El partido político VOX ha interpuesto una denuncia ante los juzgados de instrucción de Madrid contra "quien resulte responsable de la aplicación tempestiva y sin cobertura legal" del Real Decreto 900/2020 de declaración del Estado de Alarma y de las medidas de restricción de la movilidad en Madrid al entender que ha cometido en un delito de prevaricación al ponerlo en marcha antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según ha informado el partido de Santiago Abascal en una nota de prensa, los servicios jurídicos de la formación, dirigidos por Marta Castro, han registrado un escrito de denuncia en el que se relata una cronología de lo sucedido el pasado 9 de octubre y se afirma que este responsable habría vulnerado el principio constitucional de legalidad y el derecho fundamental de libre circulación de los ciudadanos.

Según expone el escrito, el Ministerio del Interior anunció en Twitter a las 15.01 horas la puesta en marcha de un dispositivo formado por más de 7.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para confinar Madrid, justo un minuto después de que se iniciara la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se explicaron las características del nuevo Estado de Alarma y las limitaciones que implican.

En este sentido, Castro denuncia que el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska desplegó a todos los efectivos policiales que consideró necesarios con instrucciones para hacer cumplir la disposición, pese a saber que no se podía ejecutar sin haber cumplido los trámites legales obligatorios para su entrada en vigor.

SE "HIZO CREER DE LA EFECTIVA ENTRADA EN VIGOR Y DE LA LEGALIDAD DE SU ACTUACIÓN"

Señala, según dice el comunicado, que además se informó a la ciudadanía de su efectiva aplicación, "haciéndoles creer de la efectiva entrada en vigor y de la legalidad de su actuación cuando por el contrario aún no lo podían aplicar". El Real Decreto del Estado de Alarma se publicó en el BOE a las 16:48 horas, destaca VOX al tiempo que indica que la publicación resulta "contradictoria" con la creación del texto del Real Decreto, que aparece a las 17.37 horas de ese día.

En el relato de los hechos, la abogada de VOX añade que, por otro lado, a las 15:34 horas de ese mismo viernes, la Delegación de Gobierno difunde también la puesta en marcha del dispositivo policial, alegando que el despliegue "garantizaba las medidas contempladas en el Real Decreto del Estado de Alarma" y causando el colapso de las principales arterias de salida de la capital.

Por todo ello, para la vicesecretaria jurídica de VOX, la ejecución de las normas antes de su publicación fue "ilegal", ya que los controles realizados por la Policía y la Guardia Civil deben estar amparadas en órdenes de servicio y éstas, a su vez, contener el amparo legal necesario para su realización.

Así, pide que se solicite al Ministerio del Interior que informe de la persona responsable de tomar la decisión de activar los controles y que se solicite a la Jefatura de la Policía Nacional y Guardia civil para que envíen las instrucciones recibidas y el protocolo de actuación. También que el departamento de Grande-Marlaska remita al juzgado cuantas instrucciones fueran emitidas para dar curso a la orden de activación de los dispositivos.

En este sentido, VOX propone que se pida al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y control todas las comunicaciones e instrucciones remitidas en relación con los controles policiales del 9 de octubre.

Por último, también considera oportuno que se recabe la orden de servicio que ampara los dispositivos estáticos de control en las carreteras; que se solicite la documentación recibida por Fiscalía Provincial de Madrid dando cuenta de los resultados de los controles policiales del 9 de octubre; y que se recabe información sobre la hora exacta en la que fue publicado en el BOE.

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha anunciado que los municipios de Teruel, Cella y Épila van a retroceder a la fase 2 por el aumento de casos de la COVID-19 en los últimos días, mientras que el de Ejea de los Caballeros regresará a la nueva normalidad. Huesca y La Almunia se mantienen en fase 2.

En rueda de prensa, Falo ha explicado que se ha adoptado esta decisión "tras la revisión de los datos epidemiológicos de los últimos días" y entrará en vigor a partir de las 00.00 horas del día siguiente a su publicación a través de sendas órdenes en el Boletín Oficial de Aragón, prevista para este miércoles, 14 de octubre.

Sobre los municipios que ingresan en fase 2, Falo ha apuntado que todos han tenido incrementos de incidencia, que "han sido rápidos, con un cambio de tendencia acusado y relacionado con una presentación de trasmisión comunitaria", no por agrupación de brotes.

El director general ha detallado que la ciudad de Teruel ha pasado de los 156 casos por 100.000 habitantes que tenía la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre a los 501 casos por 100.000 de la pasada, "multiplicado por más de tres la incidencia", como también ha ocurrido en el municipio turolense de Cella, que ha pasado de 494 a 1.508 por 100.000 habitante en el mismo periodo.

Falo ha contado que estas dos poblaciones, "probablemente, posean aspectos comunes" y "están compartiendo cadenas de transmisión" ya que se encuentran próximas geográficamente y existe "mucha movilidad entre ellas".

En el caso del municipio zaragozano de Épila, la incidencia en el periodo señalado ha pasado de 285 a 492 casos por 100.000 habitantes, de forma que "casi se ha multiplicado por dos" y es una localidad "próxima a la Almunia", en fase 2 desde la semana pasada y que "mantiene incidencias muy altas", de 740 casos por 100.000, ha dicho el director general.

NUEVA NORMALIDAD

Otra novedad es el pasado del municipio zaragozano de Ejea de los Caballeros a situación de nueva normalidad, tras haber estado en fase 2 y con un confinamiento perimetral desde principios de septiembre, dejando de estar vigente este último desde el miércoles de la semana pasada. Su incidencia actual es de 125 casos por 100.000 habitantes "y en fase descendente, como la semana anterior", ha glosado Falo.

Las respectivas órdenes estarán en vigor hasta la fecha en que la autoridad sanitaria, tras valorar la situación epidemiológica en su ámbito territorial de aplicación, decida la innecesariedad del mantenimiento de las medidas.

Por su parte, la ciudad de Huesca sigue en fase dos, con 419 casos por 100.000 habitantes, lo que supone que "ha crecido un poco sobre la semana pasada", ha contado el director general.

Las principales medidas que incluye la fase 2 son un aforo del 50 por ciento en el exterior e interior de los establecimientos de hostelería y restauración, que no pueden ofrecer servicio de barra, y la apertura hasta las 24.00 horas. Está prohibido el botellón.

El aforo es del 50 por ciento en lugares de culto, del 30 en las zonas comunes de centros y parques comerciales aforo, y dentro de cada establecimiento, del 40 por ciento, mientras que es del 75 por ciento para el comercio minorista.

Las reuniones sociales no pueden superar el número de diez personas, salvo en el caso de convivientes, tanto en espacios de carácter público, como privado.

El aforo máximo en los velatorios es de 50 personas en espacios al aire libre o de 25 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes. Las ceremonias nupciales tienen un aforo del 50 por ciento, con un máximo de cien personas en espacios al aire libre y de 50 personas en espacios cerrados.

En actos y espectáculos culturales el aforo es de un tercio, y en el transporte público hay aforos limitados. No hay restricciones a la movilidad.

TRANSMISIÓN COMUNITARIA

El director general de Salud Pública ha explicado que las localidades que están en fase 2 en Aragón poseen trasmisión comunitaria de la COVID-19 "pura y dura", que se da "en los entornos familiares y de relación social" y esa aparición de los casos de manera dispersa, "es un elemento cualitativo a la hora de adoptar este tipo de medidas.

Ha añadido que según evolucione la situación, "iremos endureciendo medidas en los lugares donde puedan tener efecto", actuando con prevención y proporción". Respecto a los confinamientos perimetrales, ha apuntado que es una "herramienta más" para las administraciones sanitarias, que puede permitir "que unas situación de trasmisión no se extienda más allá de esos límites" y "a localidades circundantes".

No obstante, "en Aragón hoy por hoy es una alternativa complicada desde el punto de vista jurídico", después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya decidido el sábado pasado no autorizarlo en La Almunia.

Falo ha comentado que los confinamientos perimetrales que ha habido en septiembre en Andorra (Teruel) y Ejea han dado "resultados" ya que el nivel de incidencia de la COVID-19 está allí ahora por debajo de la media de Aragón. Ha agregado que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón "están trabajando en cómo plantear alternativas a las resoluciones judiciales".

ZARAGOZA

El director general se ha referido a la ciudad de Zaragoza, en fase 2 del 8 al 14 de octubre, fechas que coincide en los días en los que se deberían haber celebrado las fiestas patronales en honor a la Virgen del Pilar, suspendidas por la pandemia del coronavirus.

Según ha apuntado, en estos días, "la población, con carácter general, ha respondido con mucho sentido de la responsabilidad", cuando "sabemos que es duro no disfrutar de un entorno de ocio, sobre todo cuando venimos de tantos meses tan duros".

Por eso, Falo ha estimado que hay que felicitarse "como sociedad, como zaragozanos y aragoneses", mientras que "ya veremos en los próximos días como evoluciona la curva en Zaragoza".

TEST ANTÍGENOS

En otro orden de cosas, del director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, José María Abad, ha rechazado el uso de los test de antígenos con carácter masivo en las poblaciones que están en fase 2.

Según ha explicado, "seguimos las recomendaciones de los técnicos y profesionales asistenciales" en el uso de estas pruebas diagnósticas y "no está prevista la realización de test masivos en la población".

"Los cribados masivos tienen utilidad en entornos de muy alta transmisión o muy alto riesgo de aparición de casos" y "hoy por hoy no tenemos esa situación", ha glosado.

Ha agregado que en el caso de que se llegara a valorar, el test de antígenos es una de las pruebas que se puede realizar, pero primero habría que validar la utilidad en los entornos de muy baja prevalencia, ha estimado Abad.

Delegados sindicales de UGT, CCOO, CSIF, Usicam o USAE han secundado este martes en distintos centros de salud de las capitales de Castilla-La Mancha --a excepción de Toledo, que ya lo hizo la semana pasada-- la convocatoria de movilizaciones en Atención Primaria "para exigir mejoras ante la situación de sobrecarga y abandono del sistema sanitario y de sus profesionales" y "en defensa de la sanidad pública".

Según ha informado UGT en un comunicado, las organizaciones sindicales han realizado esta convocatoria porque "esta pandemia ha puesto de manifiesto las carencias del sistema sanitario y más concretamente en Atención Primaria", que es "el eslabón principal y la primera línea de lucha contra la COVID-19".

Sin embargo, "presenta un estado actual de sobrecarga y gran presión asistencial, en un marco de profunda escasez de personal, con unos profesionales desbordados y una ciudadanía que se siente en muchos casos abandonada a su suerte", como han detallado en el comunicado leído en los distintos actos.

Las principales reivindicaciones son el incremento de plazas estructurales, con el consiguiente aumento de plantilla, la reforma de la atención primaria para que esta recupere su esencia original, dándoles protagonismo en lo asistencial y mejorar las condiciones de los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), recuperando el sistema de carrera profesional.

Además, instan al Sescam para que "actúe enérgicamente" ante el Ministerio para que "retire el Real Decreto Ley 29/2020, donde de forma unilateral se impone la movilidad geográfica y funcional a todo el personal sanitario", así como "para que el Gobierno central desmienta la posible congelación salarial para el personal de sanidad".

Igualmente, consideran "imprescindible avanzar en la mejora en la prevención de riesgos laborales, en garantizar la continuidad laboral, la cobertura de bajas y el incremento de las ratios de profesionales por pacientes que disminuyan la carga asistencial y administrativa".

A juicio de los sindicatos, "todas estas cuestiones son necesarias para conseguir doblegar esta terrible pandemia, dar los servicios que necesitan las personas más vulnerables y facilitar un ambiente de trabajo que permita volcar a los profesionales todo el conocimiento que atesoran por el bien del conjunto de la ciudadanía".

LA "CENICIENTA" DEL SISTEMA

Para la secretaria general de CCOO-Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Castilla-La Mancha, Chelo Cuadra, la Atención Primaria es "la cenicienta del sistema sanitario, pese a que es su pilar fundamental para aliviar la presión sobre el resto del sistema mediante el trabajo con la ciudadanía en materia preventiva".

Como ha indicado Cuadra en nota de prensa, en el caso de una región como esta, "garantizar el mantenimiento de la Atención Primaria en el mundo rural es además determinante para frenar la despoblación".

Incrementar los recursos económicos, humanos y tecnológicos en Atención Primaria es una de las reivindicaciones centrales de la campaña de CCOO, a la que a nivel estatal se adhirieron CSIF y USAE y otros sindicatos más en la región, y que reclama "aumentar hasta el 7,2% del PIB el dinero destinado a la financiación del sistema sanitario público; y al menos el 25% del total debe ir a Atención Primaria", manifestado la secretaria regional de Sanidad del sindicato.

El objetivo y la exigencia central del sindicato es "recuperar el diálogo social" pues "no es posible que el ámbito de negociación siga sin convocarse con toda la problemática originada durante la pandemia, y todas las reivindicaciones que se venían manteniendo y que quedaron en suspenso".

También CSIF, como ha explicado en nota de prensa, se ha concentrado en los centros de salud de la región para exponer los problemas que afectan al sistema sanitario de Castilla-La Mancha, "gravemente dañado a causa de la falta de recursos materiales y humanos, así como a la improvisación en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus", según la presidenta del Sector de Sanidad, Sacramento Rodríguez.

Dentro de esta situación excepcional, con más de 1.480 nuevos profesionales contagiados en el Sescam desde el 11 de mayo, cifra que se suma a los más de 3.000 notificados en abril, se pone de manifiesto "la terrible exposición al coronavirus" de una plantilla que ante la falta de recursos también sufre la incomprensión por parte de la ciudadanía, de sus servicios y programas, "lo que se en muchos casos se está traduciendo en forma de agresiones", ha comentado Rodríguez.

Un total de 471 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los ocho primeros meses del año, 34 más que en el mismo periodo de 2019, lo que implica un aumento en valores relativos del 7,8%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De estos fallecimientos, 393 se produjeron durante la jornada de trabajo, 51 más que en el mismo periodo de 2019, lo que supone un aumento porcentual del 14,9%. Los 78 accidentes mortales restantes registrados hasta el octavo mes del año fueron siniestros 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), 17 menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 17,9%.

El dato de mortales incluye los 15 accidentes mortales reconocidos por Covid-19, que ocurrieron todos ellos en el centro o lugar de trabajo habitual y que corresponden a las siguientes comunidades autónomas y provincias: 2 en Andalucía (1 en Granada y 1 en Sevilla), 8 en Castilla-La Mancha (1 en Albacete, 4 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 2 en Toledo), 2 en Castilla y León (ambos en Salamanca), 1 en Cataluña (en Barcelona) y 2 en Madrid.

En conjunto, hasta agosto se contabilizaron 302.301 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 27,5% respecto al número de siniestros del mismo mes de 2019. Del total de siniestros, 267.261 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 35.040 fueron siniestros 'in itínere'. Los primeros cayeron un 26,2%, mientras que los segundos lo hicieron en un 35,9% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo de los asalariados sumaron 264.611 hasta agosto, un 26,3% menos, y los graves fueron 2.257, un 20,5% menos que a un año antes. En el caso de los siniestros 'in itínere' se registraron 34.477 accidentes de carácter leve (-36%) y 485 de gravedad (-27,8%).

MÁS DE 18.492 ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La estadística distingue entre accidentes laborales de asalariados y de trabajadores por cuenta propia. De los 302.301 siniestros con baja registrados hasta agosto, 283.809 los sufrieron asalariados (-28,2%) y 18.492 correspondieron a trabajadores autónomos (-14,9%).

Desde el 1 de enero de 2019 la cobertura específica de la Seguridad Social por accidente laboral en el caso de trabajadores autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general, mientras que en 2018 era mayoritariamente voluntaria y solo alcanzaba a cerca de un 20% de los autónomos.

Entre los accidentes de asalariados contabilizados en el octavo mes del año, un total de 249.885 se produjeron estando en el puesto de trabajo, un 26,9% menos que hasta agosto de 2019, mientras que 33.924 fueron siniestros 'in itínere', cifra que también es un 36,2% menos que la del año anterior.

Los accidentes leves de asalariados con baja en el puesto de trabajo sumaron 247.704 hasta agosto de 2020, un 27% menos, y los graves alcanzaron los 2.328, un 21,6% menos que en el mismo mes del año anterior.

En el caso de los siniestros 'in itínere', los trabajadores asalariados registraron 33.924 accidentes de carácter leve (-36,3%) y 446 de gravedad (-28,8%).

Por su parte, de los 18.492 accidentes que sufrieron los trabajadores autónomos hasta agosto, 17.376 (-14,1%) se produjeron en el puesto de trabajo y 1.116 (-24,7%) fueron siniestros 'in itínere'.

La estadística también revela que además se notificaron 330.972 accidentes laborales sin baja, un 30,4% menos que en igual mes de 2019.

BAJAS LABORALES POR COVID

En la estadística de este mes se han vuelto a incluir los accidentes que han causado baja en el periodo de referencia, recepcionados por la Autoridad Laboral Provincial, aunque se trata todavía de datos provisionales. Hasta agosto, la estadística recoge que un total de 1.346 personas estuvieron de baja por coronavirus. De estos, 1.328 fueron leves, 13 grave y 17 mortales.

Por otro lado, Trabajo ha publicado el avance también de los datos desagregados por mes de la fecha de baja y los ha comparado con el mismo periodo del año anterior. En marzo, ha diferenciado dos periodos, uno anterior a la declaración del estado de alarma (días 1 a 13 de marzo) y otro posterior (días 14 a 31 de marzo).

Concretamente, entre el 1 y el 13 de marzo, un total de 21.539 personas se dieron de baja por accidente laboral (+6,1%). En el caso del 14 al 31 de marzo, la cifra ascendió a 11.320 personas (-57,4%). En abril fueron 16.099 accidentes (-61,6%), en mayo 26.776 (-46,4%), en junio 34.819 (-23,9%), en julio 38.606 (-23,3%) y en agosto 28.791 (-16,9%).

Teniendo en cuenta los accidentes 'in itínere', en el primer periodo se registraron 3.111 accidentes (-1,9%) y 1.193 en el segundo (-70,8%), situándose en abril en 1.697 (-74,4%), en mayo en 2.803 (-62,8%), en junio en 4.162 (-40,2%), en julio en los 4.752 (-34,1%) y en agosto 3.171 (-33,1%).

Entre el 1 y el 13 de marzo se produjeron 28 accidentes mortales en la jornada de trabajo (+75%) y entre el 14 y el 31, la cifra ascendió a 43 personas (+104,8%), mientras que en abril fueron 37 (+2,8%), en mayo 42 (-19,2%), en junio volvió a subir, hasta 51 (+44,7%), en julio fueron 45 (-28,6%) y en agosto 34 (-12,8%).

En el caso de los accidentes mortales 'in itínere', estos totalizaron en 6 tanto en el primer periodo analizado de marzo como en el segundo, lo que supuso un incremento del 100% en comparación con el periodo comprendido entre el 1 y el 13 de marzo de 2019, pero un descenso del 14,3% en comparación con los días que van del 14 al 31 de marzo del año anterior.

En abril también fueron seis los accidentes mortales 'in itínere', la mitad que el año pasado, en tanto que en mayo subieron a 8 (-33,3%), en junio fueron 5 (-44,4%), en julio se elevaron hasta 11 (-45%) y agosto fueron 6 (-33,3%).

El Juzgado de Primera Instancia número 25 de Sevilla ha condenado a SegurCaixa Adeslas Seguros y Reaseguros a pagar una indemnización de 175.800 euros por la muerte de un recién nacido en una de sus clínicas sevillanas, "a consecuencia de un cuadro séptico que ya se puso de manifiesto durante el parto, ante el cual no se adoptaron todas las medidas oportunas y establecidas en el protocolo".

En su sentencia, emitida el pasado 3 de julio y recogida por Europa Press, dicha instancia judicial da cuenta de un litigio promovido por una mujer representada por la letrada María Jesús Villalpando, de la Asociación 'El Defensor del Paciente', en demanda de que se condenase a la aseguradora medica Adeslas a una indemnización de 175.800 euros por los daños personales sufridos a consecuencia del fallecimiento de su hijo recién nacido, por "negligencia medica y mala praxis por mal manejo del parto y gestación y por falta de información tanto del ginecólogo, como de los profesionales del cuadro médico/hospitalario y del centro asistencial".

La sentencia, en ese sentido, expone que "los actos médicos relativos al control del embarazo y asistencia al parto fueron efectuados por un doctor incluido en el cuadro médico de dicha póliza de seguros, el parto tuvo lugar en una clínica incluida también en dicho cuadro médico y la asistencia al bebé recién nacido tuvo lugar también dentro del ámbito de dicha clínica y por un pediatra que no se niega estuviera también incluido en la misma".

En cuanto a los hechos en sí, el juzgado declara probado que sobre las 8,00 horas del 4 de junio de 2016, A.M.G., de 33 años de edad, "comunicó por WhatsApp a su ginecólogo que había notado como si se le pinchara un globo en la barriga y empezó a notar que por las piernas le caía como agua" y "que el ginecólogo le dijo que se estaba preparando el parto y que se quedara en casa".

ACUDIÓ ELLA A LA CLÍNICA A PROPIA INICIATIVA

"No existe duda que en ese momento, sobre las ocho de la mañana del día 4 de junio es cuando se produjo la rotura de la bolsa", declara la sentencia, agregando que la mujer acudió esa noche "a iniciativa propia a la clínica, donde ingresó según toda ladocumentación médica el 5 de junio a las 00,20 horas, con la bolsa rota". "En la documentación del hospital Virgen del Rocío se hace referencia incluso que en el momento del parto, la rotura de la bolsa había sido 27 horas antes", indica la sentencia.

El Juzgado de Primera Instancia número 25 detalla que el análisis de los hechos probados lleva a la conclusión de que "el bebé falleció a consecuencia de un cuadro séptico que ya se puso de manifiesto durante el parto y para controlar, ante el cual no se adoptaron todas las medidas oportunas y establecidas en el protocolo (obligación claramente de medios), posponiéndose la terapia antibiótica de forma injustificada a hasta tres horas después del nacimiento a pesar de los claros signos compatibles con sepsis que existían ya desde el parto".

"A mayor abundamiento", el juez señala "la actuación de los médicos/personal de la clínica, que a su vez impiden que en analíticas posteriores o en la necropsia se pueda determinar o constatar cual fue el concreto patógeno que causó la infección del recién nacido", pues "autopsia hubiera sido concluyente".

HECHOS "INAUDITOS"

"Es inaudito que en un caso así no se realicen al bebé cultivos antes de aplicarle la terapia antibiótica y después se impida el análisis de la placenta por el Hospital Virgen del Rocío. Estas circunstancias no pueden favorecer a la clínica ni a la aseguradora de la misma que pretende precisamente por esta ausencia de analíticas sostener que fue otra la causa del fallecimiento del recién nacido y no una infección", expone la sentencia, recordando que "consta suficientemente probado que la rotura de la bolsa de aguas durante más de 24 horas es un enorme factor de riesgo de infección perinatal por cuanto se expone al feto durante un prolongado periodo de tiempo a los patógenos y posibles bacterias existentes en la zona no sólo vaginal, sino también rectal".

Así las cosas, el juzgado, mediante esta sentencia no firme, condena a SegurCaixa Adeslas Seguros y Reaseguros a pagar a los demandantes en concepto de indemnización de daños y perjuicios la cantidad de 175.800 euros, con los intereses legales establecidos en el fundamento de derecho penúltimo, condenandola igualmente al pago de las costas procesales.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido ser "muy prudente" con la situación en la Comunidad de Madrid, y ha instado a "actuar siempre con criterios sanitarios, como hacen todos los países de nuestro entorno, que están tomando medidas contundentes para doblegar la curva".

"No vamos a entrar en politizaciones ni en polémicas estériles, no vamos a entrar en reproches. Solo vamos a hablar de sanidad. Hay un problema de salud pública que hay que abordar con criterios de salud pública", ha señalado Illa, refiriéndose a Madrid, en rueda de prensa este martes tras el Comité de Seguimiento del Coronavirus.

Illa ha insistido en que "lo único" que importa al Ministerio de Sanidad es "la salud pública". Con la salud pública no se negocia", ha insistido. "No queremos ciudadanos en las UCI. Pensamos mucho en los sanitarios, en las familias que tienen personas enfermas y, por tanto, esto nos lleva a decir que hay que actuar en clave sanitaria", ha insistido.

Preguntado acerca de si es posible que decaiga el estado de alarma en Madrid una vez la Comunidad ha bajado de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, Illa ha reiterado en que el "objetivo no es bajar de 500, sino idealmente a ratios de 100 de incidencia acumulada. En este punto, ha recordado que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades europeo (EDCC, por sus siglas en inglés) fija que es necesario actuar a partir de la incidencia de 60 casos, con "medidas drásticas a partir de 200".

"Tenemos que bajar a una cifra que nos permita un margen de maniobra", ha argumentado al respecto. De esta forma, ha insistido en que el estado de alarma se va a extender, como mínimo, durante los 15 días establecidos. "Todos los españoles saben que hay que dar un tiempo para que las medidas a las que da cobertura el estado de alarma surtan efecto. Hay que ir a incidencias mucho más bajas", ha añadido.

El ministro ha asegurado que el Gobierno va a tomar todas las medidas necesarias para derrotar al virus. "Escucho muchos argumentos de izquierdas y de derechas pero no escucho ningún argumento sanitario. Al virus se le vence con criterios sanitarios. Podemos cruzarnos de brazos o ganarle al virus protegiendo a todos los españoles aunque suponga sacrificios", ha apostillado.

El ministro, no obstante, ha agradecido a los madrileños su "disciplina, comprensión y respeto" al estado de alarma durante el Puente del Pilar, al constatarse una gran reducción en la movilidad hacia otras regiones en comparación con años anteriores.

Illa también ha mandado un mensaje a todos los ciudadanos en vista del gran avance del COVID-19: "A lo largo de todo este mes de octubre, no tenemos que bajar la guardia, tenemos que mantener la guardia alta. Estamos viendo cómo están subiendo los casos en toda Europa, con notificaciones claramente superiores a las de nuestro país. No podemos permitirnos bajar la guardia. Hay que mantener todo el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad", ha sostenido.

La Comunitat Valenciana ha sumado 12 nuevos fallecidos por coronavirus --tres de ellos en residencias--, 268 nuevos positivos y nueve brotes, uno de ellos de 12 casos en Ontinyent, así como 437 altas.

Según ha indicado Sanidad en un comunicado, la Comunitat cuenta con la incidencia acumulada más baja del territorio español de los últimos siete días con 39,47 casos por cada 100.000 habitantes, mientras la media de España se sitúa en 128,96 casos.

Por lo que respecta a la incidencia acumulada de los últimos 14 días, la Comunitat Valenciana registra 95,09 casos por cada 100.000 habitantes, lo que la sitúa en el segundo lugar por detrás de Canarias con 87,26 casos. La media de España de los últimos 14 días es de 263,35 casos.

Por otro lado, hay 268 nuevos contagios de coronavirus confirmados por prueba PCR en la Comunitat Valenciana, que sitúan la cifra total de positivos en 46.132 personas. Por provincias, la distribución es la siguiente: 132 en Castellón (5.079 en total); 79 en Alicante (15.479 en total), y 57 en la provincia de Valencia (25.567 en total). Además, el número total de pacientes sin asignar asciende a siete.

La conselleria ha registrado 437 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 48.922: 5.616 en Castellón, 16.203 en Alicante y 27.063 en Valencia. Además, el total de altas sin asignación asciende a 40. De esta forma, en estos momentos hay activos 5.187 casos, lo que supone un 9,29% del total de positivos.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 507 personas ingresadas: 57 en la provincia de Castellón, con siete pacientes en UCI; 173 en la provincia de Alicante, 31 de ellos en la UCI; y 277 en la provincia de Valencia, 36 de ellos en UCI.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 1.201.669, de las que 1.048.309 han sido a través de PCR y 153.360 mediante test rápido.

TRES NUEVOS RESIDENTES FALLECIDOS, 17 POSITIVOS

A día de hoy, hay algún caso positivo en 27 residencias de mayores (dos en la provincia de Castellón, nueve en la provincia de Alicante y 16 en la provincia de Valencia), cuatro centros de personas con diversidad funcional (1 en la provincia de Castellón, uno en la de Alicante y dos en la de Valencia) y dos centros de menores (dos en la provincia de Alicante).

En concreto, hay 17 nuevos residentes que han dado positivos, y otros 13 trabajadores con coronavirus. Hay tres residentes fallecidos desde la última actualización.

Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario seis residencias en la Comunitat Valenciana: una en la provincia de Castellón, una en la provincia de Alicante y cuatro en la provincia de Valencia.

NUEVE BROTES DEL CORONAVIRUS

En total, hay nueve brotes nuevos --todos de origen social--, y el más grande es uno que afecta a 12 personas en Ontinyent. Asimismo, hay un brote de ocho contagios en València, otro de siete en Godella, dos de cinco en Burjassot y Rafelcofer, dos de cuatro en Alcoi y Vinaròs y dos de tres en Benicarló y Vinaròs.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han pedido juntos al Gobierno central que anule el estado de alarma y han subrayado que "los madrileños no pueden ser rehenes" así como han defendido que "Madrid solo si es libre es Madrid".

"Dinamitar el Estado de Derecho con la excusa del bien común es el camino recto hacia la anarquía y la vuelta a regimenes totalitarios. Desafortunadamente, la manera de actuar del Gobierno de España, con el aval de sus socios, contra Madrid es una sucesión de derechos y libertades individuales y contra las instituciones de nuestra democracia liberal", ha declarado la dirigente madrileña, en una rueda de prensa conjunta desde la Real Casa de Correos.

Según la presidenta, "para la salud política de una nación" es necesario que exista "un consenso mínimo" sobre los principios de "libertad, legalidad y justicia".

"Nuestras medidas sanitarias están permitiendo bajar las cifras de contagio, de hospitalizaciones, de atención hospitalaria, cada día, tal y como nos informan los técnicos de la Consejería de Sanidad y reconoce la Organización Mundial de la Salud", ha declarado

De hecho, el alcalde ha detallado que la incidencia acumulada de coronavirus en la Comunidad de Madrid será este próximo miércoles de aproximadamente 400 por cada 100.000 habitantes, "los mismos datos que la semana del 24 al 30 de agosto", fecha en la que no tenían noticia de que "el Gobierno de la Nación tuviera que decretar el estado de alarma".

"INTERVENCIÓN ATROPELLADA"

Según Ayuso, la "intervención atropellada es la peor decisión que puede tomar el Gobierno en relación con la salud de los madrileños". Para la jefa del Ejecutivo madrileño, "la España prospera y pacífica de los últimos 40 años se construyó desde el entendimiento, el respeto a la ley y la voluntad común y decidida de ser un país mejor".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la libertad requiere de un marco legal que sea efectivo: normas ponderadas, claras y de obligado cumplimiento". Además, ha hecho hincapié en que se debe acatar los fallos de los tribunales "tanto si son favorables como si no lo son.

La presidenta de la Comunidad ha subrayado que el suyo es un Gobierno "dialogante" no como el central con sus "imposiciones" derivadas de un Consejo Interterritorial, una ayuda que nunca ha llegada para el aeropuerto y las estaciones, con la utilización de la Delegación del Gobierno como tampoco "utilizar el Grupo Covid para dividir".

CAMBIO DE REGLAS

En este punto, Ayuso ha señalado que una falta de dialogo es también "el cambio de reglas inventado" por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para levantar el estado de alarma "sin criterio sanitario alguno". Se han incrementado las exigencias y nos hemos enterado por los medios de comunicación, en lugar de hacerlo por el Grupo Covid esta misma tarde", ha lanzado.

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, el Gobierno "bajo la falsa manta del dialogo imponen sin escuchar, sin respetar el trabajo de los técnicos". Así, ha censurado que se mire para otro lado y no se haga lo correcto.

Por su parte, el primer edil ha defendido el fin del estado de alarma en dos razones. Por una parte ha indicado que "no se dan los requisitos que estableció el Gobierno central de 500 por cada 100.000 habitantes". Por otra parte, ha indicado que el estado de alarma es un instrumento constitucional y válido "pero extraordinario", por lo que entiende que "hay medios e instrumentos mejores para controlar".

El también portavoz nacional del PP ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez estableció en una incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes el establecimiento del estado de alarma. En este punto ha incidido en que "16 de los 21 distritos están por debajo de la cifra" en la capital.

Todos sabemos que el tamaño de un distrito de la ciudad de Madrid es comparable a otras ciudades. Salvo Parla, todas las ciudades están por debajo", ha lanzado a renglón seguido.

DEFENSA DE LA LIBERTAD

Ayuso ha remarcado que "Madrid es ese proyecto que algunos buscan destruir y lo es por ser una sociedad abierta, emprendedora y solidaria con el resto de España, leal a las leyes y que alberga orgullosa las instituciones del Estado".

"Madrid es la España dinámica, creativa, y constitucional que ha hecho de la libertad su brújula social, moral y política. No vamos a renunciar a ello porque es la única manera de construir sociedades prósperas", ha declarado.

La dirigente madrileña ha defendido que la libertad "es el bien más preciado que tiene el orden" por lo que seguirán reivindicándola frente a aquellos que pretenden "anularla" para que día a día no se acostumbre, "atropello a atropello", y "narcotizados por los titulares y los problemas cotidianos".

Por ello, ha hecho hincapié en que si los expertos siguen informando sobre la evolución del coronavirus "cada día" volverán a solicitar al Gobierno que anule el estado de alarma, "con el que pretende anular" la autonomía y "poner freno al desarrollo económico y social" de la región.

"Con humildad y con mucha precaución los médicos nos dicen que estamos ganando la batalla al virus y que son nuestras acciones, y no las impuestas por el Gobierno, las que están dando resultados positivos", ha apostillado.

"REHENES DE BATALLAS POLÍTICAS"

José Luis Martínez-Almeida ha lamentado que los madrileños sean en este momento "rehenes de batallas políticas de un Gobierno que entiende que un escándalo ha de suceder a otro, rehenes de un Gobierno que cambia de criterio de forma arbitraria".

Illa ha señalado esta mañana que la incidencia acumulada, que se sitúa por encima de 500 por 100.000 habitantes, debería descender "alrededor de 100" para dar de baja el estado de alarma. "Ha de descender muchísimo antes. Esto lo queremos discutir con ellos. Cuando se cumplan los criterios, se levantará", ha aseverado.

"Eran 500, esta mañana ha dicho el ministro ha dicho 200, o incluso 100. Merecemos que no se cambie el criterio de forma arbitraria. No podemos vivir al albur de que cada día haya un criterio o una cifra distinta. Tenemos la legítima duda de si eso es cierto. No puede ser que si la semana pasada fueran 500, ahora sean 100", ha apostillado a continuación.

Por ello ha pedido "un umbral para todos por igual y con mismos criterios, y no criterios arbitrarios". "¿Por qué Alcalá de Henares sí y el resto de municipios no? Si son 200 casos, le diría que la media de incidencia acumulada en España es de 259, ¿les suscita alguna preocupación que el conjunto de España tenga una media muy por encima también?", ha lanzado.

VOLVER AL DIÁLOGO

Ayuso ha pedido al Gobierno central "volver al dialogo", que se sienten y vean la fórmula de "mejorar al plan de Madrid contra este virus que tan buenos resultados" están dando.

"Estoy convencida de que si unimos las fuerzas, las tres administraciones lo vamos a poder lograr. Funcionará incluso mejor sin hacer más daño todavía a la economía más importante de España. No hay que enfrentar falsamente la salud con la economía", ha declarado.

La Consejería de Salud ha declarado la alerta naranja en Avilés por recomendación de los epidemiólogos, ante el aumento de la incidencia de la pandemia durante los últimos días en el concejo, cuya tasa supera la media regional, con 199 casos por cien mil habitantes.

Esta medida, que tendrá una vigencia de 14 días, se concreta en una llamada a las instituciones locales, sectores socioeconómicos y a la ciudadanía para que, conjuntamente y de manera coordinada con la autoridad sanitaria, realicen una vigilancia intensiva y extremen las medidas de control. Esta actuación no implica nuevas restricciones, pero intensifica las acciones de protección, vigilancia y seguridad.

Salud ha informado esta tarde de las actuaciones previstas a los responsables del Ayuntamiento de Avilés en la comisión de seguimiento creada a tal efecto.

Por otra parte, las autoridades sanitarias han comunicado a los alcaldes de Laviana y Langreo que las alertas naranja declaradas el 18 y 23 de septiembre, respectivamente, finalizan esta medianoche. En el caso de San Martín del Rey Aurelio, los epidemiólogos aconsejan prorrogar la medida hasta el próximo viernes para valorar la situación, una vez finalizado el estudio del llamamiento por un brote en el concejo.

RECOMENDACIONES

Salud anima a la ciudadanía a formar burbujas sociales para frenar los contagios. Además, recomienda cumplir con rigor las medidas de seguridad: uso correcto de la mascarilla, lavado frecuente de manos y mantenimiento de una distancia interpersonal de seguridad de, al menos, un metro y medio con personas con las que no se convive.

El Principado también apela a la población para que evite las actividades sociales y familiares innecesarias con el fin de frenar la transmisión de la covid-19. La contención de los contagios y la protección de los colectivos más vulnerables precisan de la implicación de todos y todas.

Por último, la Dirección General de Salud Pública insta a la responsabilidad individual de las personas que están pendientes del resultado de una PCR o que son consideradas contactos estrechos para que restrinjan su vida social, permanezcan en sus domicilios, vigilen su estado de salud y cumplan rigurosamente la cuarentena.

Las aulas de Infantil y Primaria que se encuentran en cuarentena este martes en Cantabria ascienden a cinco, tres más que el pasado viernes, último día lectivo anterior.

Las nuevas aulas cerradas este martes se encuentran en los centros de Marzán, en Cuchía (Miengo); Cervantes, en Torrelavega; y Ramón y Cajal, en El Astillero. En todos los casos se trata de positivos de alumnos.

Las otras dos que se encontraban ya cerradas con anterioridad pertenecen al colegio Gerardo Diego de Santa María de Cayón, donde se estableció cuarentena el pasado día 5; y Santa Catalina de Castro Urdiales, afectada desde el pasado día 9.

Además, en el CEIP Pablo Picasso de Laredo se ha establecido una cuarentena preventiva para cinco alumnos por contactos estrechos de un docente que dio positivo.

Las cinco aulas en cuarentena en Cantabria suponen un 0,18 por ciento del total, que es de 2.654, ha destacado el Gobierno regional en nota de prensa.

En cuanto a ESO, Bachillerato y Formación Profesional, se mantienen en este momento distintos tipos de cuarentena en aulas de ocho centros, cuatro más que el viernes.

Los cuatro que se han sumado este martes a esta medida son el IES Valle de Camargo, en Muriedas (Camargo); Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús, en Ceceñas (Medio Cudeyo); IES Ría San Martín, en Muriedas (Camargo); y La Paz de Torrelavega.

En los tres primeros casos se han establecido cuarentenas preventivas para 8, 9 y 14 alumnos, y en el cuarto para cuatro aulas de Bachillerato del centro.

Además, se mantienen las cuarentenas establecidas cn anterioridad en los Ángeles Custodios de Santander (para dos alumnos); Alberto Pico de Santander (para todo el aula); Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús de Ceceñas (Medio Cudeyo), para un grupo; e IES José Zapatero Domínguez de Castro Urdiales (para 8 alumnos).

Aragón ha registrado 357 nuevos casos de la COVID-19, correspondientes a este lunes, 12 de octubre, de los que 277 se han notificado en la provincia de Zaragoza, 42 en la de Teruel, 36 en la de Huesca y hay dos sin provincia de procedencia.

Así lo ha indicado el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, en rueda de prensa, donde ha detallado que el 33 por ciento de los nuevos casos no presentaba sintomatología y dos de cada tres sí, "fenómeno invertido al habitual", pero "frecuente en fines de semana, cuando la identificación de casos es sobre todo en sospechosos".

El director general ha facilitado este avance de datos, que el Gobierno de Aragón ampliará posteriormente. Según ha dicho, si hasta la semana pasada había una situación de "estabilidad" en la evolución epidemiológica de la COVID-19 en Aragón, ahora empieza a percibirse "algún tinte ascendente".

"No sabemos si será un nuevo pico" y "hasta dónde puede llegar", pero "mucho nos tememos que la tendencia en los próximos meses va a ser esa, una situación de subidas y bajadas más o menos suaves", ha contado Falo.

Asimismo, ha precisado que Aragón ha sufrido una oleada de la COVID-19 "muy fuerte" en julio y agosto, algo que no ha ocurrido en otras comunidades autónomas, que han empezado esta segunda oleada "de un suelo más bajo", cuando "a nosotros no nos ha dado tiempo a bajar tanto y nuestras nuevas subidas y bajadas se mueven en unos peldaños más altos" a la media, ha expuesto el director general.

No obstante, ha dicho que la situación de la comunidad aragonesa es "similar" a los territorios del entorno, en concreto, a los del noreste de la Península Ibérica.

455 PACIENTES INGRESADOS

Por su parte, el director general de Asistencia Sanitaria del Ejecutivo autonómico, José María Abad, ha indicado que la situación asistencial "sigue siendo de presión alta", con 455 pacientes ingresados en hospitales aragoneses, cuando la jornada anterior hubo 431, y de 65 en UCI --cinco menos que los 70 del día anterior--.

Ha reconocido que tanto la situación de ocupación de las UCI, como la atención primaria y hospitalaria, "nos preocupan" porque "llevamos semanas y meses de alta presión asistencial", si bien ha aclarado que están previstas medidas alternativas, si la situación "empeora".

En el caso de las UCI, ha precisado que se podrá realizar una ampliación de camas "en los hospitales donde sea más indicado, factible y haya profesionales para atenderlas", al tiempo que también se contempla el traslado de pacientes "en función de la disponibilidad de cada momento" ya que "todas las UCI funcionan como unidad única en Aragón".

Abad ha reconocido que en el caso del Hospital Obispo Polanco de Teruel la "elasticidad en camas de UCI y personal es menor" y puesto que todas sus camas de cuidados intensivos "están ocupadas, si hay otro paciente, se habilitarán los medios para atenderlo allí" o en otro hospital del Servicio Aragonés de Salud.

Por otra parte, el director general de Asistencia Sanitaria ha contado que en la comunidad autónoma se han hecho 380.000 pruebas PCR desde el inicio de la pandemia, lo que supone 285 pruebas por mil habitantes y una por cada cuatro.

Aena ha mostrado este martes su "disposición a colaborar" con cualquier medida de prevención del coronavirus en las islas Canarias siempre que así lo hayan acordado las diferentes autoridades con competencias sanitarias, según han indicado a Europa Press fuentes del gestor aeroportuario.

Así se ha expresado Aena después de publicar Canarias7 que el departamento canario de turismo había enviado una carta pidiendo la colaboración de la empresa pública para hacer test en los aeropuertos y que habría quedado sin respuesta.

Las mismas fuentes explicaron que la misiva no había sido respondida porque fue recibida este mismo martes y que su voluntad es y ha sido siempre la de "colaborar" en todo lo que "las autoridades sanitarias acuerden".

Así, remarcaron que carecen de competencias en materia sanitaria y que la solicitud debe ser remitida a las autoridades competentes del Gobierno central.

AENA "HA COLABORADO Y COLABORA" CON LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES

"Una vez tomada una decisión, Aena cooperará como siempre ha hecho. Aena ya ha colaborado y colabora por ejemplo con el Gobierno de Canarias en los aeropuertos para la toma de temperatura a los pasajeros insulares y peninsulares, y lo hace con Sanidad Exterior aportando recursos humanos y materiales a su disposición", indicaron.

Por último, indican que es posible que si los test, en línea con el protocolo propuesto por la consejería de Turismo canaria, se realizarán hasta 48 horas antes de la salida del vuelo dichos test no tendrían que hacerse necesariamente en los recintos aeroportuarios.

Profesionales de Atención Primaria se han concentrado este martes a las puertas de los centros de salud para reclamar un incremento de plantillas y de inversión, que debería alcanzar el 25 por ciento del total del presupuestos destinado a sanidad. En una de las concentraciones en València, el doctor Aurelio Duque, médico de familia del centro de salud de Alfahuir, ha explicado a los medios la situación: "No es de ahora; lleva ya tiempo pero la pandemia ha descubierto la cantidad de deficiencias acumuladas desde hace una década. Nos ha dejado desnudos".

Como ejemplo, el doctor Duque señala que en su centro este martes faltan tres médicos que no se van a cubrir, y lamenta que hasta ahora la solución es poner "parche tras parche". Hace falta inversión en tecnología, plantilla y reparar la primaria en lugares donde ha perdido toda su función con la pandemia", ha expuesto.

"La consecuencia es hay un déficit de atención por falta de personal y no adecuación de infraestructuras", ha señalado, y ha detallado que los pacientes no Covid son los que están pagando el hecho de que se estén dedicando a tareas de rastreo.

Por este motivo, están exigiendo que lleguen "cuanto antes" los rastreadores, que "no aparecen en ningún sitio", porque su función, como la de la UME, es buscar contactos, mientras que si un médico se dedica a esas tareas "algunos pacientes no covid van a tener un problema, que es lo que estamos viendo".

En cuanto a infraestructuras, ha detallado que si no hay más que cinco líneas telefónicas, que son insuficientes, solo entran cinco llamadas y los pacientes pueden pensar que no se les da asistencia telefónica. En estos casos, se están dejando las llamadas urgentes para el final del día, y las finaliza el compañero de la tarde. "Lo que se acumula, se intenta resolver y lo que se puede demorar se cambian citas y así se va parcheando la asistencia", ha concretado.

Para solucionarlo, pide que se financie la primaria con el 25% del presupuesto sanitario total porque está infrafinanciada y "no llega al 14 o 15%". Asimismo, cree que si se resuelven el 90/95% de los problemas en la atención primaria, no se saturará el resto de niveles porque "con medios y personal se pueden solucionar muchos problemas de menor complejidad".

"A PUNTO DE COLAPSAR"

Por su parte, Fernando García Ruiz, presidente provincial del sector de Sanidad de CSIF Valencia, ha lamentado que el día a día en un ambulatorio "no puede ser lo que está pasando", por lo que ha exigido una reunión con la consellera, Ana Barceló, la cobertura de vacantes en un plazo determinado, --calcula que faltan unos 4.500 profesionales de primaria-- porque "están a punto de colapsar", con unas agendas de entre 60/80 citas diarias por médico, quitando urgencias y la domiciliaria.

Desde CCOO PV, Rosa Atienzas, secretaria general de la Federación de Sanidad y sectores Sociosanitarios, se critica que las medidas adoptadas son "muy cortoplacistas" y urge a abordar el origen del problema, que atribuye a un déficit estructural de plantilla, con una necesidad de más de 7.000 profesionales para atender actividad ordinaria de pacientes, sin incluir covid.

"La atención primaria está sufriendo de manera enorme, hace falta sentarse para revisar el modelo y dotarlo de financiación y recursos suficientes para prestar atención a la población", ha indicado, para alertar de que los ambulatorios se están "colapsando" por el seguimiento de los covid y las tareas de rastreo.

A su juicio, se necesita un 25% más de plantilla en primaria y un 15% adicional en especializada y reclama abordar los plazos en que se pueda ir consolidando esa plantilla y llevarlo al capítulo uno de personal en los próximos presupuestos.

En opinión de Nieves Gómez, secretaria autonómica del SAE, "estamos en situación muy precaria, con muy poco personal en técnicos en cuidados de enfermería" y sin refuerzos en primaria, cuando calcula que se necesitarían 1.500 de estos especialistas que "vendrían muy bien para hacer los seguimientos de contactos con mayor celeridad, que están haciendo ahora médicos y enfermería".

Las concentraciones antes los centros de salud se repetirán el 20 de octubre en centros de Atención Especializada y hospitales y el 29 se sumarán a las movilizaciones europeas en defensa de los servicios públicos de salud.

Un total de 23 aulas, de 22 centros educativos de Extremadura han pasado a modalidad online tras detectarse casos positivos de Covid-19 confirmados entre su alumnado o su profesorado durante los últimos días.

En concreto, estas aulas que recibirán formación online se sitúan en el CEIP Ortega y Gasset y en el CEIP San Roque, ambos de Almendralejo; en el CEIP Luis de Morales, en el CEIP Enrique Iglesias, en el CEIP Juventud y en el Colegio Santo Ángel de la Guarda, los cuatro de Badajoz; en el CEIP Los Arcos, de Malpartida de Cáceres; en el Colegio Santa Cecilia y en el CEIP Dulce Chacón, ambos de Cáceres, y otro aula del CEIP San José, de Calamonte.

También pasa a modalidad online un aula del CEIP Carlos V, de Castilblanco; del CEIP Virgen de la Luz, de Cheles; del CEIP Suárez Somonte, de Llerena; del CEIP Inés de Suárez, en el Colegio Santísima Trinidad, y del CEIP Santiago Ramón y Cajal, los tres últimos de Plasencia y del CEIP León Leal Ramos, de Casar de Cáceres.

Además, también un aula del IES Campo de San Roque, de Valverde de Leganés pasa a modalidad online, además de dos aulas del CEIP Sebastián Martín, de Montehermoso; un aula del CEIP Nuestra Señora de la Asunción, de Lobón; un aula del IES Benazaire, de Herrera del Duque, y un aula del CEIP Vía de la Plata, de Baños de Montemayor.

Todas estas aulas seguirán ahora el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera telemática, hasta que finalicen sus cuarentenas, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Además, en las últimas horas el CEIP Virgen de Fuentes Claras, de Valverde de la Vera, ha implementado el modelo de enseñanza desde casa en sus dos aulas, después de que el pasado viernes ya se informara del inicio de la cuarentena de una de sus dos aulas.

Por este motivo, y debido al contacto estrecho entre su alumnado, se ha decidido que el otro aula con que cuenta el centro haga también cuarentena, por lo que este centro al completo (solo tiene dos aulas) permanecerá cerrado hasta que las autoridades sanitarias decreten su reapertura a la docencia presencial.

16 AULAS VUELVEN A CLASE

Por otra parte, y tras concluir su proceso de cuarentena, hay que restar ya del listado de aulas en formación telemática a 16 clases, de 13 centros educativos distintos.

Se trata de dos aulas del CEIP Los Arcos, de Malpartida de Cáceres; una clase del CEIP Enrique Iglesias García, una clase del CEIP Nuestra Señora de Bótoa, y un grupo del CEIP Arias Montano, los tres en Badajoz; un aula del CEIP Nuestra Señora de las Nieves, de La Zarza, y un aula del CEIP General Navarro y Alonso de Celada, de Valencia de Alcántara.

También vuelven a la modalidad presencial un grupo del IES Al-Qázeres, de Cáceres; un aula del CEIP Octavio Augusto, de Mérida; una clase del CEIP Nuestra Señora de Guadalupe, de Navalvillar de Pela; dos aulas del CEIP Nuestra Señora de la Luz, de Arroyo de la Luz; dos aulas del CEIP San José, de Talavera la Real; un aula del Colegio San Calixto, de Plasencia, y un aula del CEIP San Andrés, de Navalmoral de la Mata.

Así, teniendo en cuenta las clases que se unen al modelo 3, de formación telemática, y las aulas que retoman la actividad presencial, el número actual de clases en enseñanza a distancia es de 49.

La Clínica La Asunción de la localidad guipuzcoana de Tolosa ha dado por controlado el foco de covid-19 tras no detectarse nuevos contagios desde este pasado lunes y reanudará su actividad habitual este próximo jueves, según ha informado en un comunicado.

El centro hospitalario ha explicado que, si la situación se mantiene estable, tiene previsto retomar su actividad habitual este jueves. De esta forma, se reactivarán las cirugías y los pacientes que deban ingresar de urgencia dejarán de ser remitidos al hospital comarcal de Bidasoa.

Las consultas externas y la actividad ambulatoria seguirán funcionando como habitualmente, ya que "en ningún momento se han paralizado". Para garantizar al máximo la seguridad tanto de pacientes como de sus empleados, este martes se procederá a la desinfección a fondo de todas las instalaciones del centro.

También se mantendrá la restricción de acompañantes para los pacientes ingresados y la distribución de un enfermo por habitación. Por otra parte, a lo largo de las próximas cuatro semanas se realizarán test a todos los profesionales del centro cada siete días.

Desde el centro han explicado que "todas las medidas han sido consensuadas con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, con quien se está colaborando estrechamente desde que se detectaron los primeros contagios".

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha pedido este martes que el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid negocien para llegar "ya" a un acuerdo sobre las medidas para reducir los contagios de coronavirus, sobre los criterios con los que éstas se deben aplicar y sobre el instrumento jurídico para llevarlas a cabo.

"Parece mentira que, estando prácticamente todo el mundo de acuerdo en que son necesarias unas restricciones de la movilidad, estén discutiendo por la forma, por el instrumento jurídico. Pongámonos de acuerdo y lleguemos ya, de una vez, a un acuerdo porque es lo que nos demandan los ciudadanos", ha declarado en rueda de prensa en la Cámara Baja tras participar en la Junta de Portavoces.

Según ha señalado, el dirigente de Cs y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, "intentó hasta el último minuto encontrar una solución alternativa" a la declaración del estado de alarma en Madrid, que fue la vía por la que finalmente optó el Ejecutivo de Pedro Sánchez el viernes pasado pese a la oposición de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso (PP).

NO USAR EL ESTADO DE ALARMA "COMO ARMA POLÍTICA"

Bal considera "perfectamente viable" la alternativa que plantea Ciudadanos, que es que el Gobierno regional rehaga la orden del Ministerio de Sanidad con medidas para Madrid y otros ocho municipios de la región, pero ajustándose a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que la anuló argumentando que la ley que supuestamente amparaba las medidas en realidad no lo hacía.

El diputado ha recordado que en otras comunidades autónomas están vigentes restricciones de movilidad y de otro tipo "semejantes a las que tiene Madrid", con la diferencia de que en ellas no se ha declarado el estado de alarma.

Lo que ha pedido al Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos es que deje de "utilizar este tipo de herramientas jurídicas como arma política arrojadiza contra el adversario" político, en este caso el Ejecutivo de coalición del PP y Cs en Madrid.

"Primero miró para otro lado, después utiliza el estado de alarma como arma política. Creo que esto es algo bastante incomprensible" y "no tiene ninguna utilidad", ha manifestado.

CRITERIOS TÉCNICOS, NO POLÍTICOS

Sobre la posibilidad de prolongar el estado de alarma, vigente de momento para un periodo de quince días, Bal ha dicho que primero habrá que ver si el Gobierno solicita una prórroga al Congreso, pero que Cs seguirá reclamando "medidas proporcionadas a la gravedad de las cosas que están pasando" y que las propongan los técnicos y no se adopten "por criterios de naturaleza política".

También se ha pronunciado sobre las declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha dicho que, con más de 400 casos de coronavirus registrados por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, aún "no se dan las circunstancias" para levantar el estado de alarma en Madrid. Según Illa, no basta con que la incidencia acumulada baje de 500 casos, como establece la orden de Sanidad, sino que debe reducirse "como mínimo" a 200 y su objetivo es que llegue a ser alrededor de 100.

El dirigente de la formación naranja ha dicho que el ministro debería tratado este asunto con la Comunidad de Madrid antes del viernes y haber llegado a un acuerdo para que las decisiones sobre las restricciones de movilidad se adopten "en virtud del criterio de los técnicos, los sanitarios y los científicos que conocen la evolución de la epidemia y cómo se pueden cortar los contagios".

Según ha indicado, este tipo de cuestiones son las que Aguado planteó el viernes por la mañana en la reunión que mantuvo con Díaz Ayuso y varios consejeros del Gobierno autonómico, con el fin de buscar "otros instrumentos diferentes al estado de alarma" y negociar con el Gobierno central los criterios para decretar las medidas.

La Rioja ha sumado un total de 164 nuevos casos de coronavirus las últimas 24 horas, en un día en el que hay que lamentar una nueva víctima mortal, según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja.

De este modo, en total, se han dado 9.669 casos positivos por Covid-19 confirmados en la comunidad desde que comenzó la crisis sanitaria por la pandemia, de ellos 164 diagnosticados las últimas 24 horas, mientras que los fallecidos, desde el inicio de la crisis, superan ya los 400, en concreto, 430.

Además, 1.918 personas han sido hospitalizadas por COVID-19 en La Rioja desde el inicio de la crisis sanitaria, 46 en los últimos siete días, y 126 personas han pasado por la UCI (3 más en los siete últimos días).

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes los últimos seis convenios interadministrativos con las comunidades autónomas que restaban para la implantación territorial completa del programa Educa en Digital. De esta forma, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Navarra y Extremadura se unen a las otras once comunidades autónomas más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuyos convenios fueron autorizados el pasado 29 de septiembre.

Gracias a esta actuación, los alumnos de familias en situación de riesgo matriculados en centros educativos sostenidos con fondos públicos de toda España podrán disponer de equipos informáticos con conectividad que facilitarán su educación digital tanto desde el hogar como de forma presencial.

El objetivo de esta iniciativa, que comenzará a ejecutarse a lo largo del primer trimestre del presente curso escolar, es contribuir a cerrar la brecha digital en el ámbito educativo, que tan patente se hizo tras el cierre de los centros educativos a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19.

Tras la autorización de estos últimos convenios, cuyo importe asciende a casi 53 millones de euros, el presupuesto inicial movilizado para la puesta en marcha de 'Educa en Digital' alcanzará cerca de 230 millones de euros, ya que los 12 convenios aprobados por el Consejo de Ministros el pasado día 29 de septiembre con el resto de comunidades, además de Ceuta y Melilla, suponen la movilización de más de 176 millones de euros.

De ellos, 'Red.es', empresa pública dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aportará un máximo de 190 millones de euros provenientes de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

Además del préstamo de dispositivos para facilitar el acceso a la educación digital, el programa recoge la capacitación digital de docentes y la creación de herramientas tecnológicas específicas para profesorado, alumnado y autoridades educativas mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial. Este desarrollo permitirá establecer itinerarios personalizados para los alumnos, un seguimiento más efectivo de sus progresos y un análisis específico de su evolución por parte del profesorado.

La puesta en marcha a nivel nacional del programa 'Educa en Digital' culmina un proceso iniciado el pasado mes de junio con la firma de un convenio marco entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 'Red.es' con el fin de dotar al sistema educativo español del impulso necesario para profundizar en el proceso de digitalización que se ha desvelado como imprescindible tras la emergencia sanitaria.

ESPECIFICIDAD DE EXTREMADURA

El convenio con Extremadura contará con un presupuesto inicial máximo de 8.605.877,98 euro, de los cuales hasta 6.884.702,38 euros serán aportados por 'Red.es', y hasta 1.721.175,60 euros por la comunidad autónoma de Extremadura asumida con fondos adicionales de la UE (asignados por la Autoridad de gestión a 'Red.es').

La Dirección General de Fondos Europeos, que asume la competencia de Autoridad de Gestión del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) del FEDER ha asignado una dotación de fondos adicional a la región de Extremadura, única región de España clasificada como Menos Desarrollada, para este proyecto que le permite cubrir el importe de la inversión total.

Dos fallecidos y 148 nuevos casos positivos de Covid-19 en la última jornada en Extremadura, en la que se han comunicado siete brotes nuevos de coronavirus en la región.

Según los datos aportados por la Dirección General de Salud Pública de Extremadura, en la última jornada se han detectado 162 casos sospechosos en la última jornada y ha descartado 189, mientras que se han confirmado 148 nuevos contagios de Covid-19 por prueba PCR.

En estos momentos los hospitales extremeños cuentan con 169 personas ingresadas con coronavirus, 16 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y se han dado 151 altas, lo que supone un acumulado de 9.854 curados desde el inicio de la pandemia.

Además, en la jornada hay que lamentar dos fallecidos, que son una mujer de 94 años natural de Cabeza del Buey, y un hombre de 49 años, con patologías previas, en el área de salud de Plasencia. Con ellos, el número de muertos se eleva a 647 personas en Extremadura desde el inicio de la pandemia.

Este martes además se han comunicado seis brotes nuevos de coronavirus, uno Santa Cruz de la Sierra, con 4 casos y 18 contactos; uno en Fregenal de la Sierra, con 4 casos y 12 contactos; dos en Almendralejo (4 casos y 16 contactos / 4 casos y 20 contactos); uno en Casas de Belvís (10 casos y 20 contactos) y uno en Mérida (9 casos y 20 contactos).

También se han cerrado cinco brotes, tres de ellos en Badajoz, el 132, el 156 y el 194; uno en Talarrubias, el 107, y uno en Villanueva de la Serena, el 202.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD

En cuanto a los datos por áreas de salud, el de Badajoz ha notificado 47 casos positivos de coronavirus confirmados por PCR, y cuenta con 34 pacientes ingresados, dos de ellos en UCI. Acumula 44 fallecidos desde el inicio de la pandemia y se han curado 2.078 pacientes.

Por su parte, el Área de Salud de Cáceres de declarado 30 casos positivos de Covid-19, y cuenta con 38 pacientes ingresados, 2 de ellos en UCI. Han fallecido 302 personas y se han dado 2.505 altas.

El Área de Salud de Mérida ha confirmado 22 casos positivos confirmados, y cuenta con 32 pacientes hospitalizados, 5 de ellos en UCI. Ha registrado 41 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

El Área de Salud de Plasencia ha notificado 5 casos positivos de coronavirus y cuenta con 13 pacientes ingresados, 3 de ellos en UCI. Desde el inicio de la pandemia acumula 85 víctimas mortales y 839 pacientes curados.

Respecto al Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, ha notificado 13 casos positivos, y cuenta con 21 pacientes hospitalizados, 4 de ellos en UCI. Ha registrado un total de 63 fallecidos. Tiene 1.421 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata no ha notificado ningún caso positivo de Covid-19 en la última jornada y tiene nueve pacientes ingresados, mientras que el Área de Salud de Coria ha registrado 13 casos positivos y tiene 7 pacientes ingresados.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado 18 casos positivos de coronavirus y cuenta con 15 pacientes hospitalizados.

Un total de 15 personas han fallecido en los 14 accidentes mortales acaecidos en carreteras españolas durante el puente del Pilar (entre las 15.00 horas del viernes 9 y las 24.00 horas del lunes 12 de octubre), marcado por un descenso del volumen de desplazamientos como consecuencia de la situación provocada por la pandemia del coronavirus.

Se trata del mismo número de personas fallecida que durante el puente del 12 de octubre del año 2015, año en el que el puente coincidió en los mismos días.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), publicados este martes, seis de las personas fallecidas eran usuarios vulnerables, en concreto, cuatro motoristas y dos peatones.

Asimismo, las cifras de la DGT apuntan que nueve de los accidentes han ocurrido en vías convencionales, mientras que otros cinco han tenido lugar en autopista o autovía. Entre los accidentes hay ocho colisiones, tres salidas de la vía y dos atropellos.

Respecto al acumulado anual de muertes en carreteras españolas, hasta el 12 de octubre, se llevan contabilizados 648 fallecidos, según los datos del departamento que dirige Pere Navarro.

VARÍAN LOS DESPLAZAMIENTOS POR CC.AA.

En lo que respecta a desplazamientos, durante el puente se han registrado más de 4,28 millones de movimientos de largo recorrido, un 14,52% menos que los registrados en el puente del Pilar de 2015, año en el que el puente coincidió en los mismos días.

En este 2020 se aprecian grandes variaciones según las comunidades autónomas. Mientras que la caída en los desplazamientos es notable en el centro y norte peninsular, han crecido en el sur (+3,46%) y en la zona del levante (+3,06%).

Finalmente, Tráfico ha destacado que este descenso es "muy significativo" en las entradas y salidas de Madrid (-52,23%) debido a las restricciones de movilidad que afectan a la capital y a otros municipios de la comunidad madrileña, aprobadas para tratar de evitar la expansión del Covid-19.

Las escuelas catalanas han contabilizado este martes 1.453 grupos confinados y un centro cerrado en Tarragona por brotes de coronavirus, según ha informado la Conselleria de Educación de la Generalitat en una actualización de datos a partir del vaciado que cada centro introduce en la aplicación 'Traçacovid'.

En relación a los centros cerrados, sigue confinada en su totalidad la guardería Escola Bressol Montsant de Reus (Tarragona), lo que supone un 0,02% del total de centros educativos monitorizados por la Conselleria de Educación --5.131 en total--.

Hay un total de 35.598 personas que pertenecen a la comunidad educativa en cuarentena: 33.652 alumnos, 1.646 docentes y personal interno, y 300 trabajadores externos.

En cuanto a positivos desde el inicio del curso, hay 6.270: 5.587 de alumnos, 620 de docentes y personal interno, y 63 entre el personal externo.

Por otro lado, los centros educativos catalanes han registrado 2.639 positivos en los últimos 10 días: 2.342 entre los alumnos, 256 entre los docentes y 41 entre el personal externo.

Un total de 1.052 escolares de Infantil y Primaria han sido confinados por el Covid-19 durante el puente del Pilar y deben permanecer en sus domicilios. En este mismo periodo de tiempo, un total de 1.006 alumnos han finalizado su etapa de confinamiento y han podido regresar este martes a sus colegios para proseguir sus estudios.

Actualmente son 2.300 los escolares que permanecen confinados. Representan el 3,71% del total de alumnos de Infantil y Primaria del sistema educativo navarro. Por grupos, hay 109 afectados en 53 centros y suponen el 3,12% del total, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

Por otro lado, desde que se iniciará el curso el pasado 4 de septiembre, un total de 203 docentes han tenido una PCR positiva. El sistema educativo navarro arrancó el presente curso académico 2020-2021 con 11.445 docentes, de los que 8.577 son profesorado de la red pública y 2.868, de la concertada.

Las aulas confinadas durante el puente del Pilar han sido: 22 escolares de 4 años de Infantil del colegio Ermitagaña; 22 de cinco años de Infantil del colegio San Donato de Etxarri Aranatz; 11 alumnos de Primaria del colegio de Pitillas; 26 de segundo de Primaria de la ikastola San Fermín de Zizur; 25 de sexto de primaria y 25 de primer curso de Primaria de Santa Luis Marillac de Barañáin; 16 de sexto de Primaria del colegio de Buztintxuri de Pamplona; 26 de sexto de Primaria de la ikastola Paz de Ziganda de Villava; 26 de segundo curso de Primaria del colegio Nuestra Señora del Huerto de Pamplona; 20 de primero de Infantil de la ikastola San Fermin de Zizur; 24 de cuarto de Primaria de San Juan de la Cadena de Pamplona; 26 de cuarto de Primaria del colegio San Ignacio de Pamplona; 23 de segundo de Primaria del colegio Mendialdea I de Berriozar; 16 de segundo de Infantil del colegio Catalina de Foix de Zizur; 14 alumnos y alumnas de segundo curso de Infantil del colegio Luis Gil de Sangüesa; y 25 de sexto de Primaria del colegio San Donato de Etxarri Aranatz.

Además, han sido confinados 29 escolares de sexto de Primaria del colegio Santa Teresa de Jesús de Pamplona; 17 escolares de tercero y cuarto de Primaria del colegio de Sunbilla; 23 de cuarto de Primaria del colegio José María de Huarte de Pamplona; 18 de segundo y tercero de Primaria del colegio Zumadia de Abárzuza; 14 de quinto de Primaria de la ikastola Hegoalde de Pamplona; 14 de sexto de Primaria del colegio D. Bados de Olazagutia; 21 de quinto de Primaria y 25 de sexto de Primaria del colegio Lorenzo Goicoa de Villava; 22 de primer curso de educación Primaria del colegio Teresa Bertrán de Lis de Cadreita; 21 de cuarto de Primaria del colegio San Bartolomé de Marcilla; 25 de sexto de Primaria del colegio Calasanz de Pamplona; 10 de tercero de Primaria del colegio San Veremundo de Villatuerta; 23 de sexto de Primaria y 17 escolares de 4 años de educación Infantil del colegio Rochapea de Pamplona; 15 de primero de Infantil del colegio Virgen Blanca de Huarte; 15 de segundo de Infantil del centro de educación Primaria Evangelista de Pamplona; 25 de tercero de primaria de Paz de Ziganda de Villava; 23 de sexto de Primaria y 27 de cuarto de Primaria de la ikastola Jaso de Pamplona; 18 escolares de 5 años de Primaria del colegio Remontival de Estella-Lizarra.

También han sido confinados 26 de sexto de Primaria del colegio San Ignacio de Pamplona; 27 de quinto de Primaria de Nuestra Señora del Huerto de Pamplona; 28 de quinto de Primaria de Liceo Monjardín; 14 de sexto de Primaria del colegio Santa María de Los Arcos; 18 de tercero de Primaria de Bernart Etxepare de Pamplona; 27 de primero de primaria de Santa Teresa de Jesús de Pamplona; 18 de cuarto de Primaria del colegio Remontival de Estella-Lizarra; 16 de segundo de Infantil del colegio Vazquez de Mella-Bayonne de Pamplona; 21 de quinto de Primaria del colegio Santa Vicenta María de Cascante; 24 de sexto de primaria, 19 de quinto de Primaria y 24 de tercero de Primaria del colegio Iturrama de Pamplona; 25 de quinto de Primaria de Azpilagaña y 16 de cuarto de Primaria de Bernart Etxepare de Pamplona.

Lidl trae a España su colección de moda 'Flow Cost', en la que los protagonistas son el logotipo y los colores corporativos de la cadena de supermercados, y que arrasó el pasado verano tras agotarse en países como Francia, Alemania y Finlandia, según ha informado la enseña en un comunicado.

En concreto, la colección cuenta con camisetas, sandalias, gorras y las ya icónicas zapatillas deportivas con los colores corporativos y el logo de la enseña.

Todos los artículos de esta línea se comercializarán de forma limitada a través del canal de 'ecommerce' de la compañía en España a partir de este jueves, coincidiendo con el segundo aniversario del canal 'online' en España.

Lidl ha recordado que todo empezó como una noticia preparada para el 'April Fools Day', el día de los santos inocentes en Alemania, en el que Lidl anunciaba que presentarían su propia colección de moda. Una vez desvelado que la información no era real, los clientes empezaron a demandarla, convirtiendo el artículo en viral incluso antes de que fuese una realidad.

La cadena de supermercados comercializó esta línea de moda en diferentes países como en Alemania, Finlandia y Francia, donde se agotaron los productos. Así, algunos de los clientes han revendido las 'sneakers' por precios que alcanzaban los 500 euros.

De esta forma, las zapatillas son la pieza más demandada que contienen los colores del logo de Lidl (amarillo, azul y rojo) y arrasaron en Europa por solo 19,99 euros. Además, cuenta con camisetas tanto para hombre como para mujer, calcetines, gorras y chanclas con el logo de la marca.

La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real, ha decretado medidas especiales nivel 1 en Alcázar de San Juan.

Entre las semanas epidemiológicas 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020) y 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020) se han declarado en el municipio de Alcázar de San Juan un total de 64 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los 14 días de 209,31 casos/100.000 habitantes.

Aunque la incidencia ha disminuido, las tasas acumuladas en 14 días continúan por encima de 200 casos/100.000 habitantes, por lo que se recomienda mantener medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Así, se procede al cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.

En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.

Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.

CENTROS DE DÍA

Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de servicios de estancias diurnas de personas mayores.

Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.

Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas de prevención de posibles contagios).

No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.

En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG.., estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con Covid-19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.

Los trabajadores que, tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana, se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación una PCR para descartar la infección por COVID-1.

CELEBRACIONES RELIGIOSAS

Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento interpersonal.

Se procede a la restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10), así como el número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).

Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.

Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios, Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.

Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su aforo al 50%.

Se decreta el cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas o deportivas abiertas al público, independientemente de su titularidad pública o privada. Se permiten espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente. Se determina la suspensión de mercadillos y mercados al aire libre.

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento.

Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.

Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo u convivencia estable y que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.

El Parlamento de Galicia volverá a contar con una comisión de investigación de la fusión de las cajas gallegas --Caixanova y Caixa Galicia-- y su posterior bancarización, más de ocho años después de que se abriese por primera vez en la Cámara autonómica.

Tanto PPdeG como BNG han incluido en el orden del día sendas peticiones concretas sobre esta cuestión, pero ya negocian, también con el PSdeG, un acuerdo para abrir este órgano de investigación parlamentaria con el consenso de todas las fuerzas políticas. La idea es, además, aprovechar los trabajos realizados, que acabaron sin un dictamen de la Cámara.

En el escenario de una comisión de investigación, que los tres grupos tienen intención de hacer por consenso y que en todo caso saldrá adelante en el pleno de la semana que viene, la oposición advierte de que, en primer lugar, la Xunta "tiene" que entregar la documentación que todavía no se envió en su día y, entre otras cuestiones, el viceportavoz del PSdeG, Pablo Arangüena, pide conocer los detalles del informe encargado a KPMG, una 'due dilligente' por la que el Gobierno autonómico pagó un millón de euros.

Además, esta comisión llegará después de que se haya conocido un auto de la Audiencia Nacional en el que se sostiene, sobre la intervención del FROB relativa a las cajas de ahorro gallegas, que "la única razón" por la que tuvo que actuar "fue por la situación económico-financiera en la que se encontraba, en 2010, Caixa Galicia, antes de que se produjera la fusión".

En ese mismo auto se añade que "Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia".

TERCERA VEZ COMISIÓN PARLAMENTARIA

Será la tercera vez que se abre esta comisión en el Parlamento de Galicia, después de que en 2012 arrancasen los trabajos que nunca concluyeron en un dictamen. Cerrada la legislatura, en 2017 se reactivaron los trabajos, pero tampoco hubo dictamen que cerrase este capítulo económico en Galicia.

La comisión de investigación se reunió el 23 de marzo de 2017 para aprobar el plan de trabajo y el 13 de julio de ese año se modificó, siendo la última reunión de este organismo en toda la legislatura pasada.

Con la nueva legislatura iniciada en 2020, el BNG registró el 29 de septiembre una petición el pasado mes de septiembre. Por su parte, el PPdeG registró otra el pasado viernes 9 de octubre, en la que figura inclusive la firma del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Además, los socialistas, que no tienen diputados suficientes para reclamar la constitución de una comisión de investigación por la misma fórmula que PP y BNG, se han dirigido a la Mesa a través de la diputada que la integra --Marina Ortega--, según un escrito recogido por Europa Press, para instar también a la creación de este órgano parlamentario que ponga fin a ocho años sin dictamen.

Ahora los grupos han quedado en negociar, de acuerdo con los servicios jurídicos, una fórmula para que el martes que viene, en la sesión plenaria, salga adelante la constitución de esta comisión por consenso. En esencia, las dos piden lo mismo y solo incluyen dos matices: la impulsada por los populares apuesta por crear una comisión de investigación para "analizar y evaluar", un matiz, el de este último verbo, que no aparece en la que hace el BNG.

Mientras, los nacionalistas señalan en título que los trabajos se retomaron "sin conclusión" en la X Legislatura una mención que, si bien es reconocida por el PPdeG --ya que no hubo dictamen--, no aparece como tal en el título de la comisión de investigación que se ha registrado.

NO FINALIZARON LOS TRABAJOS

En la rueda de prensa posterior a la reunión de los portavoces, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha explicado que hay voluntad de llegar a un "acuerdo general para la puesta en marcha de una comisión que retome los trabajos" de la pasada legislatura.

En su solicitud, los populares apuntan que la comisión terminó sus "dos primeras fases" --solicitud y aportación de documentación y comparecencias--, pero "no llegó a finalizar su dictamen". "Entre otros motivos, porque algunas de las cuestiones relevantes abordadas por la comisión de investigación, por ejemplo las indemnizaciones millonarias recibidas por los exdirectivos, estaban sub iúdice, conociéndose la primera sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional en 2015". La confirmación de la sentencia, por parte del Tribunal Supremo, tuvo lugar el 14 de septiembre de 2016.

Aún está pendiente de resolución en los tribunales algunas de las denuncias presentadas por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) contra los antiguos gestores de las cajas, recuerda el PPdeG en su texto registrado.

Cabe recordar que, precisamente, las conclusiones aprobadas por el pleno de la Cámara relativas a una comisión de investigación, además de ser publicadas en boletín del Parlamento y comunicadas a la Xunta, son susceptibles de trasladarse al Ministerio Fiscal "para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas". Es decir, la propia labor de la Cámara sirve de base investigadora para la Justicia, de ser el caso.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN

Para la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, es necesario "esclarecer qué ocurrió en el proceso de fusión y bancarización" de la entidad financiera que supuso "unas enormes pérdidas sociales". Así, ha mostrado la "voluntad de llevar adelante esta comisión de investigación, con la voluntad muy firme de que culminen los trabajos".

Rodil lamentó que "el veto de la mayoría, que cerró bajo siete llaves" la comisión de investigación hace que "a día de hoy" siga sin haber conclusiones de esta comisión. Además, también afeó que la Xunta "no colaboró con esta cámara, no remitió toda la documentación que debería", pero ahora la voluntad es que "se cree y, sobre todo, que se culminen los trabajos".

Por su parte, el viceportavoz socialista, Pablo Arangüena, ha expresado la buena voluntad de todos los grupos para alcanzar un acuerdo conjunto y ha avanzado que, en todo caso, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, preguntará al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por la valoración del auto de la Audiencia Nacional acerca de que "Caixanova nunca hubiese sido intervenida si no hubiese sido obligada a fusionarse".

Arangüena ha remarcado la "relevancia extraordinaria de esta afirmación muy fuerte" que "desmonta" los argumentos de la fusión. "Los órganos judiciales no hablan gratuitamente", ha apuntado el diputado socialista, quien ha reclamado conocer "la totalidad" del informe de KPMG, del que trascendieron en su día la documentación aportada a la comisión de las cajas y, ya en 2018, la carta de encargo hecha por la Xunta.

El PSdeG ha denunciado que con la pérdida de las cajas los gallegos "perdieron un patrimonio de 8.000 millones de euros", que son "tres cuartas partes" del presupuesto anual de la Xunta. Por ello, ha incidido en que "hay que dar esa explicación" a la ciudadanía.

Los habitantes de Copenhague son los ciudadanos europeos más satisfechos con su ciudad, según se desprende del estudio impulsado por la Comisión Europea sobre la calidad de vida en las ciudades europeas, en la que los vecinos de las capitales escandinavas son los que mejor valoran su ciudad, mientras que Madrid y Barcelona se sitúan arriba en la encuesta.

El estudio, que mide distintos parámetros sociales y la satisfacción general de la población con su vida en la ciudad, señala a la capital danesa a la cabeza con un 98,2 por ciento de encuestados satisfechos con la ciudad, seguido de otras capitales escandinavas, como Estocolmo 97,6% y Oslo, 97,1%.

El dato de satisfacción de los ciudadanos con sus ciudades también es alto en el caso de otras capitales centroeuropeas, como Berlín 91%, Viena 94,2% o Amsterdam, 94,6%. Mientras que los londinenses valoran positivamente su ciudad en un 92%.

En el caso de las ciudades españolas la satisfacción ciudadana también es alta, en el caso de Madrid un 84,2 por ciento de los encuestados se muestra a gusto con vivir en la capital, mientras que los habitantes de Barcelona muestran una satisfacción del 89,3 por ciento.

Estos datos se sitúan en la línea con la aprobación de otras capitales europeas como París (85,6%), Bruselas (87,6%), y Lisboa (88,4%) y bastante por encima de la calidad de vida que perciben los ciudadanos de Roma (74,8%) y Atenas (64,3%), según muestra la encuesta realizada por el Ejecutivo europeo.

Eso sí, el mejor dato en España lo obtienen ciudades más pequeñas, como es el caso de la ciudad de Málaga con un 93,9 por ciento de encuestados que expresan su buena opinión sobre la ciudad en la que viven. Mientras que en Oviedo un 93,5 mostró su conformidad con la capital asturiana.

En términos generales la encuesta señala que las personas que habitan las urbes del norte de Europa son las que están más satisfechas con su ciudad, aunque la valoración de los habitantes de ciudades del este de Europa ha incrementado mucho en los últimos cinco años.

Quienes viven en grandes capitales valoran de ellas el acceso al transporte público, mientras que los habitantes de ciudades más pequeñas destacan la seguridad. En todo caso, la mayoría de los encuestados piensan que su ciudad un buen lugar para que viva alguien de una minoría étnica o sexual.

Sobre calidad de la administración pública, el estudio señala una creciente desconfianza pues la mitad de los residentes en ciudades europeas consideran que hay corrupción en las mismas. Este dato se dispara en el caso de ciudades con peores índices generales de satisfacción ciudadana.