El registro ADN de perros de Bolzano se cae: la provincia devolverá el dinero a las familias que lo pagaron.
La provincia autónoma de Bolzano-Alto Adigio, en el norte de Italia, fue pionera. En 2018 su Consejo Provincial respaldó la creación de una base de datos centralizada de perfiles genéticos caninos y en 2019 llegó la base legal. La idea sonaba bien sobre el papel: el ADN canino iba a identificar a los dueños incívicos que dejaban las heces en la calle y, de paso, ayudar en investigaciones de accidentes o ataques.
¿Qué era exactamente el registro ADN canino de Bolzano?
El sistema no salía gratis. Quien hizo el perfil genético a través del servicio sanitario público pagó 65 euros; quien tiró de veterinario privado, hasta 150. Para los perros ya inscritos a 1 de enero de 2022, la fecha límite quedó fijada en el 31 de diciembre de 2023, con multas de 292 a 1.048 euros para quien no cumpliera.
Ahora el proyecto de ley que desmonta la base de datos prevé devolver esas cuotas. No es barato: el desmantelamiento se presupuestó en 845.000 euros, aunque la cifra final podría superar los 1,8 millones de euros. Un dineral público para cerrar una puerta que se abrió con mucha propaganda y pocos resultados.
¿Por qué ha fracasado el registro ADN canino?
Porque un sistema así solo funciona si alguien recoge las heces, las analiza y tramita la sanción. Y eso, en la práctica, no ocurría. Ni la policía ni los servicios de limpieza estaban dispuestos a tomar muestras para identificar su origen, según recogió la prensa local. Sin pruebas no hay multa.
A eso se suma el dato que lo tumba todo: el porcentaje de perros censados fue muy bajo, así que la medida nacía coja. Al menos 6.000 dueños pagaron entre 60 y 120 euros por el análisis genético de su perro, siempre según la prensa local. El retorno, en la práctica, era nulo.
Un censo genético sin medios para analizar las muestras es solo un impuesto con buena prensa: caro para las familias y estéril para la convivencia.
Nadie pica. Tampoco ayudó la complejidad de organizar la recogida de excrementos en la calle y su análisis posterior en el laboratorio provincial, con un coste alto por muestra. El resultado es una norma que nació con ínfulas de pionera y se apaga entre críticas por su escasa eficacia.

El espejo de Andorra: más análisis que sanciones
El caso andorrano ayuda a entender el patrón. Los seis municipios del país que implantaron el genotipado obligatorio desde 2023 han puesto 96 sanciones tras 431 análisis, con más de 6.500 perros censados. Los datos los facilitaron esos ayuntamientos a la Cadena SER, y dejan una foto incómoda: la mayoría de las pruebas no fueron concluyentes.
Lo que enseñan los dos casos es más simple de lo que parece. El chip obligatorio y el censo municipal ya identifican al perro si el ayuntamiento los usa de verdad. Sumar una capa genética sin medios para explotarla solo traslada el coste a las familias y no mejora la convivencia en la calle.
Y ojo, porque la convivencia sí importa: las heces sin recoger son un problema de civismo y de salud pública en muchas ciudades. La solución pasa por más papeleras, más control, y sanciones que se apliquen de verdad, no por bases de datos caras que nadie usa.
🐾 Huella animal
- ❤️ Por qué es importante para un amante de los animales: Porque una norma mal diseñada acaba pagándola quien menos culpa tiene: las familias con perro.
- 📌 De qué no tienes que olvidarte: El chip y el censo municipal de tu ciudad siguen siendo la vía oficial para identificar a tu perro.
- ⚠️ Cosas a tener en cuenta para el futuro: Desconfía de los registros genéticos sin plan de inspección detrás; sin control no sirven de nada.



