9El derecho a la desconexión digital no es un beneficio: qué obliga la ley en España
La desconexión digital dejó de ser un gesto de buena voluntad de la empresa el 7 de diciembre de 2018, cuando entró en vigor la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Su artículo 88 reconoce a toda la plantilla, también a los empleados públicos, el derecho a no atender comunicaciones laborales fuera del tiempo de trabajo legal o pactado, para preservar el descanso, los permisos, las vacaciones y la intimidad personal y familiar. El Estatuto de los Trabajadores lo recoge en su artículo 20 bis y la Ley 10/2021 de trabajo a distancia lo refuerza para quienes teletrabajan, total o parcialmente, desde su domicilio. La norma no deja margen: obliga al empleador a elaborar una política interna —previa audiencia a la representación legal— que defina cómo se ejerce ese derecho e incluya formación y sensibilización sobre el uso razonable de las herramientas digitales para evitar la fatiga informática.
Que sea una obligación no significa que se cumpla. Incumplirla se encuadra en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social como infracción grave por transgresión de las normas de jornada, descansos y vacaciones, con multas de entre 751 y 7.500 euros; si el contacto reiterado deriva en acoso o vulnera la intimidad y la dignidad, la sanción puede escalar hasta los 225.018 euros, y si afecta a la prevención de riesgos laborales, hasta 49.180. La Inspección de Trabajo ha empezado a sancionar estos casos —enviar correos a una persona de baja por ansiedad ya ha costado indemnizaciones— y el Tribunal Supremo se pronunció en noviembre de 2025 sobre el trámite de audiencia previa a los representantes. El Ministerio de Trabajo pactó con UGT y CCOO blindarlo como derecho irrenunciable, un texto pendiente aún de aprobación.
