El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto el acento en su interés por negociar las cuentas de 2021, asegura que estará «tendiendo la mano» y ha pedido a la oposición, en este sentido, que «si no votan a favor, al menos se abstengan», mientras que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha confesado que sueña con unos «presupuestos de la Villa».

El proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2021, aprobado este lunes en Junta de Gobierno extraordinaria, asciende a 5.066 millones de euros, sin contar las empresas y organismos autónomos, lo que supone un 8% más que el del año pasado.

El documento ha sido presentado por la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz. El regidor ha destacado que es un presupuesto «para la reactivación económica y para afrontar la crisis social».

Minutos antes, el grupo municipal de Vox insistía en que las bonificaciones de IBI e IAE recogidas en el proyecto de ordenanzas fiscales destinadas a la hostelería y el comercio no son más que «maquillaje político» de PP y Cs y un «rotundo fracaso».

Tras ser preguntado por este posicionamiento, Almeida ha contestado a la prensa que el proyecto de presupuestos recoge «una bajada ambiciosa» de impuestos «en la senda apoyada por Vox» ya en las ordenanzas fiscales en vigor este año, no así en los presupuestos, cuando se abstuvieron. Salieron adelante por la desventaja numérica de Más Madrid.

«UNA BAJADA DE 107 MILLONES NO ES COSMÉTICA»

Almeida ha insistido en que el Gobierno municipal «no va a renunciar a un acuerdo». «Nos sentaremos, hablaremos y trataremos de llegar a un acuerdo porque una bajada impositiva de 107 millones de euros (la referida a la que se llega con las ordenanzas fiscales) no es una bajada cosmética. En el actual panorama de ingresos y gastos, este Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo importante en bajada fiscal. Seguro que llegaremos a un acuerdo con Vox en este punto», ha destacado el alcalde.

En relación a las críticas del PSOE sobre la presentación del proyecto de presupuestos antes de negociarlo con la oposición, Almeida ha contestado que han hecho lo mismo que «todo gobierno», que es «elaborar un proyecto, ponerlo encima de la mesa y ahora empieza el periodo de negociación», igual que «ha procedido el Gobierno de la Nación».

EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN

«El PSOE primero lo negoció durante un mes con su socio de gobierno, Unidas Podemos. Después lo han puesto encima de la mesa para que los distintos grupos parlamentarios, lamentablemente con el apoyo de Bildu, acuerden medidas. No se puede denunciar que no hay voluntad de negociación cuando somos un gobierno que hace sus deberes», ha lanzado a los socialistas.

Al PSOE les ha pedido que «piensen en los madrileños y que no se pongan la venda antes de la herida» porque «la voluntad de este gobierno es tender la mano y llegar a acuerdos para que, en la medida de lo posible, sean aprobados con el mayor consenso posible».

«PRESUPUESTOS DE LA VILLA»

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, por su parte, ha sostenido que el PSOE «puede ser útil en estos momentos» y confía en que, como pasó en julio, cuando el Ayuntamiento fue «ejemplo en toda España», se puedan alcanzar unos «presupuestos de la Villa».

Para ello, el Ejecutivo se abre a «aceptar enmiendas, a no pasar el rodillo» para añadir, a renglón seguido, que sólo en los presupuestos de 2020, PP y Cs aprobaron más enmiendas de la oposición que todas las presentadas por PP y Cs a las que dio luz verde Ahora Madrid en el mandato pasado cuando estaba en el gobierno.

También ha pedido al PSOE que apoyen al Ejecutivo municipal cuando piden al Gobierno presidido por Pedro Sánchez «que mejore el presupuesto para Madrid» dado que el destinado a Cataluña «es casi el doble que el de Madrid, cuando es ésta una de las ciudades más afectadas por la pandemia de todo el mundo».

El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha apelado «a todas las fuerzas políticas» a comprometerse a adoptar medidas que paralicen todos los desahucios de población vulnerable durante la pandemia y, en clara referencia al PSOE, reclama «dar un paso al frente» porque «es el camino que hay que recorrer».

Además, ha subrayado como elemento «fundamental» el desplegar la regulación del precio del alquiler a nivel estatal para evitar subidas abusivas de renta y avanzar en aumentar el parque público de viviendas en arrendamiento.

Así lo ha indicado el también secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular del partido tras comparecer con el coordinador autonómico de Podemos en la Comunidad de Madrid y teniente de alcalde de Alcorcón, Jesús Santos, tras reunirse con personas afectadas por el Plan Permuta durante la etapa del PP en el Gobierno local.

Mayoral se ha referido a esta iniciativa emprendida en el municipio madrileño, que adquirirá 18 viviendas del Plan Permuta y el año que viene la totalidad de estas viviendas para proteger a familias y mayores, que hace año y medio estaban en una situación «desesperada» porque el mensaje que se les trasladaba era que se «iban a quedar en la calle» y que «no se podía hacer nada desde lo público».

Sin embargo, la gestión de Podemos dentro del Ayuntamiento de Alcorcón ha demostrado que se «puede ser útil desde lo público» y que las administraciones se tienen que poner «al servicio de la gente.

El portavoz de Podemos ha señalado que la iniciativa de Alcorcón es «modesta» pero «muy importante» porque revela que se puede dar solución al acceso a la vivienda cuando «hay voluntad».

REGULAR EL ALQUILER ES CLAVE

Por tanto, Mayoral ha enfatizado a nivel estatal que hay que constituir más parque público de vivienda y es «importantísimo» regular el precio del alquiler para evitar subidas abusivas y respetar el derecho de la población frente a los que «especulan».

También ha insistido en la necesidad de paralizar los desahucios durante la pandemia, un elemento «clave» en la actualidad tanto por motivos de salud pública como de «justicia social».

De esta forma, el dirigente de la formación morada llama a avanzar en el «cumplimiento y acatamiento» de las resoluciones del Comité de Naciones Unidas, que insta a hacer un juicio de proporcionalidad en los procedimientos judiciales para que nadie en situación de vulnerabilidad se quede sin vivienda, «mucho menos en situación de pandemia».

Por tanto, Mayoral ha demandado que todas las fuerzas políticas deben «adquirir el compromiso» para prohibir desahucios y ha reivindicado el paso al frente de Podemos en ese sentido.

PROPUESTA YA PLANTEADA EN EL GOBIERNO

Unidas Podemos, por medio de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Pablo Iglesias, ya ha reclamado en el seno de la coalición que el Gobierno impida «de forma efectiva» los desahucios y los cortes de suministros mientras dure el estado de alarma.

Concretamente, planteó a la parte socialista del Ejecutivo la necesidad de articular medidas normativas encaminadas a la prohibición de todos los desahucios por impago de hipotecas, cuando la familia no tenga alternativa habitacional. También en el caso de lanzamientos por impago o finalización de contrato de alquiler, excepto cuando el dueño del piso sea «una persona en situación vulnerable».

Desde la Vicepresidencia exigen, además, impedir desahucios de aquellas familias que estén en situación «precaria» y «sin alternativa habitacional» cuando vivan en pisos de «grandes tenedores» de vivienda, como fondos de inversión o bancos. A ello se suma la prohibición de los cortes de todos los suministros.

Desde Unidas Podemos están a la espera de que el lado socialista del Ejecutivo responda a esta demanda formal de evitar los desahucios en todo su espectro. Se trata de un requerimiento más en materia de vivienda, que se suma a la regulación de los precios del alquiler comprometida en el acuerdo sobre Presupuestos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a once detenidos en una operación en la que se interceptaron 822 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras en abril del año 2018.

Según la sentencia del TSJA, recogida por Europa Press, ratifica la condena de siete años y seis meses de prisión para uno de los acusados, trabajador del y uniformado como portuario el día de extracción y descarga de la droga. Además, de imponerle una multa de 100 millones de euros.

Por otra parte, ocho de los acusados, entre los que se encuentran los conductores de dos camiones y les encargados de alijar la droga, han sido condenados a seis años y nueve meses de prisión, además de una multa de 30 millones de euros cada uno de ellos. Por último, los dos propietarios de los camiones, manipulados con un cajón para la ocultación de la droga, han sido condenados a dos años de cárcel y multa de 15 millones de euros en concepto de cómplices.

Según los hechos probados, en la mañana del 19 de julio de 2018 un camión accedió al recinto portuario, permaneciendo en la terminal de APM durante una media hora. Varias horas después accedió al puerto otro camión con semirremolque, situándose en una posición un tanto incongruente a la terminal y permaneciendo en posición de espera.

Posteriormente, el primero de los camiones volvió al recinto, entrando por el acceso norte por el acceso norte y realizando maniobras extrañas mientras permanecí en la posición de acceso a la terminal, dejando que otros vehículos que le precedían pasaran delante con el fin de conseguir que el otro camión accediera a la terminal a la vez.

Así, uno de los camiones al frenar su marcha y dejar transcurrir unos instantes permitió que siete de los acusados, que iban ocultos en el doble fondo del remolque, comenzaran la operación de extracción y descarga de la droga, haciendo la labores de vigilancia el que era trabajador del puerto y conocedor de la zona.

Posteriormente, tras salir A de la terminal de contenedores con dirección a la salida norte del recinto portuario, fue seguido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que lo interceptaron en el polígono industrial La Menacha, en una explanada situada en el lateral del campo de fútbol. Allí, tras la inspección del vehículo detectaron un cajón metálico de grandes dimensiones situados en las parte central inferiordel semirremolque donde viajaban siete personas ocultas. Además, en el interior intervinieron también nueve teléfonos, tres walkie talkie y una bolsa tipo neceser con un precinto de una naviera.

Por su parte, el segundo camión fue detenido en la carretera N-351, donde se procedió a la identificación del conductor y se observó la existencia de otro cajón metálico de grandes dimensiones que, al igual que en el otro vehículo, no formaba parte de la carrocería. Una vez abierto se localizó en el interior once mochilas de grandes dimensiones con 437 kilogramos de cocaína.

A la vista de los precintos localizado en el remolque donde viajaban los siete acusados ocultos, los agentes actuantes procedieron a inspeccionar los contenedores posicionados en la APM. Una vez en la terminal portuaria, localizado el contenedor y examinado el precinto que lleva puesto, resultó ser idéntico al localizado en el camión, por lo que antes la sospecha de que el precinto fuese usado para sustituir a otro, se inspeccionaron los contenedores colindantes, viendo que uno de ellos cuenta con un precinto falso. Una vez abierto, descubrieron otras 14 mochilas con 474,60 kilos de cocaína.

La portavoz de Cs en el Parlament, Lorena Roldán, ha insistido en que la oferta de una coalición constitucionalista con el PP y el PSC para las elecciones catalanas del 14 de febrero, y ha subrayado que la oferta sigue sobre la mesa porque «sería muy mala idea volver a tener un segundo Govern separatista o un tercer tripartito».

«Porque nos parece que el PSC está en ello, que quiere hacer este tripartito con ERC y los comuns y ya sabemos cómo acabó el otro», ha dicho después de haber sido preguntada por esta cuestión en rueda de prensa telemática este lunes.

En este sentido, para Roldán, Cs tiene el deber y la obligación de evitar que se dé cualquiera de esos dos escenarios: «Ni tener otro Govern procesista ni otro tripartito», ha zanjado.

Por otro lado, ha anunciado que Cs ha registrado en el Parlament una propuesta de resolución para que la Sindicatura de Comptes fiscalice el sistema de ayudas a autónomos y pymes impulsado por la Generalitat.

Roldán ha dicho que desde Cs ven intolerable el fracaso del sistema impulsado, que ha tildado de «chapuza», y cree que realmente no ha ayudado a este sector.

Ha reprochado que los miembros del Govern «estén peleándose constantemente entre sí» mientras que las ayudas a autónomos y pymes aún no se han pagado, algo que ha considerado que es un despropósito, en sus palabras.

PGE

Asimismo, Roldán ha asegurado que Cs este lunes registra un total de diez enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 con el fin de «defender los intereses de Cataluña» y hacer política útil.

Entre otras, ha destacado la petición de un plan de mejora y modernización de las estaciones y servicio de Rodalies, un plan de recuperación del litoral del Maresme (Barcelona), un plan de choque contra la pobreza y exclusión infantil en Cataluña, un programa de ayuda al sector turístico, y un programa de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial.

El socialista Antonio Miguel Carmona ha propuesto, tras el acuerdo del Gobierno con EH Bildu para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el PSOE lleve a cabo un referéndum para «aclarar aspectos políticos de principios» y también que se emprenda otro sobre la eliminación del castellano como lengua vehicular en la educación

En un comunicado, Carmona ha recordado que el PSOE se dotó de este mecanismo «para aprobar un gobierno de coalición con Ciudadanos y posteriormente con Podemos» y que si se ha logrado un «partido tan democrático», ahora no se debe «renunciar a este instrumento: la consulta a la militancia».

Propone sendos referendos tras recoger 150.000 firmas contra la enmienda de los independentistas a la Ley Celáa para eliminar el carácter vehicular del castellano que este y el socialista Zenón Jiménez Ridruejo emprendieron en la plataforma ‘change.org’. Ciento cincuenta mil firmas es como para que los independentistas tengan en cuenta que frente a ellos hay socialismo y frente a la destrucción de nuestra cultura estamos aquellos que la defendemos», ha recalcado.

A la pregunta de si hay un acuerdo con los diputados de Bildu, Carmona ha señalado que «ya lo hibo en relación a la reforma laboral y ahora otro». Ha remarcado que «es ridículo» porque, «además de afectar a los principios, es innecesario». «No necesitamos hombres y mujeres de gobierno, necesitamos hombres y mujeres de Estado», ha insistido.

ACEPTAR LA MANO TENDIDA DE ARRIMADAS

«Tenemos muchos asesinados por ETA como para llegar a un acuerdo con Otegui que ha reafirmado que su voluntad es destruir el Estado», ha proseguido, al tiempo que ha sugerido que «la mano tendida de Arrimadas es generosa». «Debemos aceptarla. No podemos vender nuestros valores y nuestros principios», ha manifestado.

Para Carmona, los PGE deberían salir con el 90 por ciento de los cotos de la Cámara, al igual que la ley de educación. «Tenemos que elevarnos en el peor momento de los últimos ochenta años de nuestra historia», ha concluido.

Los brotes de contagio de coronavirus de mayor tamaño siguen ocurriendo en las residencias de ancianos, ya que de los 1.353 brotes notificados en la última semana, con 9.709 casos asociados, 124 han ocurrido en estos centros, afectando a 1.765 personas.

Así se desprende del último informe sobre la situación de la pandemia del Covid-19, publicado este viernes por el Ministerio de Sanidad, en el que se recuerda que desde que finalizó la desescalada se han comunicado 14.478 brotes con alrededor de 130.700 casos, afectando a todas las comunidades y ciudades autónomas.

A nivel general, los casos asociados a brotes en las últimas semanas suponen el 8,6 por ciento de todos los casos notificados, con gran variabilidad entre comunidades y ciudades autónomas, que va desde el 2,2% hasta un 41%. Además, y aunque el 80,2 por ciento de los brotes son de pequeña magnitud, con menos de 10 casos, los brotes de mayor tamaño continúan ocurriendo en residencias de mayores, algunos con más de 100 casos y con una medida de 14,2 casos por brote.

Asimismo, Sanidad ha avisado de que aún se siguen produciendo brotes en el ámbito laboral en trabajadores del sector agrícola en situación de vulnerabilidad con un número elevado de casos por brote, si bien estos brotes son de menor magnitud que los notificados durante el verano.

Ahora bien, de los brotes notificados en la última semana, el ámbito en el que se ha recogido un mayor número de brotes continúa siendo el social, 368 brotes, con 2.178 casos asociados. De todos ellos, la mayoría se siguen produciendo en reuniones familiares y de amigos (284 brotes y 1.679 casos). También se han notificado 236 brotes familiares que afectan a miembros de la misma familia que viven en diferentes domicilios (interacciones típicas familiares) con 1.288 casos asociados.

Al mismo tiempo, continúan produciéndose brotes en centros sociosanitarios, notificándose esta semana 124 brotes con 1.765 casos en residencias de mayores. Otros brotes importantes son aquellos con un componente mixto, donde la transmisión se desplaza por ejemplo del ámbito familiar a otros ámbitos, como el laboral, social o educativo, y en diferentes sentidos (149 brotes con 1.201 casos desde la última notificación).

En centros educativos se han notificado 205 brotes con 1.178 casos, en general son brotes de pequeña magnitud (media de 6 casos por brote) y los casos asociados a estos brotes suponen el 0,9 por ciento del total de casos notificados en este período. En el ámbito laboral se han notificado 166 brotes nuevos con 1.103 casos. También se han comunicado 38 brotes con 469 casos en centros sanitarios, 34 de ellos en hospitales.

Ahora bien, con todo ello, Sanidad ha avisado de que «no se puede afirmar» que no se estén produciendo infecciones en determinados ámbitos en los que suele ser «complicado» identificar la fuente de infección, como, por ejemplo, aquellos espacios de uso público, transporte público u otros tipos de eventos o lugares donde se reúnen personas desconocidas.

Otra limitación de esta información es que sobredimensiona aquellos ámbitos que están mejor vigilados, como pueden ser las residencias de mayores o los centros educativos, así como aquellos brotes que se producen entre familiares y amigos, personas que se conocen y en las que se puede hacer una correcta trazabilidad de los casos. Además, los ámbitos de ocurrencia de los brotes varían entre las distintas comunidades y ciudades autónomas.

Cáritas ha alertado este lunes del «importante aumento» del número de personas en situación administrativa irregular, que son atendidas dentro de los programas de recursos para inmigrantes de todo el país.

Según explica la organización, este impacto se viene detectando en los últimos años y se está viendo incrementado como consecuencia de la pandemi. La masiva destrucción de empleo y de medios de vida generada por la crisis sanitaria está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas de estas personas.

Al dejar de tener un empleo fijo, se ven abocadas a una situación administrativa irregular, a la pérdida de derechos y a unas condiciones de gran vulnerabilidad e invisibilidad social», advierte Cáritas en un comunicado, recogido por Europa Press.

Según los últimos datos de actividad aportada por las Cáritas Diocesanas de toda España, un tercio de las personas acompañadas a través de sus programas y recursos para inmigrantes están en situación administrativa irregular. Se trata de unas 120.000 personas que, además, debido a su extrema precariedad, necesitan del apoyo de Caritas durante una media que oscila entre 1 y 2 años.

Invisibles para las políticas públicas

Desde la entidad indican que es «una realidad invisible» sobre la que ahora quieren poner el foco dentro de una nueva fase de la campaña ‘Compartiendo el viaje’ y bajo el lema ‘Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos’.

Compartiendo el viaje»‘, explica Cáritas, se puso en marcha en septiembre de 2017 a instancias del Papa Francisco para fomentar la cultura del encuentro y un mayor conocimiento de la realidad de las personas que se ven obligadas a migrar: hombres, mujeres, niños y niñas, cada uno con su nombre y su vivencia y un lugar de origen, tránsito y destino.

Uno de los ejes estratégicos de la acción de la organización en su lucha contra la pobreza es «el trabajo con miles de personas invisibles para las políticas públicas», como es el caso de estos inmigrantes para quienes «no existen nunca fondos oficiales, ni estatales ni europeos», puesto que se trata de personas en situación administrativa irregular y, por tanto, «no cuentan, no están, no existen».

«Hablamos de personas que hasta ayer mismo desarrollaban en nuestra sociedad un trabajo legal y remunerado en sectores de actividad económica muy relevantes, como la restauración y la hostelería, el cuidado de personas dependientes, el empleo del hogar o la mensajería», explican, para indicar que, al perder estas personas su empleo, han perdido también, según «lo establecido en la actual Ley de Extranjería, su estatus legal y, con ello, el acceso a derechos básicos».

Testimonios reales

En muchos casos y dado que no pueden disponer de ninguna ayuda ni prestación social, estas personas tienen miedo y dejan de salir a la calle por temor a ser expulsados», advierte Cáritas.

Para la campaña, la entidad ha hecho un recorrido por distintas situaciones de irregularidad sobrevenida en las que se encuentran personas migrantes que «ponen en evidencia» cómo las leyes pueden no ser justas, como ocurre con la Ley de Extranjería.

En este sentido, explica la entidad, tanto Cáritas Española como Cáritas Europa, defienden un planteamiento alternativo del marco legal de migración, con objeto de que la puerta de acceso a los derechos de estas personas no dependa exclusivamente del mercado laboral.

A su juicio, en la situación económica actual dominada por la crisis social y económica causada por la Covid-19, tener empleo fijo no está al alcance de la mayoría de las personas. Y en el caso de miles de personas de origen extranjero, advierte Cáritas, quedarse fuera del mercado laboral significa pasar a la invisibilidad y a la pérdida de derechos propios y de sus familiares.

«La Ley de Extranjería está orientada primordialmente a la regulación del flujo de mano de obra extranjera. Sin embargo, quienes llegan son, por encima de su condición de trabajadores, personas», apunta.

Ante esa situación, la organización propone una «integración social basada en los criterios del arraigo social», que ponga en valor «las raíces de estas personas en la comunidad donde trabajan y viven», y de «la vecindad, ordenada a través de la figura del empadronamiento».

«De esta forma, quedarían garantizar la renovación o el acceso de estas personas a una situación administrativa regular y, por tanto, al disfrute de derechos básicos: «queremos vecinos», ha concluido.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aseverado este lunes que no entendería que el Partido Popular se alejase de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial después de conocer el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así se ha expresado en una entrevista en ‘Canal Sur Radio’, en la que ha pedido a la formación que lidera Pablo Casado que no asocie la idea de que «unos grupos apoyen» las cuentas públicas con la necesaria renovación de los órganos constitucionales.

Así, el titular de Justicia se ha referido a la fecha que él mismo apuntó como la deseada para llegar a un acuerdo, y que rondaría sobre el Día de la Constitución, el próximo 6 de diciembre. «Es una fecha simbólica porque creo que necesitamos ese tipo de frontispiscios en los cronos pero no podemos mezclar cosas», ha aclarado, al tiempo que ha advertido a los ‘populares’ que no cabe hablar de «partido de estado» si no está dispuesto a cumplir las leyes.

«Lo que llama la atención es que en la situación en la que estamos de pandemia, lo que no puedo entender es cómo el PP no apoya esos presupuesto que lo que van a permitir es recoger unos fondos europeos nunca vistos para poder transformar el país», ha insistido. Asimismo, ha asegurado que la formación de Casado se «avendrá» a la renovación de los órganos constitucionales «más pronto que tarde» porque eso es «fortalecer la democracia, vivificarla y hacer que los ciudadanos confíen en las instituciones».

Si bien ha enfatizado que no contempla la posibilidad de que el PP siga bloqueando la renovación, ha recordado que «hay aparcada», tal y como planteó Sánchez, «una proposición de dos grupos para poner el reloj en marcha de la democracia».

REFORMA DELITO DE SEDICIÓN

Preguntado en relación con la reforma del delito de sedición, Campo ha señalado que el Plan normativo la establece para antes de fin de año, aunque ha matizado que estos plazos se han de cumplir, pero con la «flexibilidad propia de los marcos legislativos».

«Realmente no debe asustar a nadie, se trata de adecuar el código penal a otros referentes como el alemán, el portugués, el italiano o el francés», ha indicado, a la vez que ha insistido en la necesidad de reformar el Código Penal en este punto, tras casi 200 años sin modificarse. «Son conductas muy graves que tienen que ajustarse a la realidad de los tiempos», ha incidido en esta clave

Por otro lado, también se ha referido a los indultos y ha dejado claro que no tiene «una bola de cristal» para saber cuándo se pondrán en marcha. Ha explicado que el Ministerio de Justicia no controla los plazos, sino que cumple con su obligación de poner en marcha todas la peticiones que lleguen sobre sentencia firme. «Será el Tribunal Sentenciador el que tenga el control de tiempos», ha insistido.

Así, sobre su postura acerca de los indultos, Campo ha dicho rotundamente que «no hay postura» y que lo que tiene claro es que «el derecho de gracia es un derecho excepcional y en determinadas circunstancias puede otorgarse». «Habrá que esperar a ver que dice el TS, la Fiscalía, las instituciones penitenciarias, porque el indulto es un expediente personalísimo y es de cada penado», ha zanjado sobre este asunto.

Preguntado también acerca de si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los eurodiputados Clara Ponsatí y Toni Comín dañan la imagen de España a propósito de que este lunes comienza el suplicatorio para levantar su inmunidad, ha señalado que «España es un estado de derecho donde se respetan derechos fundamentales a través de procesos transparentes». «Las conductas que se vieron el 1 de octubre fueron delitos graves, en unos se llama sedición en otros no», ha deslizado.

DEFIENDE LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO DEL REY

Respecto a la ubicación de Juan Carlos I, Campo ha explicado que «no hay medida cautelar contra él» por lo que «se puede mover como ciudadano libre que es». Además, ha añadido que está convencido de que si se le llama «acudirá de manera inmediata» y que si «ha entendido que era mejor ausentarse del país» no tiene nada que opinar.

«En este sentido creo que lo que hay que resaltar es que la justicia es igual para todos, pero también todos tienen derecho a la presunción de inocencia», ha señalado para después pedir que se deje actuar a la Fiscalía. «Creo que la Corona en estos momentos está haciendo un esfuerzo enorme por superar este circunstanciado, con transparencia. No nos olvidemos de que la monarquía forma parte de nuestro modelo constitucional», ha apostillado.

Por último ha aclarado que «no hay ninguna herida ninguna arista que limar» con la Corona y que todo el Gobierno tiene clara su defensa. Ha concluido diciendo que las «opiniones puntuales» de miembros del Gobierno obedecen a «actuaciones puntuales y también a que se trata de un Gobierno de coalición con partidos diferentes, que encaran estas situaciones de una manera distinta».

Las ciudades de Barcelona, Murcia y Vitoria han sido reconocidas entre las 33 ciudades europeas mencionadas en la Lista A de Ciudades publicadas por la organización CDP. Dicha clasificación premia sus esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y construir resiliencia a los impactos provocados por el cambio climático a pesar de la crisis sanitaria de la COVID-19.

Las 33 ciudades europeas que figuran en el estudio, según explica CDP, suponen alrededor del cinco por ciento de la población europea y muestra un gran progreso desde que se firmó el Acuerdo de París en 2015. La organización señala que solo tres ciudades europeas, un 9%, de la Lista A tenían un objetivo del cero neto en el 2015 comparado con las catorce del 2020, que suponen un 42%.

Asimismo, CDP ha observado como en 2015, el 60 por ciento de las Ciudades de la Lista A en Europa no tenían objetivos de reducción de emisiones, pero en la actualidad las 33 ciudades los tienen. A pesar de la situación originada por la COVID-19, el 39 por ciento de las ciudades europeas son nuevas en la Lista A. En Europa, las nuevas incorporaciones han sido Murcia, Porto, Zúrich, Helsinki, Florencia y Copenhague.

De entre todas las ciudades europeas que están en la Lista A de CDP, Dinamarca tiene el número más alto (6), seguido por Suecia (5), Finlandia (4), España y Portugal (cada una con 3). Otro de los aspectos innovadores que destaca CDP en la Lista 2020 son las ciudades que han adelantado en sus objetivos sobre la energía renovable con diez ciudades europeas trabajando para conseguir que su energía sea 100% renovable para el 2050 o antes. Algunas ciudades como Copenhague, Turku y Estocolmo, ya han alcanzado el 50 por ciento o más de sus objetivos.

Para tener una puntuación A, CDP detalla que una ciudad debe revelar públicamente sus datos y tener un inventario de emisiones de toda la ciudad, haber establecido un objetivo de reducción de emisiones, así como publicar un plan de acción climática y haber completado una evaluación sobre riesgos climáticos y vulnerabilidad. Por último, también  deberá completar un plan de adaptación climática para demostrar cómo abordará los peligros climáticos ahora y en el futuro.

Euskadi registró 6.054 defunciones en el segundo trimestre de 2020, un 19,5% más que hace un año. De ese total, el 20,1% se atribuye al covid-19, que está detrás como causante de 1.218 de esas muertes, según los datos elaborados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

El incremento en el número de defunciones ha sido del 24,2% respecto a la media de los últimos 10 años. Entre abril y junio se han producido en Euskadi un total de 987 fallecimientos más respecto al mismo trimestre del año anterior, y 1.178 más que la media de la década anterior.

Por territorios, en Bizkaia el aumento de las defunciones llegó al 20,9%, mientras que en Álava fue del 19,1% en Álava y del 16,9% en Gipuzkoa. Por sexos, fallecieron 2.910 hombres y 3.144 mujeres, lo que supone un incremento del 13,2% para los hombres y del 26% para las mujeres.

Las principales causas de defunción se encuentran los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, que produjeron 1.457 y 1.284 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que entre ambas sumen el 45,3% de las defunciones. Como tercera causa de mortalidad se sitúa el covid-19 con 1.218 casos, el 20,1% del total.

Estas muertes por covid-19 se clasifican en 2 grupos: 1.034 lo fueron por covid-19 confirmado y 184 por probable presencia del virus. Además, hubo otras 160 defunciones en las que el covid-19 estuvo entre las causas de defunción certificadas, pero sin ser la causa fundamental.

Por territorios, la cifra más elevada por muertes por coronavirus corresponde a Bizkaia, con 741 decesos; seguido por Gipuzkoa con 263 y Álava con 214. En cuanto a las capitales, destaca Bilbao, con 287 defunciones motivadas por coronavirus, seguida por Vitoria con 175 y San Sebastián con 55. También sobresale Barakaldo, con 88 defunciones.

En el acumulado del primer semestre de 2020, se produjeron un total de 1.720 defunciones debido al covid-19; de entre ellas, 1.463 se vieron confirmadas por un análisis específico, en tanto que 257 fueron diagnosticadas como covid-19 probable. La mayoría de estas defunciones tuvieron lugar en los meses de marzo (502) y abril (1.048), reduciéndose en mayo a 147 y casi desapareciendo en junio (23).

Conviene resaltar que el covid-19 estuvo también presente en otras 206 defunciones de estos mismos meses, pero sin constituir la causa principal de las mismas, conforme aparece en los certificados médicos de defunción y aplicando los criterios de codificación de causas de muerte de la Organización Mundial de la Salud.

CAUSAS

Las defunciones por causas respiratorias descendieron un 35,9% respecto al mismo trimestre del año anterior. Las defunciones por enfermedades del sistema nervioso fueron 349, lo que supuso un descenso del 1,7% respecto al mismo trimestre del año anterior y de un 11,9% respecto al cuarto trimestre de 2019. Por su parte, las defunciones causadas por enfermedades digestivas fueron 227, con un descenso del 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

El motivo de las defunciones continuó siendo distinto según el sexo; entre los hombres, los tumores fueron la primera causa de defunción (29,5%) y, entre las mujeres, las enfermedades del sistema circulatorio (22,5%); éstas últimas fueron la segunda causa (19,8%) para los hombres, mientras que para las mujeres fue el covid-19 (21%).

Por lo que respecta al crecimiento vegetativo del País Vasco, fue negativo en el primer trimestre de 2020, con un descenso de 2.470 personas y en los tres territorios se ha perdido población: en Bizkaia 1.698 personas, en Gipuzkoa 577 y en Álava 195.

La cifra de defunciones de mujeres (662) superó a la de hombres (556), mientras que, por edad, cabe destacar que el 75,4% de las defunciones por COVID-19 se produjo en mayores de 80 años y un 22,3% en el grupo de personas entre 60 y 80 años.

Estas defunciones se produjeron, de forma mayoritaria, en los hospitales vascos (55,1%), seguidos por las residencias socio-sanitarias (38,9%), los domicilios (4,2%) u otros lugares (1,8%).

Un total de 47.201 personas en las listas de espera de la dependencia han fallecido en lo que va de 2020, según datos del Ministerio de Derechos Sociales recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En concreto, han fallecido 29.453 dependientes con derecho y 17.748 pendientes de valorar de enero a octubre de 2020. Esto representa 160 fallecidos al día en el «laberinto burocrático de la ley», lamenta la asociación.

Por comunidades autónomas, Cataluña se sitúa a la cabeza con 12.013 fallecidos en lista de espera de dependencia de enero a octubre de 2020. Le siguen Andalucía, con 9.944; Madrid, con 4.736; Comunidad Valenciana, con 4.510; Canarias, con 2.747; y País Vasco, con 2.137.

Los Directores de Servicios Sociales critican que «después de casi un año del pacto de Gobierno, el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado ni en un solo euro, la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia».

«Se está abandonando sin atenciones a las 376.707 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento», ha denunciado la Asociación.

Según el último MoMo elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales en el que se analiza la mortalidad de las personas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) y teniendo en cuenta los datos hasta el mes de octubre, 148.530 personas han fallecido este año con solicitud de dependencia.

Se observa un exceso de mortalidad de 40.065 personas en el SAAD (un incremento del 36% de la esperada) afectando al 2,1% del total de solicitantes. El 82% de los fallecidos tenía más de 80 años y el 42% de fallecidos tenían un Grado III de dependencia.

En concreto, la asociación observa un «impacto muy elevado» en la mortalidad excesiva en personas atendidas en residencia (46.756 fallecidos), con un exceso de fallecimiento de 20.922 personas, lo que supone el 8,4% del total de personas dependientes atendidas en residencias.

La tasa de dependientes fallecidos en residencia fue de 199,4 por cada 1.000. Las mayores tasas se registraron en Madrid (293), Castilla La Mancha (261) y Cataluña (237).

«El impacto del Covid-19 en el Sistema de atención a la Dependencia ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias», lamentan los Directores de Servicios Sociales.

En concreto, señalan que las tasas de variación a 31 de octubre de 2020 respecto a los datos de antes del Estado de Alarma, son todas negativas: 34.607 personas menos con derecho a prestación pendientes de recibirla (un 12,9% menos); 38.925 personas menos beneficiarias con derecho (un 2,8% menos); 52.750 solicitudes menos (-2,8%); 41.952 resoluciones menos (-2,4%) y 4.318 personas beneficiarias con prestación menos (-0,4%).

«Ni siquiera se mantiene la tasa de reposición y las listas de espera bajan no por ser atendidas, si no porque engrosan las listas de los cementerios», advierten.

EL 27% DE DEPENDIENTES FALLECIDOS ESTABAN EN RESIDENCIA

Según precisan, el 27% de las personas dependientes beneficiarias fallecidas en este año vivían en una residencia. Las comunidades donde es mayor este porcentaje son: Cantabria (44,8% de las personas beneficiarias fallecidas contaban con atención residencial), Cataluña(39,1%), Castila-La Mancha (36,7%) y Madrid (32,8%). Aquellas donde es menor son: Castilla y León (11,4%) y La Rioja (12,6%).

Por todo ello, piden al vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que «convoque urgentemente el Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia cumpliendo con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos (2017)».

También reclaman «agilizar los trámites y eliminar las listas de espera» y aplicar medidas de suspensión temporal y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resoluciones administrativas.