5Activa las palancas colectivas: convenio, transparencia algorítmica y formación bonificada
La palanca más potente no es individual, sino colectiva. El artículo 64.4.d del Estatuto de los Trabajadores, introducido por la Ley 12/2021, obliga a la empresa a informar al comité de empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que inciden en las condiciones de trabajo y en el acceso o mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles; el artículo 10.3 de la LOLS extiende ese mismo derecho a los delegados sindicales. La Audiencia Nacional lo confirmó en su sentencia 101/2025, de 4 de julio: una empresa de contact center negó usar algoritmos para repartir libranzas, el tribunal dio por probado lo contrario —bastaba una fórmula matemática, sin IA— y la condenó a indemnizar con 6.250 euros al sindicato, además de ordenar una información «inmediata, clara y accesible». Cada vez más convenios incorporan cláusulas de transición digital e IA, y desde agosto de 2026 el Reglamento europeo de IA refuerza ese deber de información.
La segunda palanca también es colectiva y se financia con dinero ya cotizado: el crédito de formación bonificada vía FUNDAE procede de las cuotas por formación profesional ingresadas (el 0,7 % de la base), no de fondos nuevos. El crédito anual depende del tamaño de la plantilla: el 100 % de lo cotizado para empresas de 1 a 9 trabajadores, el 75 % de 10 a 49, el 60 % de 50 a 249 y el 50 % desde 250, con un mínimo de 420 euros al año. Las de menos de 50 empleados pueden reservar el crédito no gastado hasta dos ejercicios más, y quien supera un año de antigüedad tiene derecho a 20 horas anuales de formación retribuida, acumulables hasta cinco años. Las acciones deben vincularse a la actividad de la empresa, ser gratuitas para quien las cursa y durar al menos dos horas.
El margen desaprovechado es enorme: según el balance anual de FUNDAE, en 2025 solo el 20,5 % de las empresas con derecho a bonificación la utilizó y se consumió el 52 % del crédito asignado, 674,3 millones de euros, con 6,12 millones de participantes. El plan formativo lo decide la empresa, pero la norma la obliga a informar previamente a la representación legal de los trabajadores, que dispone de 15 días hábiles para emitir su informe. Ese trámite es la vía para exigir que el crédito disponible se destine a competencias realmente demandadas —digitalización, tratamiento de datos, uso de herramientas de IA— y no a cursos de escaparate que no protegen la empleabilidad.
