El vicesecretario de Economía y Hacienda del Partido Popular de Andalucía y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Pablo Venzal, ha exigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que «deje de marear la perdiz y dé a Andalucía el dinero que le corresponde». A raíz del artículo publicado este domingo por la ministra de Hacienda, Venzal le ha recordado que «las entregas a cuenta con un cálculo matemático y automático», y además «que no es Sánchez quien las cifra sino una fórmula ideada por Zapatero y ERC que perjudica a Andalucía».

Ha insistido a través de un comunicado en que «Andalucía siempre pierde con cualquier reparto que se haga hasta que no se cambie la fórmula». Así, ha lamentado al mismo tiempo que la propia ministra reconozca en su artículo que el sistema «está caduco» pero «no se pone manos a la obra para reformarlo».

Venzal ha rechazado que sean las comunidades las que se tienen que poner de acuerdo para esta forma, «ya que es el Gobierno el que tiene que sentarnos a todas y ponernos a todos de acuerdo», dado que «un Gobierno está para gobernar», pero «vemos desde hace mucho tiempo que esté Ejecutivo está instalado en la dejación de funciones y en dejarabandonadas a las comunidades arguyendo una falsa cogobernanza».

Venzal ha rechazo igualmente el argumento de Montero de queAndalucía reciba ahora más recursos que nunca, que es «es una frase muy popular al mismo tiempo que engañosa». «Lógicamente, se han recibido más fondos para sufragar los gastos de la pandemia, aunque Andalucía ha estado a pulmón sosteniendo los gastos y quien de verdad ha recibido más fondos que nunca es el Gobierno de España a costa de las familias que viven asfixiadas», ha apostillado En esta línea, ha exigido medidas para que «todo ese montante vuelva al bolsillo de los ciudadanos» con las medidas que propone el PP como la deflactación del IRPF, la rebaja del IVA de la luz o la supresión del impuesto de hidrocarburos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado que el Centro Criptológico Nacional (CCN) –organismo adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)– ve imposible conocer qué documentos fueron robados de los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de los ministros que fueron infectados entre mayo y junio de 2021 con el software ‘Pegasus’ y ha asegurado que, en su caso, no guardaba ningún documento oficial.

En una entrevista, la titular de Defensa ha explicado que los informes técnicos que ha llevado a cabo el CCN hasta la fecha revelan que es «imposible» saber cuáles han sido los datos que se llevaron de los terminales de miembros del Gobierno y que no tiene «ni idea» de lo que se llevaron del suyo.

En esta clave, la ministra ha explicado que tampoco ella misma puede dar con la información que extrajeron de esa intrusión porque «la cantidad es muy pequeña». El volumen de datos que sustrajeron del espionaje al teléfono de la ministra fue de 9 megas, el menor de la tres intrusiones. Y es que, según detalló el Ejecutivo, el programa de ciberespionaje accedió a 2,6 gigas y 130 megas del móvil de Sánchez y a más de 6 gigas de información del móvil del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

RESPONSABLE DE LAS COMUNICACIONES

El espionaje abrió una polémica sobre el departamento del Ejecutivo encargado de la seguridad del teléfono móvil del presidente. El Gobierno aclaró en el año 2020 que las comunicaciones de Pedro Sánchez dependían en su totalidad del Palacio de la Moncloa, sin que CNI tuviera nada que ver. Sin embargo, la crisis de Pegasus se zanjó con el cese de Paz Esteban como responsable de los servicios de inteligencia.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, rechazó ser el responsable y aseguró que su departamento no establece los protocolos de seguridad de los móviles del Gobierno. Robles, en cambio, aclaró días después que la seguridad de los móviles de los miembros del Gobierno es «transversal» y que hay «muchísimos» organismos dentro de la Administración encargados de ellos.

Al respecto, la ministra pone ahora en el foco en conocer quién o quiénes produjeron la intrusión porque son los «únicos responsables» de este hecho delictivo. «Yo creo que en este momento lo importantes es saber quién ha entrado en los teléfonos, no nos podemos desviar de las cuestiones», ha recalcado Robles.

Robles, que admite la dificultad de averiguar quién está detrás del espionaje, espera que la justicia pueda resolver esta cuestión. Todo lo demás, según ha criticado, «es un debate que se puede hacer, pero que no se corresponde con el problema».

A VER SI LA JUSTICIA ACLARA QUIÉN FUE

«Tenemos que saber quiénes han sido y lo demás es una disquisición que, efectivamente, no se corresponde con el verdadero problema que es averiguar quién infectó los teléfonos», ha zanjado, a la par que ha incidido en que este problema no solo atañe a España sino que afecta a muchos dirigentes políticos de otros países que también han sufrido ataques con Pegasus.

El juez de la Audiencia Nacional que está investigando el ‘caso Pegasus’, José Luis Calama, ha acordado la declaración en calidad de testigos tanto de Marlaska como de Robles, que ha avanzado la intención de ambos de declarar por escrito, como ya lo hiciera Bolaños el pasado 5 de julio.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 también acordó el pasado 28 de julio dirigir suplicatorio al Consejo de Ministros con objeto de que proceda a desclasificar los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios.

Fuentes jurídicas indican que el juez prevé ofrecer a Robles y Grande-Marlaska tres opciones para su testifical: la presencialidad, la declaración por escrito o la declaración por medio de videoconferencia. Pero esa citación llegará, añaden, después de que el Consejo de Ministros de luz verde a su petición de desclasificación de asuntos declarados como secreto. Solo entonces se buscará en el calendario fecha, y estas mismas fuentes, creen que será ya en septiembre.

Podemos ha afirmado que los «insultos» y la posición «egoísta» de la banca y las eléctricas ante el nuevo impuesto extraordinario a sus beneficios debe impulsar al Gobierno a acometer ya una reforma fiscal completa, dentro del marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, donde apuesta también por medidas para que los funcionarios públicos no pierdan poder adquisitivo.

También ha redoblado su rechazo a elevar el gasto militar, que es una «prioridad» solo del PSOE, y advierte a su socio de no encarar el diseño de las cuentas como un «intercambio de cromos» a la hora de incluir partidas de mejora de los servicios públicos. Así lo ha trasladado en una entrevista con Europa Press la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, para urgir también al desbloqueo definitivo, con el inicio del curso político, de la Ley de Vivienda o la derogación de la Ley Mordaza, además de impulsar la nueva Ley de Familias con una renta universal por crianza.

En materia fiscal, Pérez ha celebrado que el PSOE haya «aceptado» la propuesta de un impuesto extraordinario a la banca y las energéticas, al igual que el tope del gas como defendía su partido, porque es «intolerable» que aumenten sus beneficios mientras que la ciudadanía realiza un «esfuerzo muy importante» para soportar la crisis. De esta forma, ha arremetido contra los directivos de grandes corporaciones que se han opuesto a este tributo y deslizan que están investigando fórmulas para «evadir y evitar» su pago, es decir, de «saltarse la ley». Es más, ha criticado que es una actitud «obscena, egoísta y antipatriota», un «insulto» a los españoles que «pagan religiosamente» sus impuestos.

Por tanto, la coportavoz de la formación ha alertado de que «esto no se puede permitir» y el Gobierno tiene que mandar un «mensaje claro» de que defiende el interés general de la mayoría frente a un 1% de privilegiados. Y en este sentido, ha disertado que ese impuesto extraordinario «no es suficiente» si quieren aprovechar la «oportunidad» de tener una reforma fiscal más amplia, que lleve a las grandes corporaciones a tributar al menos un 15% en lugar del 7%.

«Corregir esa desigualdad atroz es urgente y es nuestra obligación como Gobierno progresista», ha enfatizado Pérez para demandar un sistema fiscal «más justo», dado que ahora estas compañías pagan en proporción menos impuestos que las pymes, los autónomos y las rentas del trabajo. Por otro lado, ha reivindicado que no van a parar hasta elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) al 60% de la retribución media del país, dotar con 800 millones extra el sistema de cuidados estatales (dependencia y plan corresponsables), además de plantear en el Consejo de Ministros mejoras retributivas para los empleados públicos.

MENSAJE A ROBLES: «ESPAÑA NO ESTÁ EN GUERRA»

Respecto al asunto del gasto militar, que genera diferencias entre los socios de coalición, la corporavoz de Podemos ha subrayado que su posición es «clara» y que donde tiene que llegar España es a una inversión del 2% del PIB en diversas aspectos, como la I+D o en indicadores de ayudas sociales. «Esta gasto militar es una prioridad del PSOE, no del Gobierno, y creemos que esa pretensión (de subirlo) no puede sumarse a la mesa de negociación presupuestaria a costa de otras, como pueda ser la sanidad», ha relatado para añadir que quieren que las tropas trabajen en las mejores condiciones posibles pero este debate no puede hacerse intentando un «intercambio de cromos ni aprobando inversiones a cosa de otras».

Cuestionada sobre las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que pidió a la formación morada olvidar prejuicios y arrimar el hombro, Pérez le ha instado a recordar que España «no está en guerra y no necesita más gasto armamentístico, sino aumentar la inversión social y redoblar, a nivel internacional, las vías diplomáticas para resolver la guerra de Ucrania.

También para el arranque del curso político, la dirigente de la formación morada ha urgido a derogar ya la Ley ‘Mordaza’, que no puede pasar «ni un minuto más» estando en vigor y supone una «vergüenza» que una norma del PP pensada para «acallar la protesta» lleve más tiempo aplicándose con el PSOE. Del mismo modo se ha referido a la Ley de Vivienda, que la juventud espera como «agua de mayo» para mejorar la tasa de emancipación y poner límite a unos precios del alquiler que son «realmente abusivos». En ambos casos, ha llamado a culminar el diálogo con los aliados del bloque de investidura.

UP ES LA «GARANTÍA DE VIDA» DE LA COALICIÓN

En esta línea, ha dado la «bienvenida» al giro «progresista» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Debate sobre el Estado de la Nación para establecer una hoja de ruta «valiente y ambiciosa», como demandaba Podemos. Eso sí, los Presupuestos deben consolidar ese nuevo rumbo. Finalmente, ha destacado que el Ejecutivo ha reaccionado con «agilidad» a los retos de un curso político «complicado», marcado por el conflicto de Ucrania, y que han demostrado junto al bloque de investidura que han aportado «estabilidad» al país. De hecho, ha remachado que Unidas Podemos es la «garantía de vida» de la coalición y lo va a seguir siendo «hasta el final».

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, advierte de que, para que su partido se sume a un acuerdo con el PP-A para la renovación del consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), que ha quedado pendiente de acometer tras las pasadas elecciones del 19 de junio, el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, deberá «comprometerse y asegurar que, esta vez, Canal Sur va a ser independiente», a diferencia de lo que, en su opinión, ha ocurrido en la legislatura pasada.

En una entrevista, Espadas ha lanzado este mensaje al hilo de la renovación de dicho órgano de extracción parlamentaria, que se deberá acometer en las próximas semanas, al igual que la del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), una cuestión que «el PP nos planteó llevar a septiembre», según ha apuntado el líder del PSOE-A, que ha agregado que a los socialistas le pareció «bien» posponer esa negociación para el mes que viene, porque «no teníamos tampoco la urgencia de necesitar» que se llevara a cabo en el último Pleno del pasado mes de julio.

«Por tanto, cuando el Partido Popular y la Mesa del Parlamento decidan que llevemos esta renovación de estos órganos, lo llevaremos», según ha confirmado Espadas, que ha anunciado que por parte del PSOE-A van a «renovar» sus «propuestas» para los miembros que representarán al partido «en esos órganos de extracción parlamentaria», siguiendo la «renovación de personas» que está impulsando la nueva dirección de los socialistas andaluces en otros lugares, según ha abundado.

Espadas ha defendido que, en esta cuestión, hay que «dejar claro» cuál es «realmente el modelo de radiotelevisión pública andaluza en la que quieren trabajar» el PP andaluz y su presidente, Juanma Moreno, «en esta legislatura».

Al respecto, el líder de los socialistas andaluces ha advertido de que en su partido «no vamos a permitir que lo que fue un acuerdo en la legislatura pasada con el Partido Popular, en el que trasladamos una confianza en una dirección de la Radio Televisión andaluza para que desarrollara una labor profesional y, por tanto, con imparcialidad y pluralismo político en Andalucía, se convierta en lo que hemos visto en el conjunto de la legislatura, pero sobre todo en el último año y medio, en el que claramente las fuerzas políticas que no son el Partido Popular, y el señor Moreno en particular, hemos quedado claramente orilladas y fuera del foco que significa la radiotelevisión pública andaluza».

«No parece, claramente, que sea esa la vocación que debe tener Canal Sur», según ha sentenciado Espadas antes de remachar que, si Moreno «quiere un acuerdo con el PSOE como el que suscribimos en la legislatura anterior» para la renovación del consejo de la RTVA, «va a tener que comprometerse y asegurar que, esta vez, Canal Sur va a ser independiente, que no va a haber desde San Telmo instrucciones claras y directrices determinantes al equipo de profesionales» de «los servicios informativos» de la cadena pública, y «que la labor institucional del Gobierno andaluz no puede llenar, hasta el punto de rebosar y dejar ningún espacio a la oposición política, o incluso a la voz y las reivindicaciones de los ciudadanos».

«Si el señor Moreno se come las noticias de Canal Sur con todo lo que nos quiera contar respecto a su persona y a su gobierno, ya me dirá cómo los andaluces van a saber en qué dedicamos nuestro tiempo las otras fuerzas políticas que estamos en el arco parlamentario, o las personas que quieren reivindicar, criticar o reclamar» al presidente de la Junta «alguna cuestión concreta que ocurra en Andalucía», ha comentado el líder del PSOE-A.

Para Espadas, «Canal Sur Televisión tiene que ser el escaparate donde se reflejen todas las voces» de la comunidad autónoma, y aunque entiende que, «de manera prioritaria», se informe de las voces «del Gobierno de Andalucía, una cosa es la prioridad y otra cosa es que eso se convierta en la exclusión clara, diaria y permanente de otras voces, de la pluralidad, en definitiva, que es la esencia de la democracia», según ha apostillado.

«Si eso es así, desde luego el señor Moreno no va a contar con el acuerdo del PSOE», ha insistido en avisar Juan Espadas, para justificar que él quiere que el presidente de la Junta le traslade «garantías respecto a qué tipo de cambios y de control va a haber en esta legislatura en Canal Sur Radio y Televisión».

«LO IMPORTANTE NO ES EL NÚMERO DE PUESTOS» DEL CONSEJO DE LA RTVA

Por otro lado, sobre la posibilidad de ampliar el número de miembros del consejo de la RTVA, como ha sugerido el grupo ‘Por Andalucía’, Espadas ha indicado que «es una propuesta que hará quien tiene la mayoría, el Partido Popular, y que analizaremos».

En todo caso, ha agregado que, para los socialistas, «lo importante no es el número de puestos, sino qué quiere hacer el señor Moreno respecto a la pluralidad y la garantía de independencia de ese órgano, de la RTVA, porque en los actuales momentos no se cumplen elementos básicos de garantía democrática para el conjunto de fuerzas políticas, y no tenemos armas para poder plantearlo si no es con el control que se desarrolle en el Parlamento de Andalucía y las garantías» que ofrezca el presidente de la Junta.

Por tanto, «ahora es cuando queremos ver a ese señor Moreno con talante moderado y dialogante», según ha continuado Juan Espadas, que ha remarcado que «el ejercicio se demuestra andando», y el presidente de la Junta deberá demostrar en este proceso de renovación «a qué tipo de control se quiere someter».

Al respecto, ha asumido que el PP-A va a contar con «una mayoría absolutísima» tanto en el consejo de administración de la RTVA como en el CAA, por lo que habrá que ver «cuál es realmente la posibilidad de auto enmienda que admite» Juanma Moreno «para no hacer un uso prácticamente absolutista y egocéntrico» de Canal Sur, «ese instrumento que es el que ven la mayoría de los andaluces en sus casas», según ha remachado Espadas antes de zanjar que él quiere que la situación actual «cambie, sencillamente porque quiero higiene democrática y creo que Moreno no ha dado muestras de eso en la legislatura terminada», según ha sentenciado el líder socialista.

La secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, ha insistido en que la nueva plataforma ‘Sumar’ que impulsa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz es un «aliado electoral fundamental». También ha destacado que su formación estará presente con «candidaturas fuertes» en las próximas elecciones autonómicas y municipales, fructifiquen o no los frentes amplios

En una entrevista, la dirigente de Podemos ha defendido que su partido ha sido el «motor de transformación política más importante» de los últimos años y que el próximo ciclo electoral debe «consolidar» los gobiernos progresistas.

Para esa meta están convencidos de que Díaz es la «mejor candidata» y la que puede aglutinar a su alrededor un espacio «muy amplio», con el que aspirar a ser fuerza «mayoritaria» en caso de reeditarse el Gobierno de coalición.

YOLANDA ES LA MEJOR CANDIDATA, PERO AÚN NO SE HA NEGOCIADO

«Creo que Yolanda Díaz es la candidata que puede aglutinar a diferentes posiciones políticas», ha desgranado. Eso sí, ha precisado que aún no se ha entrado en la negociación de cómo se conformaría una candidatura bajo su liderazgo. También Pérez ha proclamado que Podemos va a trabajar para «construir candidaturas amplias», reforzar su partido y aportar «lo mejor» de su organización a ese futuro espacio amplio progresista.

Por otro lado ha afirmado que las relaciones con IU son correctas tras el relevo de Enrique Santiago como secretario de Estado para la Agenda 2030, pues lo desliga de cuestiones internas al enmarcarlo exclusivamente a una «reestructuración pactada» en el Ministerio de Derechos Sociales, que busca impulsar una visión «feminista y ecologista» de cara al final de legislatura.

Así, ha explicado que el departamento de Ione Belarra cree que el perfil de la ‘número tres’ de Podemos, Lilith Verstrynge, se amolda más y hará un «magnífico trabajo» al igual que hizo Santiago, que sigue siendo un «activo importante» para Unidas Podemos y del que se aprovechará su capacidad política en el Congreso.

MÁS PAÍS Y COMPROMÍS YA DECIDIRÁN

Sobre las opciones de lograr una frente amplio con Más País o Compromís, la también directora del Injuve ha dicho que no puede hablar por otras formaciones políticas y que serán éstas las que tomen sus decisiones a través de sus correspondientes órganos de dirección.

En cuanto al rol que deberían tener los partidos en una candidatura abanderada por Díaz y cómo se haría el reparto de cuotas, Pérez ha advertido de que se equivocarían si se dedican a hablar constantemente de la «vida interna» de Podemos, dado que es algo que les «desgasta» y que «aleja» a la ciudadanía de sus propuestas políticas.

Y a su juicio el error en el caso de los malos resultados de la candidatura de unidad de Podemos, IU y Más Madrid en Andalucía (Por Andalucía) fue «quizás hablar demasiado de nosotros mismos y no centrarse en las propuestas políticas».

De cara a emular frentes amplios en las autonómicas con otras fuerzas de izquierda, como puede ser en Madrid, Aragón o Valencia y dado que la plataforma de Díaz no estará lista en estos comicios, la dirigente de la formación morada ha puntualizado que esas opciones se tendrán que valorar cuando se convoquen los comicios, pero están «dispuestos a hablar con todo el mundo que comparta sus objetivos políticos». «Ningún problema con nadie que quiera aportar esa visión y esa forma de hacer política», ha enfatizado.

Mientras, ha detallado que Podemos ya trabaja para «fortalecerse» en las comunidades y persigue «candidaturas fuertes» que incluya a personalidades de la sociedad civil, correspondiendo a las direcciones regionales valorar cómo se articulan.

«Podemos es una organización que lleva tiempo preparándose y las demás fuerzas valorarán en cada caso (..) Pero en todo caso Podemos tendrá representación y tendrá candidaturas con la sociedad civil integrada y preparada para ese ciclo político de 2023», ha ahondado.

«HAY ALGUNOS JUECES QUE SE CREEN INTOCABLES»

Por otro lado, Pérez ha augurado que el caso ‘Neurona’ será archivado como «todas y cada una de las causas judiciales que le abren a Podemos», dado que «no tienen nada detrás» más que una «motivación y una persecución política».

No obstante, ha arremetido contra el «desprestigio» que les genera estas acusaciones basadas «claramente en mentiras» desde el «modus operandi» de las «cloacas del Estado», que no solo perjudica a Podemos sino que es un «grave daño a la democracias». «Quien va a reparar este daño», se ha preguntado.

Respecto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de abrir una investigación al cofundador de la formación Juan Carlos Monedero por un presunto delito de blanqueo de capitales, la coportavoz del partido aludido de nuevo y de forma genérica que las «cloacas del Estado» han intentado derribar a formaciones legítimas y democráticas. «Quizás hay algunos jueces que se creen intocables y que están por encima del resto de la ciudadanía y no es así», ha remachado.

Uno de cada cuatro contratos de emergencia cerrados por el Gobierno durante el primer año de la pandemia de coronavirus se hizo verbalmente, sin tramitación por escrito, y en ellos se invirtieron casi ocho millones de euros, según un informe del Tribunal de Cuentas. De los ministerios analizados, los departamentos que más gastaron por esta vía excepcional fueron los de Ciencia, Defensa, Justicia y Política Territorial.

Así consta en el Informe de Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los Ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus organismos autónomos, que afecta a los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Educación, Ciencia, Universidades, Cultura, Interior, Justicia, Presidencia, Igualdad y Política Territorial, así como a sus organismos autónomos adscritos.

Para la fiscalización se seleccionaron 100 contratos de los 347 comunicados, por una cuantía de 48,2 millones de euros, lo que supone el 75% del importe total de la contratación de este tipo (64,2 millones de euros).

En el informe, el fiscalizador recuerda que en el procedimiento de emergencia la ley exime «de la obligación de formar un expediente de contratación y permite contratar verbalmente», una manera de contratar que se utilizó en el 24% de las contrataciones analizadas, de las que no hubo documentación por escrito. Aunque es una fórmula contemplada en la ley, el tribunal recomienda que se procure la tramitación escrita.

NO CUMPLÍAN LOS REQUISITOS

Pero, además, el tribunal ha detectado que cinco de esos contratos no debieron realizarse por el procedimiento de emergencia porque no cumplían los requisitos que se exigían para ello: que las medidas estuvieran relacionadas directa o indirectamente con el covid y que estuvieran encaminadas a atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas aprobadas por el Gobierno. Y esos cinco contratos que no se ajustaban a estos criterios fueron realizados de manera verbal.

Según los datos recopilados, el Ministerio de Ciencia e Innovación es el que más recurrió a los contratos verbales, con un total de nueve, que ascendieron a 1.866.498 millones de euros. Los más cuantiosos corresponden al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria: uno de 923.591,98 euros para la adecuación de laboratorios en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) y otro, de 306.052,04 euros, para el equipamiento de los mismos.

Ninguno de los dos cumplía los requisitos para una tramitación de emergencia. Según reseña el informe, en ambos se fijó un plazo de ejecución de seis meses –lo que choca con la supuesta urgencia–, pero la inexistencia de certificados de conformidad y de actas de recepción de ambos ha impedido conocer el plazo efectivo de ejecución.

Además, el relativo a la adecuación de los laboratorios incluía la sustitución de dos depósitos antiguos y deteriorados. Sin perjuicio de que fuesen actuaciones necesarias para la protección del contagio del virus, el tribunal señala que la situación de estos elementos ya era conocida con anterioridad por lo que, de haber mantenido una correcta planificación, «la contratación se hubiese realizado en su tiempo debido y por procedimientos ordinarios».

Por otra parte, el Instituto Salud Carlos III cerró otro contrato verbal con el concepto de ‘asistencia técnica analista funcional’, de 264.234,19 euros por hora, cuya tramitación urgente no cuestiona el fiscalizador.

1,13 MILLONES PARA RASTREADORES

Sí lo hace en el caso de un servicio de mudanza contratado por el mismo instituto, también de manera verbal, por un importe de 33.940,50 euros, que derivaba de un procedimiento ordinario iniciado en 2019 que se transformó en uno de emergencia con el argumento de que no se pudo publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante.

El órgano que preside Enriqueta Chicano sostiene que los servicios de mudanza no estaban «especialmente afectados por las circunstancias de la pandemia» y recuerda que «las actuaciones por este procedimiento excepcional deben limitarse a aquellas que sean estrictamente necesarias para hacer frente a la emergencia».

En segunda posición en cuanto al número de contratos verbales, figura el Ministerio de Defensa, con un gasto total de 1.676.441,24 euros en dos procedimientos. En concreto, pagó 1,13 millones para comprar equipos para rastreadores de covid, mientras que destinó 540.625 euros para transformar de cinco vehículos en ambulancias para la Unidad Militar de Emergencia.

MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS

La cifra pagada por tres contratos verbales por el Ministerio de Justicia es de 1.227.235 euros. El mayor, de 799.035,60 euros tenía como objetivo la adquisición de suministros para la protección del personal de la Administración de Justicia de las Gerencias Territoriales.

El Ministerio de Política Territorial se gastó 1.100,216 euros en un único, contrato verbal para comprar material sanitario de protección destinado al personal de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de la Administración General del Estado.

En su informe, el Tribunal de Cuentas también consigna 853.338 euros pagados por Interior para tres contratos verbales, uno de ellos, de 600.000 euros, suscrito por la Dirección General de la Policía para la realización de un mínimo de 8.000 pruebas PRC a los agentes.

VESTUARIOS EN EL PALACIO REAL

De su lado, el Ministerio de la Presidencia abonó 635.199,58 euros por dos contratos de emergencia no realizados por escrito. Uno de ellos, cifrado en 591.199,58 euros, fue un contrato de Patrimonio Nacional para las obras de adecuación de vestuarios y aseos de personal en el sótano primero del Palacio Real de Madrid

Este es otro de los cinco contratos de emergencia del centenar analizados que, según el fiscalizador, no se ajustaron correctamente a los criterios fijados para la tramitación de emergencia. Patrimonio había empezado a preparar el contrato en 2017 para licitarlo entre 2020 y 2021 pero, a raíz de la pandemia, se cambió por un procedimiento de emergencia, para acelerar la obra y disponer lo antes posible de espacios con las exigencias de distancia y salubridad necesarias.

El tribunal concluye que la contratación de la obra principal debería haberse hecho mediante un procedimiento ordinario «garantizase los principios de libre concurrencia y transparencia», y haber circunscrito la emergencia exclusivamente a la contratación de las casetas temporales acondicionadas para vestuarios que se incluyeron también en el contrato.

LICENCIAS DE LIBRO ELECTRÓNICO

Por su parte, el Ministerio de Cultura dedicó 546.724,14 euros para tres contratos verbales. El más cuantioso, de 368.154 euros, fue para la compra de licencias de libros electrónicos y audiolibros para bibliotecas. Este es otro de los contratos no debieron tramitarse por el procedimiento de emergencia.

El tribunal admite que el confinamiento provocó un «aumento significativo del uso del servicio de préstamo de libros digitales» por lo que se requerían más licencias, pero no «aprecia la vinculación del objeto del contrato con la protección de las personas». Además, cuando fue aprobada la emergencia, las dos adjudicatarias ya tenían en ejecución sendos contratos con un objeto idéntico, sin que la documentación remitida aclare si se permitía su modificación y ampliación, lo que habría evitado acudir a la urgencia. Por último, el Ministerio de Educación gastó 49.463 euros en un único contrato verbal para comprar material sanitario para centros docentes.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que les «afecta» alcanzar pactos con EH Bildu, pero asegura que el Gobierno no puede «quedarse de brazos cruzados». En una entrevista concedida a El Correo, el exlehendakari reconoce, además, que «en otoño y en invierno pueden llegar curvas gordas porque va a depender de lo que haga Putin».

En este sentido, advierte que si Rusia «cierra el grifo del gas y se paralizan muchas empresas en Alemania, esto es una cadena». «¿Cuántas de las pequeñas y medianas empresas vascas venden productos de automoción en Alemania? Hay que prepararse, como dijo Calviño», insiste.

Por otro lado, defiende que el Gobierno es «posiblemente el que ha hecho más cosas enfrentándose a una crisis tras otra para ayudar a los más vulnerables y además invertir en cuestiones que van a poner a España en el mundo que viene».

Asimismo, reconoce que «les afecta» tener como aliados a ERC y EH Bildu. «Lamentablemente nos perjudica. Por eso lo utiliza el PP. Pero es que con Bildu hemos pactado subir las pensiones, el IMV, los estados de alarma para salvar millones de vidas porque el PP no quería. No podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que seguir haciendo cosas», justifica. Respecto a los acercamientos de presos de ETA a cárceles del País Vasco, López rechaza que «forme parte de ninguna negociación» y por contra «forma parte de la normalidad».

DEFLACTACIÓN

Cuestionado por la decisión del Gobierno vasco y las Haciendas forales de deflactar un 4% el IRPF, López se muestra contrario y lamenta que es lineal, «con lo cual todavía es peor». «No me parece una política progresista», añade.

Por contra, destaca que lo que ha hecho el Gobierno de España es que, «como con la inflación hay una recaudación extraordinaria, se ha utilizado más de lo recaudado para ayudar a solventar las consecuencias de esta crisis». «Y eso sí que es progresista», expresa, al tiempo que sostiene que el Gobierno central apuesta más «por un pacto de rentas».

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha defendido que la reforma del delito de sedición no es una negociación fácil, y ha dicho que en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat se «está hablando muchísimo» sobre ello. En una entrevista en el diario ‘El Periódico’ este domingo, ha dicho que eliminar el delito de sedición «no puede ser», y ha aseverado que ir contra la Constitución y la integridad territorial de España ha de ser delito.

«No es fácil, digámoslo claro. Para un independentista, aceptar que sea delito ir contra la Constitución no es sencillo. Es tanto como decir que lo que quieren sólo se puede conseguir por determinadas vías y esto limita su campo», ha sostenido.

Preguntado por si ERC se ha comprometido a abandonar la unilateralidad, ha apuntado: «ERC hoy ve que la unilateralidad es inviable y por tanto acepta la realidad. Yo creo que hoy ERC está en una aproximación pragmática. No quiere decir que haya renunciado a sus ideales, pero sabe que los tiene que construir con una realidad, que es la que es».

Sobre a las inversiones del Estado en Cataluña, Iceta ha explicado que el Gobierno ha tenido «una mala noticia sobre ejecución, la misma que han tenido todas las administraciones debido a la pandemia y lo estamos corrigiendo y estaremos en la inversión más alta de la historia en Cataluña, de 24.000 millones.

Preguntado por el decreto del Catalán en la escuela, ha defendido que «si hay una sentencia que dice que no se ajusta a la Constitución, tendremos que examinarlo y ver qué cambios tenemos que hacer para que se pueda ajustar». Y ha recalcado que su partido quiere garantizar «que al acabar la escolarización obligatoria se tenga el dominio pleno del catalán y castellano».

BALANCE DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO

Por otra parte, ha hecho un balance positivo de la gestión del Gobierno este curso: «Creo que la gestión en un contexto muy incierto y sacudido con una pandemia, la erupción de un volcán, una guerra en las puertas de Europa y sus consecuencias económicas, ha acertado con las líneas de fondo».

Al ser preguntado por el aumento del paro en julio, ha considerado que «todo se ha de poner en perspectiva y comparación», y ha argumentado que la política del Gobierno actual es, a sus ojos, infinitamente mejor que en otros momentos, en otras crisis o países.

CRÍTICA AL PP

En relación a los resultados de las encuestas que sitúan al PP en cabeza para las próximas elecciones, ha opinado: «Ante una situación tan incierta no acabo de entender como alguien querría tener al frente a una persona como Feijóo, que ha demostrado que desconoce la realidad».

ESPIONAJE CON PEGASUS

En referencia al cese de la directora del CNI por el espionaje a independentistas con el software Pegasus, cree que «los cambios en el CNI y la actitud del Gobierno y la judicialización, que comportará levantar el secreto de determinadas actuaciones, permitirá garantizar que las cosas funcionan como han de funcionar.

Y preguntado por un posible regreso del Rey emérito, Iceta ha afirmado que el PSOE apoyará lo que decida la Casa Real, pero ha destacado que «la última presencia del rey emérito en España no fue exitosa, por tanto si se produce en el futuro espero que sea en otra clave.