La Policía Nacional desalojó de madrugada la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol. La organización denuncia que la intervención dejó varias personas heridas por golpes y por el uso de gas pimienta, y atribuye la orden a la Delegación del Gobierno, aunque en un principio había parecido que se producía sin inconvenientes reseñables.
El desalojo se produjo en la madrugada de este martes 3 de noviembre. Según el comunicado difundido por la cuenta oficial de la acampada en Instagram, la operación fue "ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes de la delegación del Gobierno.
La organización añadió que en ese momento trabajaba "para comprobar el estado y la integridad de todas las compañeras". El comunicado no detalla cuántas personas resultaron heridas ni concreta la gravedad de las lesiones.
El desalojo deja por ahora una única versión de los hechos y ninguna cifra oficial de personas heridas
Hasta el momento no ha trascendido una versión oficial de la Delegación del Gobierno, ya que la institución no ha difundido ningún comunicado público sobre lo ocurrido, al menos según la información disponible. Eso deja, por ahora, el de los convocantes como único relato.
La Delegación de Gobierno ya había avisado a la acampada
Eso sí, la Delegación del Gobierno había enviado dos requerimientos a los manifestantes en los días previos y una gran cantidad de ellos ya se habían marchado. Ha trascendido que hay dos detenidos por resistencia y desobediencia.
La acampada se enmarca en las movilizaciones por el acceso a la vivienda, con el precio del alquiler como principal bandera de los convocantes, un asunto que la organización vincula con la situación de los jóvenes inquilinos y con el coste del alquiler en el centro de las ciudades.
Los vídeos difundidos por los acampados muestran la plaza con presencia policial y agentes equipados con material antidisturbios. La organización califica la intervención de "violenta".
La Delegación del Gobierno es el órgano que dirige y coordina a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidad y el que resuelve las autorizaciones y prohibiciones de concentraciones en la vía pública. La acusación de la organización apunta, por tanto, a una cadena de mando institucional.
El marco que se discute es el artículo 21 de la Constitución, que reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, según el texto publicado en el BOE. Ese derecho puede limitarse cuando existe un riesgo cierto para personas o bienes, y de ahí nace el equilibrio entre protesta y orden público.
El marco legal del desalojo
Las decisiones de la Delegación del Gobierno sobre concentraciones en la vía pública pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y la actuación de los agentes puede acabar en denuncias o en una investigación interna. Son las dos vías que suelen abrirse tras una operación de este tipo, aunque ninguna está anunciada oficialmente por ahora.
Los conflictos entre acampadas y espacio público tampoco son nuevos, puesto que, en los últimos años, distintas concentraciones prolongadas en el centro de las ciudades han acabado con órdenes de desalojo y con litigios posteriores sobre la proporcionalidad policial. Cada caso fija un criterio sobre hasta dónde puede llegar una protesta y con qué margen actúan los cuerpos de seguridad.
Aquí conviven dos lecturas: quienes defienden este tipo de desalojos aluden a la ocupación prolongada del espacio público y a los protocolos de seguridad, y quienes los critican ponen el acento en el derecho de reunión y en la proporcionalidad de la intervención.
El siguiente paso es saber, por un lado, cuántas personas resultaron heridas y con qué gravedad, y por otro, si la acampada se reconstruye en otro formato o si el movimiento traslada su protesta por la vivienda a las asambleas de barrio y a los actos de los colectivos de inquilinos. La política de vivienda sigue siendo el fondo del conflicto.
