La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria ha ordenado el cierre de los clubes de alterne de la comunidad autónoma, con independencia de la licencia bajo la que desarrollen su actividad, ante el elevado riesgo de contagio por COVID19 y las dificultades derastreo que «harían imposible el control de focos y brotes».
Así consta en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicada este lunes y consultada por Europa Press. Se trata de la cuarta modificación de la resolución de la Consejería de Sanidad de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en Cantabria durante el período de nueva normalidad.
El cierre al público de los denominados clubes de alterne o prostíbulos, ya en vigor, se basa en un informe del Servicio de Salud Pública en el que se destaca la necesidad de aplicar iniciativas dirigidas a la prevención del contagio COVID en este ámbito de actividad y de relaciones interpersonales, dada «la dificultad o imposibilidad de identificar casos y contactos estrechos por parte de los equipos de rastreadores, habida cuenta de la condición de desregulación de esta actividad basada, en la práctica totalidad de los casos, en el anonimato de las personas implicadas en tales relaciones».
Igualmente, considera que se generan unas condiciones de «elevado riesgo de contagio» en el que la aplicación de las medidas de prevención frente al propio contagio y a la transmisión del SARS-CoV «son prácticamente de imposible adopción».
Por tal motivo, «la probabilidad de producirse casos en personas relacionadas con estos establecimientos es elevada y, en caso de producirse, los estudios a llevar a cabo por los equipos de rastreadores para identificar a los contactos estrechos, resultarían enormemente dificultosos o realmente infructuosos por la alta probabilidad de ocultación de la información o simplemente por el desconocimiento de la identidad de tales contactos estrechos, lo que haría imposible el control de los focos y brotes».
El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha valorado esta medida «necesaria más allá del COVID» y ha destacado que el Ejecutivo «tiene recursos y plazas disponibles para dar una respuesta y atender a estas mujeres en situación de vulnerabilidad».
Desde IU han mostrado «satisfacción» por una medida que «siendo positiva, resulta insuficiente si se quiere que la decisión sea totalmente efectiva e inclusiva». Así, destaca la «urgente» protección de las mujeres relacionadas con esta actividad e insta al Gobierno a que active «sin demora» medidas como recursos habitacionales, atención sanitaria e inserción laboral.
«La reivindicación de fondo debe seguir siendo la erradicación de la prostitución como forma de explotación y violencia hacia las mujeres», subraya la coordinadora de IU, Leticia Martínez, que recuerda que la coalición de izquierdas pidió el cierre de los prostíbulos en agosto, dada la dificultad para poder rastrear los contagios que se produjeran en estos establecimientos.
