuatro días antes de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, cuando el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, describió la situación de rebeldía del jefe político de Quim Torra (refiriéndose a Carles Puigdemont) y se comprometió a hacerle comparecer ante la Justicia española.

Abundó en que Sánchez entonces era el mismo candidato que había prometido “solemnemente” incorporar en el Código Penal el delito para prohibir la celebración de referendos ilegales, el de combatir el adoctrinamiento educativo, la propaganda independentista en los medios públicos y acción exterior.

“Pero todo era un engaño masivo para ganar las elecciones y poder gobernar con quienes fingía atacar en toda la campaña electoral”, le reprochó Casado, al considerar que ayer Sánchez “consumó la más grave autoenmienda que se recuerde de ningún dirigente político y se sentó en una mesa de claudicación, a espaldas de los controles de este Parlamento, a hurtadillas de los contrapesos del Estado de Derecho y cara a cara con el lugarteniente de Puigdemont”.

En este sentido, se quejó de que Torra, “condenado a penas de inhabilitación por un delito de desobediencia”, fuese ayer “agasajado” en La Moncloa, mientras exigía autodeterminación y amnistía e “insultaba a la democracia española” luciendo un lazo amarillo en la sede de la Presidencia del Gobierno.

Según el diagnóstico de Casado, la de ayer fue la primera reunión de una mesa de negociación “más propia de la firma de un armisticio entre dos jefes de Estado de países beligerantes”. Se trata, dijo, de “una negociación que Sánchez ha iniciado asumiendo todas las imposiciones antidemocráticas del independentismo que prometía combatir”.

“Sánchez ha roto irresponsablemente el consenso constitucional. Y lo ha hecho porque ningún Gobierno está legitimado para conceder estatus negociador a quien le plantea, en el orden del día de una negociación, la autodeterminación de una parte del Estado español y la ruptura de nuestra integridad territorial”, denunció el líder del PP.

Subrayó que el Gobierno de España “nunca debería tolerar una agenda con estos planteamientos”, ya que se debe a los españoles y sólo el conjunto de los españoles puede decidir sobre las cuestiones consustanciales a la soberanía nacional. “El Gobierno se arroga competencias que no tiene, en clara vulneración del espíritu constitucional, al sentarse en una mesa en la que unos dirigentes secesionistas, pretenden imponer su criterio excluyente”, se revolvió.

A su juicio, “nadie” ha votado a Sánchez “para esto”, pues se comprometió en campaña a hacer “todo lo contrario”. Por tanto, Casado adujo que “estamos ante un fraude político, un embuste legal y un desfalco de soberanía que no se puede tolerar”. En esta situación, exigió la comparecencia urgente del presidente del Gobierno en el Parlamento.

Por su parte, prometió que el PP seguirá estando “a la altura de las circunstancias” y recordó que ofreció a Sánchez “una oferta generosa y responsable para negociar pactos de Estado y, entre ellos, unos Presupuestos que realmente necesita España, si rompía con los independentistas”.

“Si Sánchez pretende aceptar cualquier exigencia independentista al margen de la Constitución y la ley a cambio del respaldo a sus Presupuestos, es decir, a cambio de su respiración asistida para sobrevivir en el poder, que lo plantee sin más dilación al conjunto del pueblo español”, demandó el presidente de los populares.

Finalmente, advirtió de que el PP “nunca aceptará hechos consumados que se extralimiten de las leyes democráticas que entre todos nos hemos dado” y erigió a su partido en “la salvaguarda de la seguridad jurídica en vigor”. “El nacionalismo tendrá que aprender a vivir en democracia o se topará, una y mil veces, con el imperio de la ley”, remachó.

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La mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados mostró este jueves su apoyo a los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno para el periodo 2020-2023, que suponen una flexibilización de las metas de déficit y deuda fijados en 2018 por el PP. Tras recibir la aprobación de la Cámara Baja, esta senda de estabilidad deberá recibir también el visto bueno del Senado, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En concreto, la senda de estabilidad logró el apoyo de 167 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Teruel Existe, PRC), frente a 150 votos en contra (PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, CUP, UPN y Foro Asturias) y 19 abstenciones (ERC, Bildu y BNG).

Así se reflejó durante el debate en la Cámara Baja de estos objetivos, presentados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al límite de gasto no financiero, también conocido como techo de gasto, que servirán de base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.

Durante su intervención, la ministra defendió la nueva senda de estabilidad señalando que la fijada por el PP en 2018 ya fue considerada entonces “poco realista” por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Banco de España y la Comisión Europea. Montero aseguró que dicha senda es “irreal” y que supondría 7.000 millones menos para la Seguridad Social y 3.500 millones menos para las comunidades autónomas.

“La realidad ha demostrado que la senda del PP no era realista”, reiteró, para a continuación agregar que, votando en contra de la nueva senda, los grupos parlamentarios “estarían diciendo no” a medidas como el incremento de las pensiones o de la ampliación de los permisos de paternidad de 5 a 8 semanas, entre otras.

Por ello, criticó que PP, Vox y Ciudadanos rechacen esta senda con el objetivo de “bloquear el funcionamiento del país”. “Saben que es imposible el cumplimiento de esa senda”, les dijo en referencia a la actual senda vigente del PP, acusándoles de seguir “sumidos en el bloqueo». En cuanto a Junts per Catalunya, la ministra apuntó a la importancia de aprobar la senda y los Presupuestos ahora que “estamos encauzando un diálogo político” sobre Cataluña, resaltando también que “esta senda es mejor” para dicha comunidad.

Por parte del PP, la diputada María Elvira Rodríguez indicó el voto en contra de su formación al considerar que el Ejecutivo pide “un acto de fe”, ya que consideró poco realistas las estimaciones incluidas en el cuadro macroeconómico, así como las previsiones de ingresos de las medidas fiscales, que en su opinión no cubrirán las medidas de “gasto, gasto y más gasto”. “Este no es el camino”, declaró, para posteriormente resaltar la conveniencia de tener unas cuentas equilibradas.

Desde Vox, Inés Cañizares auguró un “futuro negro” con unos objetivos de estabilidad elaborados “sobre un escenario de ciencia ficción, inconcebible” y “unas cuentas que no son veraces”. “Cumplir con el déficit es el objetivo macroeconómico más importante y la estabilidad presupuestaria el fundamento de unas cuentas públicas saneadas”, afirmó, para acto seguido criticar que “gastar por encima de lo que uno ingresa es una irresponsabilidad suicida”. Por todo ello, anunció el voto en contra de su grupo por considerar los objetivos “inadecuados, irresponsables, y lesivos para el presente y futuro de los españoles”.

El diputado Txema Guijarro, de Unidas Podemos, destacó que el techo de gasto y los objetivos propuestos suponen que “después de un largo, injusto e inútil ciclo restrictivo, iniciamos una fase de política económica expansiva” y preguntó a las formaciones de la derecha qué políticas sociales desecharían para evitar el “despilfarro” que denuncian. Asimismo, resaltó la necesidad de que las rentas altas y las grandes compañías aumenten su contribución tributaria para aumentar los ingresos y garantizar la financiación de los servicios públicos.

Joan Margall, de ERC, celebró el diálogo abierto por el Gobierno de coalición con la Generalitat de Cataluña y que priorice “el diálogo a las porras”, comentando que “ya habrá tiempo de ver el resultado de la negociación”. Por ello, le señaló a la ministra de Hacienda que, pese a que “no nos gusta su techo de gasto ni sus objetivos de déficit”, “hemos venido a Madrid a resolver un conflicto político” y que, con su voto, ERC dará “margen de confianza para que el diálogo y la negociación puedan avanzar”. “Damos una oportunidad a la mesa de negociación”, concluyó en su intervención.

El diputado Néstor Rego, del BNG, denunció que “la crisis económica fue la coartada perfecta para una política de recortes de derechos” y que, pese a que esas políticas se presentaron como temporales, se mantienen actualmente. Por ello, criticó que la senda “no ha sido de reducción del déficit, sino de recorte del gasto social”. Además, también mostró su queja de que la administración central se reserve una capacidad de déficit mayor que para las autonomías y reclamó un “cambio de rumbo” y que los objetivos de déficit se supediten al empleo y el estímulo de la actividad económica.

Por parte de Compromís, Joan Baldoví subrayó su compromiso con el acuerdo de investidura y apuntó que “no tendría sentido” haber investido a un presidente para ahora rechazar los Presupuestos. Así, resaltó la necesidad de “dar una oportunidad” a las cuentas para mejorar la situación de la Comunidad Valenciana y no seguir con las de Montoro. Sin embargo, criticó que “el Estado se reserva la mejor parte” del déficit “cuando en las comunidades autónomas se gestiona más del 30% del gasto social y el déficit que se les deja es sólo el 11%”. Además, también pidió objetivos de déficit asimétricos entre las comunidades para que se ajusten de forma individual a la realidad económica y financiera de cada autonomía.

En cuanto a Más País, Íñigo Errejón anunció también el voto favorable de su formación, al considerar que “cada mes con los Presupuestos de Rajoy y Montoro es un mes perdido”, pero consideró que las medidas son sólo “ligeramente mejores” y que la senda de déficit podría ser más flexible al haber salido España del procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea. Asimismo, también recomendó incrementar los ingresos para reducir la brecha fiscal que tiene España respecto a la UE, por lo que pidió al Gobierno “más determinación” cuando elabore los Presupuestos de 2020.

Desde Junts per Catalunya, Ferran Bel negó el voto favorable de su formación al criticar que los objetivos presentados por el Gobierno no han sido negociados ni pactados con ellos y advirtió que la posición de su formación “no presupone el voto sobre los Presupuestos”. Además, desvinculó el futuro de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat del voto sobre los objetivos de estabilidad ya que, explicó, “sería un error pensar que para continuar la mesa de diálogo hay que votarlo todo a favor”. Por otro lado, también reprochó a Montero que el Estado se reserve mayor déficit que para las comunidades autónomas y reclamó el dinero de la mensualidad pendiente de cobro del IVA de 2017.

Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos, se mostró en contra de la flexibilización de la senda de estabilidad, al considerar un problema los altos niveles de deuda y que continuar con el déficit es “suicida” y supone un “simpa generacional”. Por otra parte, también denunció que la flexibilización y el aumento del gasto que defiende el Gobierno son para “comprar los apoyos” del resto de formaciones y pagar “las facturas de la investidura”.

La diputada Idoia Sagastizabal, del PNV, indicó el voto a favor de su grupo, destacando que siempre ha sido “muy crítica” con la forma de aplicar la consolidación fiscal y defendiendo que debía hacerse de una manera “más pausada y acorde al crecimiento económico, afectando menos a la vida de las personas y permitiendo mantener las medidas sociales”. Sin embargo, avisó de que el voto favorable a los objetivos “no es un cheque en blanco” de cara a los Presupuestos.

Por parte de Bildu, Oskar Matute denunció el carácter “neoliberal” de la UE y de las leyes de estabilidad, asegurando que suponen una contención a las políticas sociales y, aunque defendió su flexibilización, reclamó que se acabe con el “ahogamiento” a los ayuntamientos y se permita un mayor gasto social de estas administraciones, así como de las comunidades autónomas. Por ello, pidió al Gobierno de coalición que “dentro de los márgenes, haga cosas diferentes” mediante la flexibilización de los objetivos de estabilidad y las subidas de impuestos a las rentas altas.

En cuanto a la CUP, Mireia Vehí, también criticó que lo debatido “forma parte de la arquitectura económica de la UE” y anunció su voto negativo como forma de hacer “una enmienda a la totalidad a la política de la bola de nieve de la deuda”, que, señaló, “está vinculada a la crisis” y supone una “hipoteca” para las generaciones futuras. En esta línea, denunció el “casino financiero” en el que se basa la economía y pidió una auditoría de la deuda.

Para Ana Oramas, de Coalición Canaria, “España no puede seguir funcionando con unas cuentas de hace tres años y seguir viviendo en 2020 como si siguiéramos en 2018” y, aunque se mostró en contra del techo de gasto y de que Canarias no pueda hacer uso de su superávit, aseguró que “es necesario un nuevo Presupuesto que cumpla con Canarias” por lo que mostró su compromiso de trabajar para ello.

Desde Nueva Canarias, Pedro Quevedo anunció su voto favorable por la necesidad de elaborar unos neuvos Presupuestos que atiendan las necesidades de la población y reclamó la flexibilización de la regla de gasto para permitir que aquellas administraciones que tienen sus cuentas saneadas, como Canarias, puedan utilizar su superávit en lugar de mantenerlo en depósitos bancarios.

Por UPN, el diputado Sayas López rechazó la flexibilización de los objetivos, indicando que es hacer “trampas al solitario”, y se mostró en contra del “mastodóntico” gasto del Estado y de “freír a impuestos” a los ciudadanos, por lo que subrayó la necesidad de “adelgazar” de la administración pública.

José María Mazón, del PRC, anunció su voto a favor de los objetivos de estabilidad por considerarlos “razonables y responder a un escenario realista” y porque “España y Cantabria necesitan este Presupuesto”, aunque también aprovechó su intervención para reclamar el IVA de 2017.

Por último, Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, se mostró en contra de la propuesta de senda, criticando que supone “recuperar las nocivas recetas” del Gobierno de José Luis Rodríguez de Zapatero, y que con el nuevo Ejecutivo de coalición “vamos de cabeza a la asfixia fiscal de los españoles, al trato desigual entre comunidades autónomas y al déficit galopante, así como de nuevo al agujero negro de la economía que arrastramos desde 2011, reconvertido en una gigantesca deuda pública”.

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El expresidente del Gobierno José María Aznar sostuvo este jueves que la mesa de negociación que arrancó ayer entre el Ejecutivo central y el de la Generalitat tiene “muy graves consecuencias”, mientras que el exjefe del Ejecutivo Felipe González estimó que “lo que pasó ayer, pasará mañana y al otro día es una performance para lo que viene después con las elecciones catalanas”.

Así se pronunciaron en el debate inaugural del I Congreso Nacional de la Sociedad Civil, donde ambos compartieron ponencia un día después de que el Gobierno de Pedro Sánchez pusiese en marcha la mesa de negociación con la Generalitat de Cataluña en un encuentro en el Palacio de la Moncloa.

Desde la base de que “nuestro problema doméstico es que el pacto de lealtad a la Constitución ha sido roto”, Aznar opinó que “lo que pasó ayer tiene muy graves consecuencias”. “El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional”, sentenció.

Aznar denunció así que se acepte “como algo normal” que el Gobierno de España tenga una relación bilateral con el Ejecutivo de una comunidad autónoma, cuando “es algo que realmente choca con la idea de los constituyentes y de la normalidad institucional”. “En la democracia las formas son esenciales”, advirtió Aznar.

Según el que fuera presidente del PP, remarcó que “es difícil encontrar un país que le da la llave de su gobernabilidad a alguien que está en prisión condenado por sedición”. “Intento mirar por todas partes y veo cosas raras y que no me gusta, pero como ésta es muy complicado”, apostilló.

Es más, Aznar se confesó “ciertamente angustiado” como ciudadano español porque no le gusta “nada” lo que está viendo políticamente en España. En este contexto político, el exjefe del Ejecutivo y exlíder de los populares opinó que hay que ser “conscientes” de que “es muy difícil forjar objetivos y proyectos comunes” aunque “por responsabilidad” debiera hacerse.

Además, sostuvo que “el pacto que se hizo en 1978 se ha roto”, para inmediatamente después precisar que “lo han roto” y, de esta forma, se han “quebrado” los elementos básicos que han guiado la vida española desde el inicio de la democracia.

GONZÁLEZ

Según el primer análisis de González sobre la mesa de diálogo, en realidad ayer “no pasó nada formalmente” y “probablemente seguirá sin pasar nada” en la siguiente reunión entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. “Parece que eso tiene que ver con la aprobación del ‘techo de gasto’ y, ¿qué necesidad hay de mezclar una cosa con la otra?”, expuso.

“¿Por qué hay que mezclar problemas que son distintos?”, se preguntó González, y él mismo se respondió que por el hecho de que “los representantes políticos de todos los signos están con la navaja en la boca y no se les oye hablar”. “Sólo se les oye el silbido de la navaja. Sáquense la navaja de la boca, reflexionen tranquilamente”, recomendó.

Más tarde, el expresidente socialista admitió que le preocupa “el fondo”, no que se dialogue. “Me parece bien que se dialogue”, subrayó, a lo que el que fuera presidente del PP le replicó con un “tú no lo vieras hecho ni yo tampoco”. “Yo no hubiera hecho tantas cosas…”, respondió González a Aznar.

González le recordó, no obstante, que estamos en un momento distinto. Pasaron muchas cosas en su época, reconoció Aznar, “pero no esto”. “Estamos en un bloquismo, enfrentados radicalmente, donde el discurso dominante está en los extremos y la sociedad y el voto no”, prosiguió el socialista con su análisis.

En este sentido, González destacó que su prioridad es “preservar la democracia”, que está representada por la Constitución y el ordenamiento jurídico. “Por favor, si se reforma, hay que garantizar con mayor claridad política el precio a pagar por la deslealtad institucional”. “Yo propondría, como ciudadano, es que se penalice políticamente en serio la deslealtad”, añadió.

Para el expresidente socialista, “lo que pasó ayer, pasará mañana y al otro día es una performance para lo que viene después, en el otoño, con las elecciones catalanas”. “Es una pelea de divisiones”, analizó, antes de defender que “todo el mundo sabe que no hay espacio para la amnistía; no hay espacio de autodeterminación”.

Por último, González opinó que reformar el Código Penal es “tan necesario como inoportuno” e insistió en que “cumplir la ley es el perímetro de la Constitución, del Estatuto de autonomía y del ordenamiento jurídico en el que cualquier responsable político puede y debe hablar”.

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Una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se ha reunido con el nuevo director general del Imserso, Luis Barriga, para repasar la agenda política de la discapacidad para la nueva legislatura en los ámbitos de decisión y actuación del organismo.

En el encuentro, estuvo también presente el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada, para un examen coordinado de los planteamientos y demandas del movimiento social de la discapacidad representado por el Cermi.

En cuestiones de autonomía personal y atención a la dependencia, el Cermi planteó la necesidad de “proceder a revertir los recortes y reducciones de derechos y prestaciones producidos en el año 2012, con motivo de la crisis, y a un incremento presupuestario sustancial en la Ley de Presupuestos de 2020, para rebajar el llamado ‘limbo’ de la dependencia”. Asimismo, se trató la situación de la ILP del Cermi contra el copago en dependencia, pendiente de decisión por el Parlamento.

De igual modo, la delegación del Cermi reclamó un acuerdo rápido y ambicioso sobre la configuración de la prestación de asistencia personal, “que es la pariente pobre del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 13 años después de su puesta en marcha”.

Otro aspecto abordado por la plataforma representativa de la discapacidad en España fue la petición para modificar la ley procesal para que las controversias y litigios derivados de la Ley 39/2006 pasen a la jurisdicción social.

En lo referente a la valoración de la discapacidad, el Cermi exigió la pronta aprobación del nuevo baremo de discapacidad, una vez se conozcan los resultados del proceso de pilotaje que se está desplegando en ocho comunidades autónomas e indique si el nuevo instrumento, en la práctica, supone un avance respecto del vigente.

En materia de vacaciones sociales, el Cermi demandó para la convocatoria específica de discapacidad un incremento de partidas y nueva ordenación de la convocatoria, y en cuanto a la de mayores, planteó la exigencia de garantías de accesibilidad de todo el proceso (destinos, hoteles, transporte, etc.).

Finalmente, el Cermi se interesó por la situación y perspectivas de los centros de atención del Imserso (CANF, CMRF, etc.) y por la nueva ley estatal de Servicios Sociales, comprometida en el acuerdo del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

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Acción Social Empresarial (ASE), en colaboración con la Unión Cristiana Internacional de Ejecutivos de Negocios (Uniapac), impulsa un evento en el que propone favorecer el cambio de modelo economicista de emprendimiento actual hacia el que propone el papa Francisco, que busca compatibilizar la rentabilidad con un liderazgo humanista y un enfoque empresarial centrado en las personas.

Así, en el contexto del encuentro internacional ‘La Economía de Francisco’, promovido por el Papa en marzo en la ciudad italiana de Asís, la sede de ASE en Madrid (C/ Alfonso XI, 4) albergará el evento ‘Emprender con valores’ unos días antes. El objetivo es “re-almar” la economía con valores como el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad, el respeto, la libertad, la alegría, la justicia, el amor, la creatividad y la excelencia. En definitiva, “ponerse en los zapatos del otro” como “la verdadera esencia del emprendimiento”, sostienen sus impulsores.

Esta cita tendrá lugar mañana, 28 de febrero, de 16.30 a 20 horas y contará con la participación del presidente de ASE, Luis H. de Larramendi; el consultor especialista en estrategia empresarial, ética y buen gobierno Rafael Moreno Prieto y la experta en procesos de cambio organizacional desde las personas Belén Moya.

Asimismo, en la cita madrileña intervendrán los representantes de los mejores proyectos del I Concurso de Emprendimiento Social organizado por ASE y los jóvenes emprendedores que representarán a la asociación en Asís.

El evento está dirigido a menores de 35 años, aunque pueden participar empresarios y directivos interesados en apoyar experiencias, propuestas y contactos para promover una actividad económica al servicio del bien común, sostenible, justa e integradora. La información se irá actualizando y ampliando en la web ‘www.somosase.es’. También se puede contactar con la organización a través del correo electrónico ‘contacto@somosase.es’.

ASE es una asociación privada española, sin ánimo de lucro, de empresarios y directivos cristianos, que forma parte de la Uniapac, con presencia en más de 38 países de Europa, América Latina, África y Asia.

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El Tribunal Supremo ha dado la razón a una mujer con discapacidad que por orden judicial estaba tutelada por su marido al considerar que tenía «incapacidad absoluta» y a la que ahora se le han restituido algunos derechos al considerar que debe respetarse su «autonomía e independencia individual».

En una sentencia a la que ha tenido acceso Servimedia, el Supremo revisa el «régimen de tutela» estipulado para Juana Moreno Sánchez sobre la consideración de que estaba «incapacitada de la facultad de testar y realización de actos de administración económica complejos» y lo sustituye por un «sistema de curatela», al constatar que merece «un margen de autonomía que le permite un espacio de desarrollo personal que no es digno de un control exhaustivo».

Los hechos se remontan a diciembre de 2017, cuando un juzgado de primera instancia de Manzanares (Ciudad Real) dictaminó la «incapacidad absoluta» de la mujer y la dejó «sometida al régimen de tutela» de su esposo por no considerarla en condiciones de gestionar «actos de administración económica complejos» o «conducir vehículos a motor».

La Audiencia Provincial ratificó esa decisión en abril de 2018 hasta el punto de dejar en manos de su marido la gestión de «los ingresos de la incapacitada», «la pensión que pueda recibir» y otros actos complejos como la «disposición patrimonial» o la contratación de «préstamos y créditos donaciones». No obstante, estimó parcialmente un recurso presentado al entender que tenía derecho a disponer de «un peculio para sus gastos cotidianos», por lo que el marido debía facilitarle «pequeñas cantidades para sus gastos».

Con la ayuda de los abogados de oficio, presentó un recurso de casación al Tribunal Supremo y logró que el fiscal reconociera una vulneración de los artículos 10 y 14 de la Constitución Española, así como una infracción de los artículos 1 y 12 del Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 2006.

El argumento principal radicaba en que hubieran otorgado al marido la condición de «tutor y no curador», una figura considerada más propia en este caso por tratarse de una mujer de 45 años de edad que padece «un trastorno esquizoafectivo» que le permite tener «un nivel de autonomía razonable dentro del contexto de su patología» y, en consecuencia, «es capaz de realizar las actividades más esenciales de la vida», como por ejemplo «vestirse, organizar las tareas habituales del hogar, gestionar las compras diaria, cocinar», etc.

También fue clave el testimonio del esposo, que esgrimió en el proceso judicial que Juana «había evolucionado favorablemente en cuanto al particular de la necesidad de tomar la medicación, y que era autónoma de modo que en ocasiones se ausentaba del domicilio y ella asumía la responsabilidad de la casa».

A la vista de las circunstancia, el Tribunal Supremo acepta el recurso de la mujer con discapacidad e interpreta la jurisprudencia española de manera acorde a la Convención de Naciones de la ONU, por lo que asume que la tutela inicialmente otorgada corresponde «a una limitación total del alcance de la capacidad» y este caso merece un sistema de curatela por la «limitación parcial del alcance de la capacidad».

CERMI

Para el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, esta sentencia supone «un refuerzo jurisprudencial en favor de los apoyos a la toma de decisiones, en lugar de la sustitución, que es el régimen imperante en nuestro ordenamiento jurídico, hasta que no se cambie radicalmente», como demanda su entidad.

Pérez Bueno declaró a Servimedia que el Supremo «invoca y aplica la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que cita reiteradamente, para decantarse por la curatela en detrimento de la tutela, ya que la primera figura es más respetuosa con la voluntad y preferencias de la persona y permite un mayor margen de autorrepresentación.

«Es una decisión judicial que favorece la recepción del bloque de legalidad de derechos humanos que significa la Convención de la ONU de 2006», dijo sin olvidar la «intervención determinante» del Ministerio Fiscal una vez que el recurso de casación llegó al Tribunal Supremo.

Sin embargo, pese a considerar que esta sentencia es «un buen paso jurisprudencial», Pérez Bueno recordó que «la solución última y completa» compete al Poder Legislativo, por lo que reclamó «una nueva regulación civil de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, cuya propuesta normativa está lista y consensuada». En este sentido, desde el Cermi urgió al Ministerio de Justicia para que la envíe como proyecto de Ley al Parlamento «lo antes posible”.

SERVIMEDIA

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, tiene el viernes el juicio de conciliación con la asociación 13 Rosas, colectivo que le reclama 10.000 euros por sus declaraciones contras las jóvenes ejecutadas en 1939.

Se trata, según fuentes jurídicas consultadas por Servimedia, de la segunda cita ante el juez para la conciliación del dirigente de Vox, que consiguió el pasado 14 de febrero que fuera aplazada dos semanas la vista fijada por el caso de las 13 Rosas porque le coincidía con otra causa judicial.

Este viernes está prevista, a las 9 horas, en el Juzgado de Primera Instancia 40 el juicio de conciliación de la asociación contra Ortega Smith en el que se le piden al diputado de Vox tres cuestiones: retractarse de las manifestaciones a través de una publicación en los mismos medios o espacios similares; el pago de una indemnización por importe de 10.000 euros, que serán donados a un colectivo relacionado con la memoria histórica; y una condena de cinco días realizando trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Esta causa judicial la abrió la asociación contra el dirigente de Vox después de que Ortega Smith afirmara en un programa de TVE que lo que hacían las ‘trece rosas’ era “torturar, violar y asesinar vilmente en las ‘checas’ de Madrid”.

SERVIMEDIA

La agencia de noticias Servimedia ha recibido un reconocimiento de la revista ‘Corresponsables’ por ser «uno de los medios de comunicación que más ha impulsado» la Responsabilidad Social Corporativa en los últimos 15 años.

En el marco de la Jornada Corresponsables ‘Las alianzas y diálogo con los grupos de interés: lecciones aprendidas y retos de futuro’, se entregaron los reconocimientos a personalidades y organizaciones con motivo del 15º aniversario del ‘Anuario Corresponsables’.

Tras la obra de teatro ‘Todos somos corresponsables’ interpretada por Interactuar, tuvo lugar este miércoles la ceremonia de estos reconocimientos en el Auditorio Endesa de Madrid.

En concreto, la agencia Servimedia recibió una de las distinciones por ser uno de los medios de comunicación que más ha impulsado la Responsabilidad Social Empresarial en estos últimos 15 años. El director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, fue el encargado de recibir este reconocimiento por parte de los dirigentes de Corresponsables.

La jornada fue clausurada a continuación por el exministro Ramón Jáuregui, el político español pionero en el impulso de la RSE en España y actualmente presidente de la Fundación Euroamérica.

Jáuregui puso de relieve que “la sostenibilidad ha vuelto porque la crisis descubrió que la RSC era acción social». Comentó que la globalización «pone de manifiesto que nadie la regula y la gente no tolera las desigualdades tan abruptas y la revolución tecnológica genera nuevas brechas” y concluyó que “no hay que tener miedo al futuro y mirar hacia delante para lograr los ODS”.

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