Castilla y León ha colado un impuesto al sol en su presupuesto de 2027. Grava con entre 600 y 2.000 euros por hectárea a las plantas fotovoltaicas que venden electricidad a la red.
Qué se grava y a quién le llega la factura
La figura se llama Impuesto sobre la Afección Medioambiental y viaja dentro del proyecto de medidas tributarias que la Junta, gobernada en coalición por PP y Vox, ha incluido en las cuentas del próximo año. El sector la ha rebautizado como el nuevo impuesto al sol, el nombre que hereda del peaje que se aplicó al autoconsumo hace una década. El precedente está negro sobre blanco en el real decreto que lo reguló en 2015.
El tributo recae sobre las granjas solares que vierten electricidad a la red. La horquilla que maneja la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la patronal del sector, va de 600 a 2.000 euros por hectárea ocupada. Los paneles de autoconsumo en tejados de viviendas o industrias quedan al margen.
Tampoco lo pagan los parques que no generan excedentes. Y hay una rendija para los que sí vierten: se libran si la relación entre la potencia contratada en periodo punta y la potencia de generación instalada llega al 50%. La Junta defiende la medida con tres ideas: el principio de 'quien contamina, paga', el hecho de que la comunidad es excedentaria en energía y la llamada neutralidad tecnológica.
UNEF no comparte el diagnóstico. Su director general, José Donoso, sostiene que es 'un impuesto absolutamente recaudatorio e injustificado que penaliza una actividad que genera desarrollo socioeconómico local'. La patronal añade que el sector ya paga tributos locales, autonómicos y estatales por producir, por ocupar suelo y por desarrollar una actividad económica.
El tributo recae sobre las plantas que venden a la red y deja fuera los tejados, pero el sector lo lee como un freno a la inversión.
El flanco municipal es otro. Según los cálculos de la asociación, los ayuntamientos con parques solares ingresan unos 10.000 euros al año por cada megavatio instalado. Un dinero que, a su juicio, la nueva figura pone en riesgo al enfriar la inversión.
PP y Vox se pasan la pelota en plena campaña
El choque se vio en el Foro Solar de UNEF, este martes y con el anfiteatro lleno a un mes de las elecciones del 29N. Ricardo Chamorro, portavoz adjunto de Vox en la Comisión de Transición Ecológica, tiró de manual: su guía es 'la desregulación y la bajada de impuestos'. Después admitió lo obvio: 'cuando estás en un equipo de Gobierno tienes que tomar decisiones conjuntas y se ha decidido así. Ya veremos si se cambia'.
Minutos más tarde la pregunta llegó a Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP. 'No está en el ADN del PP crear impuestos, más bien lo contrario', respondió. Y añadió que se trata de 'una decisión de una comunidad autónoma en un Gobierno autonómico' y que a nivel nacional no hay ninguna decisión de aumentar la imposición sobre la generación.
Los números dibujan otro recorrido. Castilla y León es la tercera comunidad del PP que activa un impuesto a las renovables, después de Aragón y La Rioja, que lo hicieron en 2024. Y el propio Nadal fue secretario de Estado de Energía en el último Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo que alumbró el impuesto al sol de 2015.
Qué cambia respecto al impuesto al sol de 2015
La comparación con la norma de hace una década tiene matices. Aquel impuesto era estatal y no gravaba la producción en sí: cobraba un peaje a las instalaciones de más de 10 kilovatios por estar conectadas a la red, aunque no vertieran ni un kilovatio, y sumaba trámites que disuadieron a muchos hogares. El de ahora es autonómico, lleva otro nombre y se aplica sobre el suelo de las plantas que venden electricidad.
Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, cargó contra la decisión horas antes del foro: 'Me cuesta muchísimo entender que haya quien quiera resucitar recetas fracasadas, recetas fiscales que ya conocemos, como el impuesto al sol'. Para el PP, en cambio, es una medida autonómica que no anticipa un giro fiscal en el resto del país.
El calendario manda. El texto sigue en fase de proyecto y tendrá que pasar por las Cortes de Castilla y León antes de aplicarse, con la campaña del 29N de fondo. Lo que salga de ahí decidirá si la figura llega tal cual al boletín oficial, se rebaja o se cae. Y el precedente de Aragón y La Rioja apunta a que no es un caso aislado: tres comunidades del mismo partido han activado tasas sobre renovables en dos años.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El presupuesto de Castilla y León para 2027 crea un Impuesto sobre la Afección Medioambiental de 600 a 2.000 euros por hectárea a las plantas solares que venden a la red.
- Por qué te importa: El sector avisa de que encarece los proyectos y puede frenar inversión, lo que afecta a los ingresos que los municipios reciben de los parques.
- A quién afecta: A las granjas solares que vierten electricidad y a los ayuntamientos que ingresan unos 10.000 euros anuales por megavatio. Los paneles de tejado quedan fuera.
- Hacia dónde vamos: El texto debe pasar por las Cortes antes de aplicarse, en plena campaña del 29N y con Aragón y La Rioja como precedentes.
