El Gobierno ha aprobado el real decreto de centros de datos con un 80% de renovables obligatorias. Lo ha hecho a nueve días de las elecciones generales, con las Cortes ya disueltas y contra el criterio de las tecnológicas, las eléctricas y varios gobiernos autonómicos.
En un Consejo de Ministros extraordinario este viernes, 20 de noviembre, ha salido adelante la norma que fija los requisitos energéticos, ambientales y de soberanía digital de los data center, los almacenes de servidores de la economía digital. Moncloa quiere el texto en el Boletín Oficial del Estado antes del 29-N, aunque no entrará en vigor hasta 20 días después, ya con las urnas cerradas.
La norma se aplica a las instalaciones de 10 megavatios (MW) o más. Tendrán que acreditar que el 80% de su consumo procede de renovables, y hacerlo hora a hora: es la correlación horaria, el mecanismo que la industria considera imposible de cumplir. El proyecto que no lo demuestre a tiempo puede perder el acceso a la red eléctrica.
El 80% de renovables, hora a hora: qué exige la norma
Hay más condiciones. Los centros de datos solo podrán gastar 0,1 litros de agua por kilovatio hora, un consumo que el Ministerio califica de 'casi nulo' y que equivale a la categoría A del futuro etiquetado europeo.
El texto incluye además una puerta abierta. Durante cinco años, los proyectos que acepten que Red Eléctrica los desconecte cuando haya 'tensión en la red' podrán bajar del 80% al 60% de renovables. En la práctica, eso permite desenchufarlos sin indemnización, una premisa que el sector ve inasumible.
¿.000 millones para el conjunto de los consumidores, y un 25% el recibo industrial. El texto, defendió, evita que el coste de la digitalización acabe en el bolsillo de los hogares.
Aragón y Madrid ya han anunciado que lo llevan a los tribunales
El frente en contra es amplio. La Comunidad de Madrid y el Gobierno de Aragón han confirmado que recurrirán en los tribunales, y la patronal SpainDC habla de exigencias 'imposibles' y cifra en 67.000 millones de euros las inversiones en riesgo. El PP promete derogar el decreto: su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, escribió en X que la norma 'prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos.
La norma llegará al BOE antes del 29-N, pero no se aplicará hasta después: su futuro depende del resultado electoral.
Jorge Azcón, presidente de Aragón, califica el movimiento de 'incomprensible' y lo atribuye a motivos 'exclusivamente electoralistas'. El consejero madrileño de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha sido más explícito: 'A partir del 30 de noviembre derogaremos este decreto desde el Gobierno'.
No todos están en contra. La gran industria tradicional, la que compite con el precio de la electricidad, es uno de los pocos sectores que ha respaldado el texto. ¿. El Consejo de Estado, que preside Carmen Calvo, aprobó su dictamen por unanimidad, pero con observaciones esenciales que el Ejecutivo no ha atendido del todo. Ese dictamen todavía no se ha hecho público.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fue más dura en su informe de septiembre. Compartió el objetivo de ordenar el despliegue, pero pidió justificar mejor la proporcionalidad de las exigencias y advirtió de que el texto invadía sus competencias al fijar recargos sobre los peajes, los costes regulados del recibo.
El Ejecutivo atendió parte de esas recomendaciones y mantuvo intacto el grueso del articulado tras analizar unas 600 alegaciones. Ese pulido explica el régimen transitorio del 60%, la concesión más visible a un sector que necesita funcionar las 24 horas.
Los próximos pasos son concretos: publicación en el BOE, entrada en vigor veinte días después y, en paralelo, los recursos anunciados por Madrid y Aragón, que no se resolverán a corto plazo. Si el PP cumple su promesa, el decreto podría quedarse sin recorrido práctico antes de cumplir un año.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado el real decreto de centros de datos, con un 80% de renovables obligatorias.
- Por qué te importa: El Gobierno cifra en 5.000 millones el sobrecoste en la factura de la luz que, según dice, evita la norma.
- A quién afecta: A promotores de centros de datos, gran industria electrointensiva, hogares y comunidades como Aragón y Madrid.
- Hacia dónde vamos: Se publica en el BOE antes del 29-N, entra en vigor veinte días después y ya tiene recursos anunciados.




