La Conferencia Episcopal mantendrá el acuerdo de reparación con las víctimas de abusos aunque cambie el Gobierno tras el 29-N. Así lo ha asegurado su secretario general, Francisco César García Magán, este viernes en Madrid, al término de la asamblea plenaria que ha reunido durante cinco días a los obispos españoles.
La duda no era menor. Muchas víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia habían preguntado en las últimas semanas qué pasaría con sus expedientes si el resultado electoral abría una etapa política distinta. La respuesta del portavoz episcopal llegó sin matices.
¿Qué ha dicho exactamente la Conferencia Episcopal?
«Absolutamente, claramente y rotundamente, sí». Con esa contundencia ha respondido García Magán a la pregunta de si la Iglesia se compromete a mantener el acuerdo firmado en enero con el Gobierno y con el Defensor del Pueblo. A continuación ha añadido que la Iglesia mantendrá el acuerdo pase lo que pase en las urnas y que ese compromiso sigue en pie «independientemente de los resultados» de los comicios del 29 de noviembre.
El pacto se cerró en enero de este mismo año con una duración inicial de un año, prorrogable a otro más. Su objetivo es reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia, un proceso que se canaliza a través de la unidad de atención creada en la web del Defensor del Pueblo.
Los números de ese proceso, facilitados por la institución a mediados de noviembre, dibujan el volumen de trabajo pendiente: se han recibido 511 expedientes en siete meses, desde que el 15 de abril se abriera el plazo para presentar solicitudes. De todos ellos se han tramitado 258, se han realizado 219 entrevistas personalizadas y se han formulado 55 propuestas de reparación.
El calendario administrativo corre en paralelo al político: el plazo para reclamar sigue abierto y las primeras 55 respuestas ya están sobre la mesa de la Iglesia.
Esas 55 propuestas se han remitido a la Iglesia a través del Ministerio de Justicia. La institución eclesiástica dispone de dos meses para estudiarlas y, en caso de no estar conforme, presentar alegaciones. Cada expediente avanza así por una vía reglada, con plazos que no dependen de quién gobierne.
¿A quién afecta y por qué preocupa a las víctimas?
El primer afectado es el colectivo que lleva años esperando una respuesta. Muchas víctimas temen que un cambio de Gobierno paralice los expedientes, una inquietud que trasladaron a los medios en las semanas previas a la cita electoral. El entonces Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, respondió a esas preguntas antes de dejar el cargo: no tenía motivos para dudar de que los acuerdos se mantuvieran «esté quien esté en el Gobierno».
El relevo institucional añade ruido al momento. El Defensor del Pueblo cambia de titular en pleno proceso: Gabilondo terminó su mandato este martes y Teresa Jiménez-Becerril, propuesta por el PP y hasta ahora adjunta primera, asume la institución en funciones hasta que el Congreso nombre al nuevo titular. De acuerdo con la información conocida esta semana, la nueva responsable ha suprimido el área de Igualdad de Trato y ha integrado Migraciones en la de Justicia y Seguridad.
El papel de garante era una pieza central del diseño. Gobierno e Iglesia se lo encomendaron a Gabilondo en enero y todas las partes lo señalaban como la figura que daba credibilidad al acuerdo. Su salida deja esa función en manos de una institución en plena transición interna, algo que llega justo cuando las primeras propuestas de reparación empiezan a resolverse.
El precedente: un informe de 700 páginas y un debate canónico abierto
El proceso no nace de la nada. El informe de 700 páginas se presentó en el Congreso en 2023, elaborado por el Defensor del Pueblo bajo el mandato de Gabilondo, y fue el punto de partida de un diagnóstico que situó el problema ante la opinión pública con cifras y testimonios. De aquel trabajo surgió la arquitectura del acuerdo actual, con la unidad de víctimas como puerta de entrada de las solicitudes.
En paralelo, la Iglesia ha abierto otro frente: el de su propio derecho interno. El sacerdote Carlos Morán, decano del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España desde 2009, defendió en una entrevista que la víctima «debiera ser parte en el proceso canónico» para poder ejercitar sus derechos. García Magán lo ha respaldado sin reservas: «Suscribo el cien por cien de lo que dice el decano de la Rota». Morán intervino esta semana en la asamblea plenaria, según ha confirmado el propio secretario general.
Con ese contexto, lo que toca ahora es seguir la letra pequeña. Los plazos del acuerdo no dependen del calendario electoral: quedan dos meses para que la Iglesia conteste a las propuestas ya enviadas, el plazo de solicitudes continúa abierto y la prórroga por un año más está sobre la mesa. Las víctimas que ya han presentado su expediente miran al 29-N con la misma pregunta de siempre: si el compromiso se sostiene, sus casos seguirán su curso.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: La Iglesia asegura que mantendrá el acuerdo de reparación aunque cambie el Gobierno tras el 29-N.
- 👥 Quiénes son los afectados: Las víctimas de abusos en la Iglesia que han presentado expediente y esperan una respuesta.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: El relevo en el Defensor del Pueblo y el plazo de dos meses para responder marcarán el ritmo del proceso.



