La ley de nietos no dará votos el 29-N a 163.355 personas. El Tribunal Supremo ha ordenado este viernes que ninguna de ellas figure como electora, ni en España ni en el extranjero.
Solo se libran 901 personas con certificación consular ya acreditada. La providencia deja abierta otra puerta: quienes consigan ese documento antes del día de la votación. El resto, fuera del censo.
Qué ha decidido exactamente el Supremo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, la Sala Tercera, ordena a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que ejecuten la suspensión cautelar que la propia sala acordó en septiembre y amplió en octubre. Traducido: nadie del Anexo I puede figurar como elector.
Y ahí está el giro que cambia el alcance. La orden afecta a esos nacionalizados tanto en el censo de residentes ausentes en el extranjero como en el de residentes en España. Es decir, también los que ya viven aquí, no solo quienes siguen fuera.
El tribunal ya avisó en septiembre de lo que se jugaba. Habló de un 'peligro fundado, real y serio' para la objetividad del proceso y ligó el 'incremento tan notable' de inscritos en el CERA, el censo de electores residentes ausentes, a la confianza de la ciudadanía en el resultado. Las cautelares se han ido prorrogando: autos de 10 de septiembre y de 12 y 23 de octubre de 2026.
Quién puede votar y quién no el 29-N
Aquí conviene separar dos cifras que estos días circulan mezcladas. La providencia habla de 163.355 personas incluidas en el Anexo I de la orden de 25 de octubre de 2022. El informe del INE que la Abogacía del Estado aportó a la causa añade un matiz: con el censo cerrado a 1 de agosto había 163.355 registrados y, 'como resultado de las comprobaciones realizadas', la cifra bajaba a 113.326.
La resolución no retira la nacionalidad a nadie: lo que excluye es la inscripción en el censo electoral para el 29-N.
El matiz importa porque va más allá del caso concreto. La nacionalidad no está en cuestión; lo que queda en el aire es el sufragio en estos comicios para un grupo determinado. Y la decisión llega dentro de la pieza de medidas cautelares, no como sentencia de fondo.
De la ley de nietos al pulso por el censo
Para entender el lío hay que retroceder a 2022. La Ley de Memoria Democrática abrió la puerta a nacionalizar a descendientes de exiliados. Sobre esa base, el Ministerio de Justicia fijó una presunción: quienes salieron de España entre 1936 y 1955 lo hicieron por motivos políticos y no hacía falta demostrarlo con papeles.
Así nació la instrucción conocida como ley de nietos, firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente. El Supremo no discute el relato histórico. Le preocupa el efecto sobre la cita electoral: inscripciones en el censo sin verificación documental que, a su juicio, podían comprometer la transparencia del proceso.
La otra cara llegó la semana pasada. La misma sala rechazó suspender el voto de los hijos de nacionalizados al dudar de 'la posibilidad material' de revisar a esos votantes y anteponer la 'estabilidad electoral'. Las dos decisiones responden a la misma lógica: el tribunal actúa donde cree que la medida puede ejecutarse de verdad. En un lado había margen; en el otro, no.
Ahora la pelota está en la JEC y en la Oficina del Censo. El margen es de días, no de semanas: las listas deben cuadrar antes del 29-N, con 901 excepciones ya reconocidas y la puerta abierta a quien aporte su certificación consular antes de la votación. Las cautelares seguirán vivas hasta que haya resolución firme.
Para los afectados, el trámite no termina aquí. La certificación consular se ha convertido en el papel que decide si su nombre aparece en la papeleta del 29-N, y el plazo para aportarla llega hasta el mismo día de la votación.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo que 163.355 nacionalizados por la ley de nietos no figuren como electores el 29-N.
- Por qué te importa: Afecta al derecho al voto de un grupo que ya tiene la nacionalidad y fija un precedente sobre cómo se revisa el censo antes de unas elecciones.
- A quién afecta: A los 163.355 incluidos en el Anexo I de la orden de 2022, residan en España o en el extranjero. Se libran 901 con certificación consular.
- Hacia dónde vamos: La JEC y la Oficina del Censo deben ajustar las listas antes del 29-N; la decisión sigue siendo cautelar y el conflicto de fondo continúa abierto.




