El Tribunal de Cuentas ha abierto la instrucción para recuperar el dinero público de los contratos amañados de Adif. Quiere saber cuánto se pagó de más y quién responde de ese desfase.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. Afecta a adjudicaciones pagadas con fondos europeos y llega en plena crisis ferroviaria, con dos investigaciones abiertas y el foco sobre una constructora vinculada a la trama Koldo.
Qué ha decidido el Tribunal de Cuentas y qué se investiga
Rebeca Laliga, presidenta de la sección de enjuiciamiento, ha lanzado el proceso después de que la Fiscalía del propio organismo se posicionara a favor. El punto de partida es un informe que el Tribunal aprobó el pasado diciembre y que también ha despertado el interés de la Fiscalía Europea. El pasado viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a la sede con una solicitud de información.
Hay dos investigaciones y no son lo mismo. La del Tribunal de Cuentas es contable: busca cuantificar el perjuicio para el Estado y que los responsables devuelvan el dinero, con embargo preventivo de bienes si hace falta. La otra es penal y la lleva la Fiscalía Europea.
Los indicios se centran en adjudicaciones a Obras Públicas y Regadíos (OPR), una constructora que la investigación judicial situó después en la trama Koldo, el entramado vinculado al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. El informe señala al menos dos contratos con fondos europeos por 85 millones, aunque es pronto para saber qué licitaciones se amañaron ni cuánto se pagó de más frente a las ofertas competidoras.
Por qué esto te afecta aunque no hayas licitado nunca
En 2022, Adif recibió dos denuncias internas en su canal ético sobre falsificación de puntuaciones en licitaciones de obras para favorecer a una empresa. Según el informe, las archivó con 'laxitud' y 'sin el rigor exigible'.
La voz de alarma llegó de otra empresa pública, Ineco. El documento describe cómo un empleado de Adif habría ordenado a dos empleados de Ineco cambiar sus valoraciones de las ofertas técnicas de tres licitaciones, amparándose en una orden de un superior. La acusación se desdeñó entonces.
La cúpula de Adif confía en el archivo. El ya expresidente Pedro Marco de la Peña defendió por escrito las adjudicaciones ante el Tribunal de Cuentas y negó que hubiera amaño. También restó importancia a la solicitud de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), recibida en Adif el 13 de abril de 2023, porque entonces la Fiscalía Europea no investigaba. Ahora sí.
La instrucción acaba de arrancar y su meta es concreta: poner cifra al perjuicio y exigir la devolución del dinero público.
El informe de diciembre, la OLAF y el precedente que marca el caso
El Tribunal de Cuentas no es un tribunal penal. Cuando detecta un perjuicio en una fiscalización ordinaria, abre una instrucción para exigir la devolución y, si el responsable no responde, embarga sus bienes. Es el mecanismo que ya ha usado en otros casos de contratos irregulares. Aquí la dificultad está en identificar al responsable último: si los cargos que participaron se limitaron a cumplir órdenes, la cadena se complica. Más contexto sobre la institución, en su entrada de Wikipedia.
En la vía penal se señala a Ábalos como responsable final, pero el propio Tribunal avisa de que cualquier conclusión es prematura. El informe que originó todo se aprobó no sin tensión: su autor, el consejero José Manuel Otero Lastres, propuesto por el PP, chocó con la mayoría de consejeros del PSOE, según la información de El Mundo.
Lo que viene ahora es peritaje puro: cuantificar contratos, comparar ofertas descartadas y decidir si hay responsables con patrimonio con el que responder. Todo ocurre en plena crisis ferroviaria, con los accidentes de este año aún bajo investigación y la mirada puesta en el funcionamiento interno de Adif, que sostiene que no hubo amaño. En paralelo, la Fiscalía Europea mantiene abierta su propia vía y el dinero comprometido es en parte comunitario.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Tribunal de Cuentas ha abierto la instrucción para recuperar el dinero público de contratos amañados de Adif, en paralelo a la investigación de la Fiscalía Europea.
- Por qué te importa: Son fondos públicos y europeos que debían ir a obra ferroviaria, en un contexto de crisis del servicio y de accidentes este año.
- A quién afecta: A Adif, el gestor público de la infraestructura ferroviaria, a la constructora OPR, a los cargos que firmaron las adjudicaciones y, de rebote, a los viajeros.
- Hacia dónde vamos: La instrucción está en fase inicial: toca cuantificar el perjuicio, identificar responsables y ver si acaba en embargo de bienes.
