El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, instar al Gobierno de la Junta a establecer una moratoria en virtud de la cual se paralice la implantación de nuevas macrogranjas en Andalucía, así como la ampliación de las ya existentes.

Se trataba de una de las reivindicaciones de la proposición no de ley (PNL) que el grupo Unidas Podemos por Andalucía ha defendido este jueves ante el Pleno, y que, en su conjunto, ha sido parcialmente rechazada por la mayoría absoluta de la Cámara, pese a contar con el apoyo del PSOE-A y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía.

De igual modo, PP-A, Cs y Vox han rechazado que el Parlamento exprese su "apoyo a las explotaciones de ganadería extensiva, social y familiar, que han sido las grandes perjudicadas en las estrategias agrícolas europeas y estatales, apostando con ello de forma clara por la agricultura tradicional y la ganadería extensiva del vacuno, ovino, caprino y porcino, respetuosa con el medio ambiente y que ha demostrado su sostenibilidad".

En cambio, el Pleno del Parlamento sí ha acordado, con los votos de PSOE-A, Unidas Podemos y los diputados no adscritos, la abstención de PP-A y Cs, y pese al voto en contra de Vox, instar a la Junta a que a su vez inste al Gobierno de España a desarrollar "un marco normativo que proteja a los ganaderos frente a las empresas integradoras, verificando de forma continua en las macroexplotaciones que los requisitos legales se siguen cumpliendo y se mantienen las normas de calidad, tanto para los trabajadores como para los animales que allí se producen".

En defensa de la PNL, la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha advertido del "crecimiento exponencial de la ganadería industrial intensiva a gran escala" que en Andalucía "está dificultando la viabilidad, cuando no destruyendo, las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas, la ganadería social y familiar".

"La situación es especialmente grave ya que, a la destrucción de empleo y tejido económico y social tradicional, le sumamos los graves problemas medioambientales que generan esta producción hiperintensiva", han continuado desde Unidas Podemos, desde donde se sostiene que "las macrogranjas arrasan con todo, maltratan a los animales y provocan despoblación en los municipios afectados por su implantación".

DEFENSA DE LA GANADERÍA EXTENSIVA

Frente al modelo del que las macrogranjas son su "baluarte más significativo", desde Unidas Podemos han reivindicado el de la "ganadería extensiva, social y familiar, que es sostenible ecológicamente, conserva la biodiversidad, mejora el suelo, fija gases de efecto invernadero a través de las praderas, lo que contribuye a mitigar el cambio climático, y en la que el ganado, además, cumple con funciones de protección forestal frente a los incendios".

"Esa ganadería crea empleo, arraiga la población al territorio y permite producir alimentos de alta calidad", mientras que "las macrogranjas intensivas están caracterizadas por una producción masiva, rápida y lo más barata posible, lo que conlleva unos mayores costes ecológicos", además de "peor calidad del producto y escasísima creación de empleo", según han insistido desde Unidas Podemos por Andalucía.

La iniciativa defendía que, "para evitar la cronificación definitiva de esta situación hay que apostar por un modelo de producción ganadera prioritariamente extensivo y ligado al territorio, que vele por el mantenimiento del medio de vida de las y los ganaderos priorizando el desarrollo rural y la fijación de población, y al mismo tiempo, desarrollar una regulación del sector ganadero que establezca, por una parte, un tamaño máximo de las explotaciones en cada sector productivo, y la revisión de la carga ganadera admisible en función de las realidades de los ecosistemas y de las previsiones de cambio climático".

Finalmente, Unidas Podemos han subrayado que "el establecimiento de una moratoria para la instalación y ampliación de las macrogranjas andaluzas no es una solución nueva, sino que ya ha sido incorporada en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha, Aragón, Cataluña y Navarra".

La Comisión Europea ha instado a los Estados miembros a secundar su propuesta de limitar el uso del pesticida sulfoxaflor en los invernaderos, una iniciativa con la que pretende proteger a las abejas del efecto negativo que esta sustancia puede tener sobre ellas.

"Espero que los Estados miembros apoyen esta propuesta", ha dicho la comisaría de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, en un comunicado, quien ha apuntado que buscará de nuevo el apoyo de los países de la UE tras no lograr una mayoría suficiente en una reunión técnica previa.

La propuesta del Ejecutivo comunitario, que lleva un año en negociaciones con los Estados miembros, se presentó ante el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, que reúne a los 27 a nivel de expertos, pero no lograron la mayoría cualificada necesaria para sacarla adelante.

"Los hallazgos científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria muestran que el uso sulfoxaflor puede ser dañino para los abejorros y las abejas. Es nuestra responsabilidad, y de suma importancia, proteger a nuestros polinizadores y nuestra biodiversidad para las generaciones presentes y futuras", ha agregado Kyriakides.

Por otro lado, la Comisión ha lanzado una iniciativa para impulsar la adopción de biopesticidas en sustitución de los pesticidas químicos en toda la UE, tras la reciente aprobación de una regulación que permite utilizar microorganismos como sustancia activa para proteger a las plantas, que se prevé que entre en vigor en noviembre.

"Los pesticidas biológicos pueden proteger los campos con menos riesgos para la salud humana y el medio ambiente", ha enfatizado Kyriakides en un comunicado en el que, además, señala que como parte de la estrategia de la Granja a la Mesa, la UE se ha comprometido a reducir un 50% el uso de pesticidas químicos en 2030.

Una vez que la nueva regulación entre en vigor, la autorización de productos biológicos para la protección de las plantas será más rápida, sin embargo, la nueva normativa someterá las propiedades biológicas y ecológicas de los microorganismos a análisis científico para demostrar que son seguros antes de recibir luz verde para su uso como sustancias activas en los productos fitosanitarios.

El juicio contra el empresario Bartolomé Cursach comenzará el 13 de junio de este año y se prolongará varios meses hasta finalizar el 13 de enero de 2023 -en agosto no habría sesiones del macrojuicio al ser un mes inhábil-, según han confirmado fuentes del caso.

Cursach, quien ya estuvo privado de libertad desde el 28 de febrero de 2017 hasta el 18 de abril de 2018, se enfrenta una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años y medio de cárcel al haber sido acusado de delitos de pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones. Además, también se le reclama a Cursach un total de 15 años de inhabilitación especial para toda actividad relativa a la hostelería, ocio o recreo, así como una sanción económica de unos 60.000 euros.

En concreto, la sanción económica correspondería al delito de cohecho activo continuado, que también implica cinco años de prisión y la inhabilitación especial para cargo o empleo público por tiempo de diez años.

Asimismo, por el delito continuado de coacciones se solicita una pena de 24 meses de prisión, mientras que por pertenencia a un grupo criminal se pide la pena de 18 meses de cárcel e inhabilitación especial por tiempo de 15 años.

En el macrojuicio también se sentará en el banquillo Bartolomé Sbert Nicolau, quien fue director general del Grupo Cursach Ocio cuando tuvieron lugar los hechos denunciados. Se le acusa de los mismos delitos y se solicita una pena de 18 meses de cárcel, 15 años de inhabilitación en actividades relacionadas, diez años para todo cargo o función pública y una multa de otros 60.000 euros, entre otros.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado de nuevo este jueves su rechazo a emprender una investigación que se ciña a los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia o centros vinculados, y ha sugerido que incluso le parecería "una falta de respeto" a víctimas que los hayan sufrido en otras instituciones.

"De mí no va a salir que solo se puede investigar una institución concreta. Me parece que eso es una falta de respeto, se deben investigar los abusos en cualquier tipo de credo, religión e institución pública o privada en la que haya una relación con menores. Ese es el posicionamiento de la Xunta", ha sentenciado, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

De hecho, ha argumentado que este tipo de actos, que ha calificado de "moralmente despreciables" e "injustos", se producen en diversos tipos de instituciones, antes de insistir en que "todos" deben ser investigados. "¿O si se produce un caso en un centro de menores o en un colegio se queda fuera?", se ha preguntado.

En su intervención, ha defendido que su planteamiento "es a más". "Si alguien piensa que vamos a mirar hacia otro lado con los abusos a menores, se equivocan. Hay que investigar todos los casos, hacer justicia y reparar los daños en todos ellos", ha recalcado.

Y a renglón seguido, ha agregado que en "la sociedad y el país" que él defiende "siempre se necesita una causa general" contra los abusos sexuales a menores. "Da igual quién los ejecute o lleve a la práctica", ha dicho, convencido de que "si se quiere investigar, hay que hacer una causa general" y no "particular".

"Si tenemos que hacer una investigación, investíguese todo y a todos", ha esgrimido, antes de volver a insistir en que hay denuncias que afectan "a todas las instituciones", y a que se deberían investigar también los abusos "en todas las religiones". "¿O los casos de víctimas de instituciones que no sean eclesiásticas no los vamos a investigar?", se ha preguntado.

¿INVESTIGACIÓN DE LA VALEDORA?

Preguntado acerca de qué le parecería que la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, impulsase una investigación en el ámbito autonómico, el presidente ha incidido en que habría que "ponerse de acuerdo" acerca de si lo hacen los valedores autonómicos o el Defensor del Pueblo.

Bajo su punto de vista, "no tiene sentido" una actuación "a la vez" de las dos instituciones. Eso sí, ha asegurado que si el Defensor quiere "delegar" en la valedora do Pobo, en el caso gallego, su Ejecutivo no tiene "nada que decir más que ayudar y motivar".

El programa concurso 'Saber y Ganar' celebrará sus 25 años de emisión con un programa especial en La 2 de TVE que se emitirá el jueves 17 de febrero --día que se emitió el primer programa en 1997-- a las 22 horas, y que se grabó en la sala La Paloma de Barcelona.

En rueda de prensa este jueves en la sede de RTVE Catalunya, el presentador Jordi Hurtado, que acumula más de 4.000 horas de emisión y 450.000 preguntas formuladas, ha reconocido que su secreto es intentar que "cada programa sea como aquel primer programa", en un formato de 'quiz show' donde todo lo que sucede es absolutamente verdad, ha dicho.

Hurtado ha destacado que, además de la celebración, el 17 de febrero se emitirá igualmente el programa de mediodía, e inmediatamente tras el especial de los 25 años, La 2 recuperará esa misma noche el estreno de 1997 y el programa número 5.000, emitido el 1 de junio de 2018.

El especial de los 25 años contará con 'sketchs' de programas de RTVE como 'Cuéntame', 'Viaje al centro de la tele' y 'El condensador de fluzo', y otros gags que mostrarán 24 horas en la vida del presentador y el 'making off': "Todo, con mucho humor", ha celebrado Hurtado.

Además, participarán miembros del equipo como Juanjo Cardenal y Elisenda Roca, las voces del programa, y Pilar Vázquez, y también algunos de los concursantes "magníficos" de 'Saber y Ganar', que son los que han conseguido mayores éxitos a su paso por el programa.

25 AÑOS

Preguntado por la estabilidad del formato, ha defendido que siempre se haya basado en los conocimientos: "Juegas con unos elementos musicales, culturales, de una forma muy divertida, y estás haciendo preguntas, pero jamás se ha pretendido que cambie su estilo".

El presentador ha hablado también de dificultades y ha recordado, por ejemplo, que el programa desaparecía durante tres semanas por el Tour de Francia cuando no existía el canal Teledeporte, y a la vuelta tenían que esforzarse para recuperar la audiencia, tendencia que, según él, se ha revertido con la creación del canal de temática deportiva.

PROGRAMA DE MÁS AUDIENCIA

Han estado en la presentación el creador del programa y realizador, Sergi Schaaff; el director de RTVE en Catalunya, Oriol Nolis, y el director de La 2, Samuel Martín Mateos.

Martín Mateos ha destacado que este es el programa de más audiencia de la cadena que dirige: "Lo menos que podíamos hacer es abrir el 'prime time' de La 2 a 'Saber y Ganar' el mismo día que cumple los 25 años".

Oriol Nolis ha subrayado el compromiso con los programas producidos desde Sant Cugat para toda España y ha asegurado que 'Saber y Ganar' "tiene presente y tiene mucho futuro" porque se ha adaptado a los nuevos consumos televisivos, como su disponibilidad en RTVE Play.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado una pena de once años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de dos niñas de cinco y seis años en Campohermoso en Níjar (Almería) que estaban bajo el cuidado de su esposa, de forma que aprovechó momentos puntuales en los que esta salía de casa o no estaba pendiente de ellas para someterlas a tocamientos.

El fallo confirma la comisión de dos delitos de abuso sexual a menores de edad e impone además al acusado la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de ellas y comunicarse por un periodo de 12 años, toda vez que deberá indemnizar por daños morales a cada una de las pequeñas con 18.000 euros.

Así, la Sección Segunda ya dio por probado que el acusado aprovechó varias ocasiones en las que se quedó a solas con las menores de cinco y seis años que estaban al cuidado de su mujer, entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, para someterlas a tocamientos tras desprenderlas de su ropa.

En este sentido, el hombre llegó incluso a exhibir vídeos pornográficos a una de las menores, de modo que se aprovechó en todo momento de su superioridad física e intelectual para decirle a ambas que no dijeran nada a nadie porque eso "era un secreto".

El tribunal de origen destacó el relato "suficientemente extenso, coherente, completo y rico en detalles, condicionado, eso sí, por su corta edad y escasa madurez" ofrecido por las menores, de modo que "no se limitaron a responder de forma afirmativa o negativa a las preguntas que le formularon las psicólogas, sino que los describieron de forma espontánea" lo que, según consideran, no podrían haberse inventado de no haberlas vivido debido a su inmadurez sexual.

Así, atiende también la declaración ofrecida por la madre de las niñas, que dejaban a las menores al cuidado de la esposa del acusado cuando ellas marchaban a trabajar en faenas agrícolas. La confesión de las niñas vino tras ser preguntada por una de las madres, ante lo que confesaron tocamientos que se habrían producido, al menos, en cuatro ocasiones.

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha acordado mantener en prisión a Javier Biosca, el principal investigado por la presunta estafa con criptomonedas cometida a través del grupo empresarial Algoritmhmics, ante el "evidente riesgo de fuga" y asegurándose de esa forma que se evite la "destrucción de fuentes de prueba".

En un auto de este mismo jueves, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 desestima la petición de modificación de la situación personal de Biosca después de que la Fiscalía propusiese su libertad bajo fianza de un millón de euros.

Las acusaciones ejercidas por perjudicados, que están representados por los despachos de abogados de Emilia Zaballos y Juan Carlos Gómez León, mostraron este miércoles su perplejidad y confiaron en que el juez no adoptase esa medida.

El juez justifica su decisión aludiendo a "la situación actual del procedimiento y las diligencias pendientes de ser cumplimentadas, cuya libertad podría frustrar el buen fin de mismas". Eso aconseja, por tanto, "el mantenimiento de su situación en tanto se cumplimentan las mismas y se pone fin a la instrucción".

"No podemos obviar el tipo de delito investigado y la dificultadque entraña el mismo, lo cual conlleva, además de evitar un evidente riesgo de fuga que podría darse, evitar destrucción de fuentes de prueba", añade el magistrado.

Así, el juez incide en que "existen motivos bastantes para creer responsable al investigado del delito, aconsejándose la medida a fin de evitar la sustracción a la acción de la justicia, dada la posible pena a imponer, y ante una posible fuga del mismo, por el temor a su imposición, sin que hayan variado las circunstancias ni existan otras nuevas que supongan una modificación de su situación personal".

En este contexto, Abascal asegura que del "avance de las actuaciones y de la documentación obrante en el proceso se infiere una confirmación de la existencia de indicios de la posible comisión por el investigado preso de los graves delitos que se le atribuyen, lo que podría provocar un riesgo de fuga más que evidente como se acreditó" anteriormente.

MÁS DE 100 MILLONES ESTAFADOS

La Audiencia Nacional comenzó a investigar este asunto a raíz de las querellas presentadas por particulares y por la Asociación de Afectados por las Inversiones en Bitcoins contra el 'clan' Biosca y Algoritmhmics Group, la empresa creada por el bróker con la que se habría perpetrado la estafa.

En la querella de esta asociación, que calcula que habría unos 300 afectados y más de 100 millones de euros estafados, se detalla que Biosca y su familia crearon un negocio dedicado a las inversiones en criptomonedas en 2019 pero que carecía de todo tipo de autorizaciones, dado que no estaba inscrito, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras montar ese 'chiringuito financiero' comenzaron a captar clientes que debían entregar su dinero a Biosca, quien garantizaba una rentabilidad del 20 o del 25 por ciento semanal --al menos al inicio--. Dado que los primero inversores comenzaron a recibir beneficios, se corrió la voz entre familiares y amigos alabando la figura de confianza de Biosca y el negocio pasó rápidamente de los 30 inversores a los 500.

Pero con la llegada de la pandemia de coronavirus y el confinamiento se produjeron los primeros incumplimientos. Biosca dejó de pagar a casi todos los inversores, lo que contribuyó a extender la desconfianza en este producto financiero. A finales de octubre de 2020 Algoritmhmics Group dejó de hacer abono de cantidad alguna.

Biosca está acusado de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público, delitos que habría perpetrado a través de la empresa Algoritmhmics Group captando desde 2019 a inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho un llamamiento a no olvidar que durante la pandemia "surgió lo mejor de los seres humanos" y los españoles fueron capaces de hacer frente a las dificultades "con generosidad, sacrificio y entrega".

"Demostramos que España cuando quiere, cuando estamos todos unidos, al margen ideas o confrontaciones políticas, somos un gran país y en los momentos difíciles España y los españoles estamos a la altura", ha elogiado en un momento en que "se está viendo la luz al final del túnel".

Robles ha enviado este mensaje en un acto de homenaje a las víctimas del coronavirus celebrado en la base de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Torrejón de Ardoz (Madrid), en el que también ha participado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

"Madrid sufrió lo indecible en aquellos meses, cuando simbolizó el horror de la pandemia. Siempre sentimos que en esa lucha que entablamos los 47 millones de soldados que había en España, ocupaban un lugar preferente para la sociedad madrileña la UME y las Fuerzas Armadas", ha dicho Almeida.

El homenaje había comenzado con las palabras del jefe de la UME, teniente general del Ejército de Tierra Luis Manuel Martínez Meijide, que quiso reconocer la labor de todos los sectores de la sociedad, especialmente del sanitario, que "prácticamente sin medios y sin protección asumió de manera heroica riesgos y penalidades".

"Su ejemplo fue para la UME la referencia de que nuestro esfuerzo no podría ser nunca menor que el suyo, si ellos se jugaban la vida, nosotros tendríamos que estar a la altura", ha reconocido el general.

Además, el comandante del Ejército de Tierra destinado en la UME José María Martín Corrochano ha presentado su libro 'Gracias. Memorias de un soldado en el Palacio de Hielo', en el que narra su experiencia en la coordinación de tres depósitos intermedios para los fallecidos por Covid-19 en la Comunidad de Madrid, en momentos en que los servicios funerarios se vieron desbordados.

Para poner voz a los testimonios aparecidos en el libro, la enfermera Susana Luna, empleada en la UCI del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, se dirigió a los familiares de las víctimas: "Quisiera decirles a sus familiares que siempre tuvieron a su lado una mano amiga para acompañarles en sus últimos momentos".

Tras ella intervino Ana Lozano, trabajadora de Grupo 5, una empresa dedicada a la atención de personas en situación de vulnerabilidad, que también dio las gracias a la UME y a las administraciones públicas.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado la prórroga de la ampliación de aforos, número de personas por grupo y horarios de cierre previstos para cada actividad y espacio en los distintos niveles de alerta sanitaria por coronavirus para aquellos locales que decidieran exigir el certificado Covid.

De esta manera, ha resuelto no ratificar las medidas adoptadas en la lucha contra el covid-19 por la Consejería de Sanidad al entender que la retroacción de las limitaciones de los derechos fundamentales es inconstitucional.

Así, se ha decidido no respaldar las medidas adoptadas en la Orden de 4 de febrero de 2022 del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que prorrogó la Orden de 29 de noviembre de 2021 --que autorizó la ampliación de horarios y aforos en los locales que pidieran pasaporte covid--, y se hace extensiva a los ámbitos subjetivos y territoriales afectados por la Orden de 22 de diciembre de 2021.

Con todo, la Sala ha entendido que en este caso no se solicitaba la ratificación de la prórroga de la Orden de 29 de noviembre, sino que las medidas adoptadas en esta última también se apliquen a otros establecimientos y actividades que quedaron fuera de su ámbito de aplicación, y para los cuales ha dejado de exigirse no sólo el 'certificado Covid voluntario' (desde el 24 de diciembre) sino también el 'obligatorio' (desde el 4 de febrero).

"Ahora bien --agregó--, el control o juicio de legalidad que hemos de realizar no solo ha de centrarse en examinar si se ha acordado por autoridad competente, que tenga cobertura legal y que supere el juicio de proporcionalidad en una doble perspectiva --una formal, de la preceptiva motivación adecuada del acto a ejecutar y, otra, material, de la necesidad, adecuación y proporcionalidad--, sino también en las condiciones extrínsecas de legalidad del acto administrativo".

Para el TSJC, lo cierto es que en los términos en los que está redactada la medida y conforme a la cual se le pide la ratificación, "incumple un principio básico del derecho cual es el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (artículo 9.3 CE)".

"No podemos ratificar una medida que limita derechos fundamentales de los ciudadanos con efectos retroactivos, lo cual no sólo vulnera lo dispuesto en el artículo 9.3 CE, sino que además va en contra de lo declarado por el Tribunal Supremo, según el cual 'la medida sanitaria adoptada por la Administración autonómica o estatal no puede desplegar eficacia antes de que haya sido ratificada judicialmente'", agregó.

CADUCIDAD DE PLAZOS

Además, el TSJC subrayó que la petición de Sanidad incurre en un caducidad de plazos insoslayable: los servicios jurídicos presentaron su solicitud de ratificación judicial a las 13.42 horas del 7 de febrero (el lunes pasado), y la Ley concede a la Sala un plazo de tres días para resolver.

Por ello, habida cuenta de que la medida sometida a ratificación tenía una autorización de prórroga de un mes --desde el 10 de enero de 2022 hasta las 23.59 horas del 9 de febrero siguiente--, el plazo terminó antes de que acabara el que tenía el tribunal para dictar resolución.

Al respecto, la Sala ha determinado que "no es posible que la medida sanitarias puedan producir efectos antes de que hayan sido ratificadas judicialmente", mientras que la resolución es susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha arrancado en La Rioja, Navarra y Aragón el grueso de las actuaciones que integran la Fase 1 de emergencias por la crecida extraordinaria del pasado mes de diciembre, que generó afecciones por inundación en la cuenca. Para esta primera fase, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha habilitado 10 millones de euros.

La presidenta de la CHE, María Dolores Pascual, ha explicado al delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, y al director general de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Navarra, Ignacio Gil, estas intervenciones. Ambos han visitado los trabajos que se han iniciado para la reparación de la mota de la margen izquierda del azud de derivación del Canal de Tauste, en Cabanillas, donde han estado acompañados por el alcalde del municipio, Gustavo Rodríguez, donde se pretende evitar afecciones a todos los municipios aguas abajo de esta infraestructura.

Durante el mes de enero, ha informado la CHE, ha avanzado las intervenciones urgentes de defensa de núcleos urbanos ante nuevos episodios de crecida, actuaciones de carácter provisional por el estado del terreno, entre otras, las realizadas en El Burgo de Ebro, Mozalbarba y La Almozara, en la provincia de Zaragoza, y en Funes y Buñuel, en Navarra.

Según la CHE, el análisis de las intervenciones ha sido complicado dada la situación del terreno y de la gran mayoría de los accesos tras la crecida extraordinaria de diciembre, además agravado por el nuevo episodio sufrido en el mes de enero.

En los trabajos de la Fase 1 de reparación provisional ante posibles nuevos episodios se están priorizando las intervenciones destinadas a las defensas de cascos urbanos, como las ya realizadas, sumando la defensa de instalaciones de abastecimiento y saneamiento, de defensa de nudos de comunicación, y de defensa de cultivos.

En cualquier caso, dada la urgencia de los trabajos, la inspección de los más de 600 kilómetros de cauce afectados se sigue realizando, en algunos casos, en paralelo a las actuaciones, tanto para las intervenciones de urgencia de la Fase 1 como para las de la futura Fase 2, "actuaciones de carácter más definitivo y que requieren de una situación climatológica estable", ha explicado.

En esta segunda fase también se incluirán otro tipo de intervenciones que se extiendan a más zonas afectadas por las crecidas en la cuenca. En total, en ambas fases, se prevé que se superen las 900 intervenciones.

El ámbito de intervención de estas dos fases incluirá actuaciones en términos municipales de los ríos Ega, Arga, Aragón, Araquil y tramo medio del Ebro.

El senador del PP de Canarias, Sergio Ramos, interpelará en el pleno de la próxima semana al ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, para pedirle explicaciones por la "dejación" del Gobierno en materia de inmigración.

Así lo ha informado la formación popular, que recuerda que en 2020 arribaron a Canarias 23.000 pateras, en 2021 unas 22.000 personas y que el primer mes de 2022 "ha sido el peor mes de enero desde que se tienen registros con la llegada a las islas de unas 3.000 personas".

Por su parte, Ramos adelantó durante una visita a Lanzarote que ya ha pedido al Ministerio de Interior que detalle el presupuesto de estas carpas en las que, según el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, se han gastado 2,1 millones de euros y que el proyecto que presentó la Policía para la nueva solicitud de licencia lo cifra en prácticamente la mitad.

"Pestana es un mentiroso compulsivo que se ha entregado de manera absolutamente ridícula al sanchismo y a Ángel Víctor Torres, olvidándose de que a quien representa es a los ciudadanos de Canarias", ha señalado el popular, al tiempo que le instó "a dejar de mentir sobre el CATE de Arrecife y hacer más caso a los ciudadanos de Lanzarote que a su partido".

En cuanto al Radar SIVE, el senador lamentó que, después de tantos años y de tantas iniciativas para que se instalase el radar SIVE que dejó comprado el gobierno de Rajoy, "el Gobierno de Sánchez decidiese instalarlo en medio del mirador".

"Esta obra se ha convertido en el símbolo de la desidia, el caos y el abandono al que el Gobierno de España y el ministro Grande-Marlaska tiene sometidas a las islas y por tanto volvemos a exigir la instalación inmediata del radar porque la prioridad es salvar vidas y evitar más muertes en el mar", observó.

Ramos incidió en que "aunque Ángel Víctor Torres nos culpe de usar la migración políticamente, el PP no va a dejar de denunciar un solo día lo que está pasando. Llevamos más de 4.000 muertes en el mar de Canarias y de esto el Partido Socialista no quiere hablar".

Respecto a los menores extranjeros no acompañados, el senador secundó las recientes palabras del presidente del PP de Canarias, Adolfo Domínguez, destacando que "es necesario acometer cambios normativos para habilitar un procedimiento legal a través del cual menores y adolescentes no acompañados que se encuentren en situación de desamparo en España, y cuyos padres estén perfectamente identificados en su país de origen, puedan ser devueltos a su seno familiar con todas las garantías legales que les asisten como menores".

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha dejado claro hoy que el Gobierno va a seguir ejecutando los fondos europeos aunque el PP les acuse de electoralistas porque, según ha alegado, no van a parar por el hecho de que haya elecciones en Castilla y León.

En un encuentro con los medios de comunicación en el Instituto de Investigación en Agrobiotecnología de la Universidad de Salamanca (CIALE), la Portavoz del Ejecutivo ha señalado, al ser preguntada si el plan de ejecución de los fondos europeos tenía contenido electoralista como acusa el PP, que el Gobierno "no está dispuesto a parar" por el hecho de que se hayan convocado elecciones en CyL.

Ha precisado que, aunque "Castilla y León va a jugar un papel muy importante" por su potencia en el sector agroalimentario, la puesta en marcha del plan responde a que "la Comisión Europea tiene marcados espacios de tiempo" que se han de cumplir para recibir los fondos.

"El Gobierno tiene un compromiso claro y determinado para que estos fondos de verdad ejerzan como motor de modernización de España y yo lo siento mucho pero el Gobierno no está dispuesto a parar porque en determinados territorios se decida convocar elecciones", ha apostillado.

En cuanto a la visisita de alcaldes y presidentes de diputaciones gobernadas por el PP a Bruselas, donde han criticado el reparto de los fondos europeos, Isabel Rodríguez ha dicho que se trata de "actuaciones que no vienen bien a España", pero no ha querido profundizar en este asunto. "Me van a permitir que no me detenga en este tipo de actuaciones", ha apostillado.

No obstante, en relación a los fondos europeos, ha remarcado el "liderazgo" de España al ser el primer país en presentar los planes y en recibir los fondos, y ha incidido en que, para el Gobierno, "lo más importante" es que el país esté "cargado de entusiasmo y de gente que en esos fondos ve posibilidades de futuro".

También, con motivo de la visita, ha destacado actuaciones que el Ejecutivo está impulsando como el Plan estratégico para la industria agroalimentaria, que es "muy importante", con una dotación de más de 1.000 millones y una inversión adicional de "otros 2.000 millones" por parte de la industria, con un 15 por ciento de la cuantía destinada a innovación e investigación.

La Audiencia de Sevilla ha acogido este jueves la última sesión del juicio con jurado popular promovido contra el hombre acusado de robar y asesinar supuestamente en julio de 2020 a una mujer de 54 años en una vivienda de la Macarena asfixiándola con una toalla, incendiando después la escena del crimen, reclamando la Fiscalía un total de 30 años de cárcel para el encartado.

Durante esta última sesión del juicio, la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la única hija de la víctima y la defensa del acusado han expuesto sus informes finales, de cara a que el jurado popular reciba el objeto del veredicto y los miembros del mismo se pronuncien al respecto.

En ese sentido, recordemos que el acusado, Jorge A.G., ha reconocido en el juicio el "uso fraudulento" de la tarjeta bancaria de la fallecida, Rosalía, tras recurrir a ella para servicios sexuales y robarle dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y su cartera, sustracciones todas ellas admitidas.

MUERTE POR "ASFIXIA MECÁNICA"

Empero, mientras la Fiscalía le achaca una supuesta "asfixia mecánica" y mortal de la mujer mediante una toalla que ella misma le habría facilitado para que se duchase, incendiando luego el colchón donde quedó el cadáver y huyendo del piso con dos teléfonos móviles de ella y una cartera; el acusado admite el robo de los citados efectos pero niega cualquier "incendio o muerte" y asegura que se marchó de la vivienda sin procurar dañar a la víctima.

De tal manera, en ese contexto en el que Jorge A.G. asegura que abandonó la vivienda con los efectos sustraídos tras haber practicado sexo con la mujer y sin hacer daño a la misma, el fiscal del caso ha expuesto en su informe final que si bien no pesa ninguna "prueba directa" de que Jorge A.G. asesinase a Rosalía e incendiase la escena del crimen, sí median "diez o doce indicios que apuntan directamente al acusado" como autor de los hechos.

Especialmente, ha señalado que ha quedado acreditado que el encartado recurrió a los servicios sexuales de la víctima en un contexto en el que "no tenía dinero" para pagar los mismos, asegurando que "desde el primer momento, su propósito" era el de robar a la víctima y "si para ello tenía que matarla, lo haría". Al hilo, ha argumento que las pruebas reflejan que Jorge A.G. "debía dinero", unos 120 euros en concreto, y estaba "angustiado" porque le "compelían" a pagar.

En ese sentido, ha rememorado que durante el juicio ha trascendido que el acusado "dejó fiado" su almuerzo en el bar donde recaló antes de acudir a la vivienda donde acontecieron los hechos.

Mientras el acusado sostiene que antes de recurrir a los servicios sexuales de la víctima se encontró en la calle a Víctor, "un coleguilla" que le habría entregado 50 euros, tratándose de una persona cuyos apellidos desconoce pero que reside en Triana, el fiscal ha señalado que un conocido del encartado llamado Víctor y que le había prestado dinero en otras ocasiones ha testificado en el juicio que aquella jornada él estaba en Bilbao, acreditando gastos de diversa índole en dicha ciudad.

LA HORA DE LA MUERTE

Además, ha prestado especial atención al hecho de que los forenses hayan fijado la muerte de Rosalía entre las 18 y las 18,30 horas de aquel 20 de julio de 2020, una franja que coincide "con la hora del encuentro sexual" entre el acusado y la víctima, señalando que un mensaje detectado en el teléfono móvil de la víctima refleja que el contacto sexual habría acontecido precisamente sobre las 18 horas y que ha quedado acreditado que hasta las 19,15 horas, los móviles de Rosalía y del encartado estaban funcionando bajo el paraguas de la antena de telefonía de la Ronda de Capuchinos.

Además, el fiscal ha señalado que las pruebas practicadas han puesto de relieve que el incendio en la vivienda escenario del crimen habría comenzado "bastante antes" de que a las 19,40 horas llegasen los bomberos al inmueble, indicando que según la Policía Nacional el piso presentaba "signos de haber sido registrado", extremo que ha conectado con la ya mencionada "angustia" del encartado por conseguir dinero con el que saldar la deuda que le reclamaban.

El fiscal ha mencionado además la "toalla naranja" intervenida al acusado, una toalla que él asegura que le fue entregada por su hermana y que la hija de la víctima reconoce como propiedad de su madre. Según el fiscal, esta toalla que Rosalía le habría entregado para que se duchase fue "usada" por el acusado para cometer el crimen y "se la llevó" para no dejar rastros de sus actos.

LA TOALLA

Al punto, ha expuesto que la propia hermana del acusado ha testificado que le prestó una toalla "con manchas de tinte", extremo que no presenta la toalla intervenida a Jorge A.G.; rememorando que años atrás, el encartado fue condenado por "un hecho muy similar, factor que permite deducir que nada le impide ejercer la violencia para conseguir sus fines".

Finalmente, el fiscal ha considerado "absurda" la idea de que "una tercera persona no identificada" accediese al piso tras salir de él el encartado y cometiese el crimen.

En resumen, ha considerado que este cúmulo de "pruebas indirectas o indicios" destruyen la presunción de inocencia del acusado y le atribuyen el "ataque sorpresivo, traicionero" y mortal a la víctima, así como el incendio del piso para acabar con ·cualquier prueba", por lo que solicita un veredicto condenatorio.

LAS "CONTRADICCIONES" DEL ACUSADO

La acusación particular ha corroborado la argumentación del fiscal, agregando que el acusado ha incurrido en "contradicciones" en su versión de los hechos y que los investigadores de la Policía Nacional han "desmontado punto por punto" la misma.

Así, el abogado de la acusación particular ha señalado que pesan "numerosas pruebas indiciarias que, en su conjunto, desvirtúan la presunción de inocencia" y reflejan que el acusado "asesinó" a la víctima y prendió fuego a la escena del crimen, descartando la opción de "una tercera persona" que entrase en la vivienda tras el encuentro sexual entre Jorge A.G. y Rosalía y que matase a esta última.

El abogado defensor, de su lado, ha alegado que "no hay una prueba directa" de que su patrocinado perpetrase el crimen, ni "testigo" alguno de los hechos, avisando de que "todo se basa en indicios y conjeturas, sin prueba de cargo" que verdaderamente incrimine a Jorge A.G.

Al respecto, ha avisado de que el dictamen de los forenses sobre la hora de la muerte es "estimativo, no exacto", considerando que las conclusiones del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional constituyen "meras hipótesis". Por ejemplo, ha defendido que el acusado conoce a otro Víctor al margen del localizado por los investigadores, alertando de "una confusión" en lo que a dicho testigo se refiere.

De tal modo, ha expuesto que el acusado ha reconocido que robó a la víctima, solicitando que sea declarado "no culpable" de los delitos de asesinato y de incendio.

La vista ha terminado con la última palabra del acusado, quien se ha declarado "culpable del robo" y del uso fraudulento de la tarjeta bancaria de la víctima, pero "no culpable" de los delitos de asesinato y de incendio.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha señalado este jueves que estudiará el cese del coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) porque entiende que la cuestión de si este tipo de decisiones relativas a puestos de libre designación han de ser motivadas o no "tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia".

En un auto de 12 páginas, la Sala admite el recurso en contra del criterio de la Abogacía del Estado y por tanto se pronunciará sobre ese cese, que fue avalado en 2020 por la Audiencia Nacional. Cabe recordar que Sánchez Corbí fue cesado el 1 de agosto de 2018, al poco de llegar al Ministerio del Interior Fernando Grande-Marlaska, y la razón fue pérdida de confianza.

Ahora, el Supremo precisa que lo que tiene interés casacional es determinar "cuál es el contenido del deber de motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación" y si resulta extensible la doctrina jurisprudencial sobre esa motivación en el ámbito de la Guardia Civil.

Indica que si bien el problema de este tipo de puesto de libre designación ya ha sido abordado anteriormente por la jurisprudencia, sólo se ha hecho desde la revisión de "los estándares de motivación exigibles en la provisión de tales puestos". Por eso, entiende la Sala que es necesario "confirmar, aclarar o precisar la doctrina existente sobre la problemática del cese en los mismos".

"Sigue siendo necesario extender o proyectar respecto del cese lo dicho sobre otros nombramientos", añade. Sánchez Corbí en su escrito de preparación de recurso explicaba que se habían vulnerado varios artículos del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Constitución Española relativos al deber de motivación de ceses de este tipo de puesto y entendía que era aplicable a la Guardia Civil.

Alegaba además que se ha dado una infracción de los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso y permanencia en el puesto funcionarial, y explicaba que la confianza se deposita en un puesto de libre designación "no es una confianza personal, ideológica o política" por lo que sólo se puede cesar por pérdida de "confianza profesional".

Añadía que su cese encubre "una sanción, la pérdida de destino, que ha sido impuesta (...) de forma injusta prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". El auto del Supremo recoge otro argumento de la defensa de Sánchez Corbí, y es que se dio una infracción de la jurisprudencia existente relativa a la motivación de ceses de funcionarios públicos en puestos de libre designación.

LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Según la sentencia de la Audiencia Nacional de 2020, la asignación de destinos y el cese por necesidades del servicio de un miembro de la Guardia Civil, incluidos los destinos de mando, es una manifestación del principio de disciplina y operatividad que rige tal Instituto Armado.

Este mismo argumento fue utilizado por Interior tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid cuando agentes de policía judicial investigaban la posible relación entre la manifestación del 8M y el contagio de coronavirus.

El cese de Sánchez Corbí fue firmado por la entonces secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, tras enviar este mando policial un correo a sus subordinados en el que les explicaba que había que parar las operaciones vinculadas a la partida de fondos reservados porque había sido congelada con la llegada del nuevo equipo ministerial.

En su sentencia, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de la AN rechazaba el recurso de Sánchez Corbí --que previamente había recurrido en alzada ante el ministro del Interior-- contra la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso 3 que confirmó que el cese estaba ajustado a derecho y que la pérdida de confianza no tenía que ver con las relaciones personales de los intervinientes.

La resolución reflejaba que el motivo del cese del coronel fue haber remitido el 25 de julio de 2018 un correo electrónico a la Jefatura de Policía Judicial y a todos de los Departamentos de la UCO ordenando que "queda temporalmente suspendida cualquier actividad de la Unidad Central Operativa y de sus unidades subordinadas, que requieran obligatoriamente realizar gastos, sin haber recibido ningún tipo de instrucción de sus mandos orgánicos o autoridad judicial o Ministerio Fiscal y poniendo así en riesgo el éxito de operaciones policiales y judiciales".

Según la Audiencia, el cese estuvo justificado y el coronel conoció las razones del mismo, tanto las señaladas en la propuesta del director general de la Guardia Civil, que entonces era Félix Azón, como en la resolución del recurso de alzada impugnado en la instancia.

La sentencia indicaba además que el régimen específico del personal de Cuerpo de la Guardia Civil se rige por su propia ley y en materia de nombramientos discrecionales no es comparable al de altos cargos judiciales, como también ha establecido el Tribunal Constitucional.

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez", "despache" al sector primario solo con un 0,75% de los fondos europeos cuando representa el 12% del PIB y ha subrayado que de los 1.000 millones incluidos en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para el sector agroalimentario, solo 150 millones son nuevas ayudas.

Así se ha pronunciado Casado en una visita a la cooperativa bodeguera COVITORO en el municipio zamorano de Toro, acompañado de la candidata nº1 por Zamora, Isabel Blanco, así como por más cargos del PP en el marco de la campaña electoral por las elecciones autonómicas de este domingo.

Dos días después de que el Consejo de Ministros aprobara el Perte del sector agroalimentario, que contará con una inversión pública de unos 1.000 millones de euros hasta 2023, el jefe de la oposición ha expresado su apoyo a todo el sector primario y ha reclamado "más fondos y más ayudas" para él.

"No nos vale presentar un Perte en plena campaña electoral diciendo que son mil millones cuando solo hay 150 millones nuevos. Lo demás eran ayudas ya planificadas o avales o créditos", ha enfatizado.

En este sentido, ha asegurado que lo que hace falta es que el 12% que representa el sector agroalimentario en España "tenga más del 0,75% de fondos europeos" que, según ha dicho, es con lo que "pretende despacharlo el Gobierno de Sánchez".

"Hay que apostar por este sector y dejar de decir que es un sector de bajo valor añadido, que maltrata animales o que produce productos de mala calidad y hay que dar esperanza a todos los trabajadores que dependen de él", ha manifestado.

"YA NADIE CREE AL GOBIERNO"

Casado ha indicado que ese apoyo al sector primario también debe producirse en materia fiscal porque lo que se vota también el 13 de febrero es "si se quiere una subida masiva de impuestos" en 30.000 millones como propone el Ejecutivo o "bajarlos en 10.000 millones" como plantea el Partido Popular.

Dicho esto, el líder del PP ha señalado además que "ya nadie cree al Gobierno" tras la nueva rebaja por parte de la Comisión Europea de las previsiones de crecimiento del PIB anual de España, reduciéndolo hasta el 5,6% frente al 7% previsto por el Ejecutivo.

Por eso, Casado ha solicitado al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que "cambie" las cuentas públicas, que "nacen muertas y son papel mojado" porque las previsiones sobre las que se calculan los PGE son "absolutamente falsas".

APOYO AL SECTOR DEL VINO

El líder del PP ha expresado su apoyo al sector del vino --que da empleo en España a 200.000 familias y genera "hasta tres millones de turistas"-- por lo que representa para la gastronomía, la internacionalización del país y la marca España.

En este punto, ha criticado que el Gobierno "lo demonice" e "incluso diga que el vino es una droga", así como que "ataque a la agricultura y la llame esclavista". Además, ha censurado que perjudique a este sector a través de la reforma laboral que, según ha dicho, restringe la flexibilidad de un sector marcado por la estacionalidad y "va a suponer más paro".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acudirán a la gala de la próxima edición de los Premios Goya, que tendrá lugar el próximo sábado 12 de febrero en el Palau de Les Arts de Valencia, según han confirmado fuentes gubernamentales.

Además, la presencia de Sánchez y Díaz no serán las únicas representaciones gubernamentales, ya que también hará acto de presencia el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, quien se estrena en los Goya como responsable cultural, según han apuntado fuentes de su departamento.

Con estas confirmaciones se recupera la presencia de políticos en la fiesta del cine español. Como viene siendo habitual, la Academia de Cine ha confirmado que ya ha enviado sus invitaciones a los principales partidos con representación parlamentaria.

En la anterior gala no se contó con la presencia in situ de representantes políticos debido a las restricciones obligadas por la pandemia de coronavirus. De hecho, en el año 2021 únicamente hubo una gala televisiva y no se contó ni con los nominados ni con nadie de público, incluidas las autoridades habituales en otras ediciones. Únicamente los premiados hicieron conexiones telemáticas.

La presencia de los políticos ha sido habitual en anteriores galas e incluso ha sido motivo de polémicas. Por ejemplo, la organización de los Premios Goya invitó por primera vez en 2020 a Vox a acudir a su gala anual, aunque el líder de la formación, Santiago Abascal, declinó asistir.

En 2019 Vox también había sido protagonista al quejarse de que la Academia del Cine español no les invitó a la gala y desde su cuenta de Twitter el partido publicó un mensaje dedicado a la organización, cuestionando su financiación pública: "Queríamos recomendarles que hicieran alguna película sobre la gloriosa historia de España, Blas de Lezo, por ejemplo... porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones", escribieron.

La Academia del Cine replicó entonces que las invitaciones se envían a los líderes de las principales formaciones parlamentarias y que en febrero de 2019 Vox aún no había entrado en el Congreso. El presidente de la Academia, Mariano Barroso, apuntó, en este sentido, que otros partidos como Compromís, ERC o Bildu tampoco habían sido invitados.

También generó críticas la ausencia en el año 2014 del por entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que adujo "problemas de agenda" --las dos ediciones anteriores se escucharon algunos pitos y abucheos por su presencia durante la gala--. En 2015, Wert volvió a acudir a la fiesta del cine español.

El Rey acudió en el año 2000 y se situó en la tribuna que habitualmente ocupa el Ministro de Cultura correspondiente y otros miembros del Gobierno.

También se ha fotografiado en la alfombra de este evento a los líderes de los principales partidos, como el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Consumo, Alberto Garzón o al presidente del PP, Pablo Casado, entre otros.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado este jueves que España celebrará un festival internacional sobre juventud, que llevará por nombre 'Festival Internacional Nueva Cultura Joven', y que tendrá lugar en el mes de junio en Mollina (Málaga), en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ).

Belarra ha realizado este anuncio durante su intervención en la primera reunión del grupo de trabajo nacional que se ha creado con motivo del Año Europeo de la Juventud y que, según ha informado el Ministerio, tiene como objetivo poner sobre la mesa las necesidades e inquietudes de los jóvenes españoles y europeos.

El departamento que dirige la líder de Podemos ha explicado que el 'Festival Internacional Nueva Cultura Joven' servirá como foro de discusión política sobre las principales problemáticas que afectan a los jóvenes, como el empleo, la vivienda, la educación, la subida del SMI o la reforma laboral. Además, ha asegurado que tendrá una vertiente formativa y cultural.

Del mismo modo, ha explicado que el acontecimiento, que será el principal evento impulsado por el Instituto de la Juventud de España (Injuve) para este Año Europeo, contará con un 60% de participantes jóvenes provenientes de contextos de exclusión social, propuestos por entidades estatales del Tercer Sector dedicadas a la acción social, la inclusión y la lucha contra la pobreza.

GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN

En cuanto a la programación, el Ministerio ha informado de que constará de debates y diferentes talleres de música, cine, gastronomía, danza, fotografía, grafiti, teatro o poesía.

No solo se trata de escuchar a los y las jóvenes, sino también de garantizar su participación para que puedan decidir sobre todo lo que les afecta, desde el acceso a la cultura hasta las políticas contra la emergencia climática", ha declarado Belarra, antes de señalar que "se trata de darles las herramientas para que ellos y ellas decidan.

"Esto no es sólo una cuestión de justicia generacional, también es la base de un proyecto de país", ha apuntado también la responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Belarra también ha resaltado el compromiso del Gobierno con la juventud que, a su juicio, "se ha demostrado en los Presupuestos, con una inversión histórica, o con leyes como la futura ley de vivienda que permitirá avanzar en la garantía del derecho a una vivienda digna para todos y todas.

AÑO EUROPEO

La Unión Europea acordó oficialmente el pasado 28 de diciembre, declarar el 2022 Año Europeo de la Juventud alegando que la Covid-19 ha supuesto un impacto sin precedentes en la educación, el empleo y la salud mental de los jóvenes, señalando que la juventud ha demostrado una solidaridad intergeneracional ejemplar y ha sacrificado muchos momentos y relaciones sociales propias de la vida diaria de las personas jóvenes.

Los objetivos del Año Europeo de la Juventud son: Empoderar y apoyar a la gente joven; señalar la perspectiva positiva, renovando y trabajando en políticas que ofrezcan mejores posibilidades para los jóvenes; redoblar esfuerzos para dar a conocer los programas y proyectos que ya existen en la UE destinados a la juventud; y trasladar de manera transversal las políticas de juventud a todos los ámbitos.

Desde el Ministerio han apuntado que el grupo de trabajo nacional en esta materia que ha quedado constituido este jueves está formado por la directora general del Injuve, María Teresa Pérez, como coordinadora nacional, los directores generales de Juventud de las ComunidadesAutónomas, el Consejo de la Juventud de España, los consejos de juventudautonómicos y cinco representantes jóvenes de las embajadas delprograma Diálogo de la UE con la Juventud.