El Congreso ha tumbado la ley de lobbys y España pierde 260 millones de fondos europeos del Plan de Recuperación. La votación de ayer deja sin regular la relación entre empresas y políticos.
Qué se votó y por qué ha caído la norma
El pleno rechazó el real decreto-ley, la fórmula de urgencia con la que el Gobierno aprobó la norma, a finales de agosto. PP, Vox y Junts votaron en contra y el PNV se abstuvo, de modo que la ley decae tras menos de un mes en vigor.
La paradoja es que casi todo el arco parlamentario dice estar a favor de regular la actividad de los grupos de interés. El desacuerdo es de fondo y de forma. El PP mantiene que, aunque quiere una ley, el decreto-ley no es el camino, y Junts reprocha que se incluya como lobbistas a representantes de pequeñas empresas y organizaciones sectoriales, lo que dificultaría su acceso a la administración.
El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, defendió que la ley aportaría transparencia y prometió aclarar el encaje de patronales y sindicatos si hacía falta una nueva norma.
López insistió en que el registro obligatorio de lobbys no dependería de la Oficina de Conflicto de Intereses ni de su departamento, sino del Consejo de Transparencia. La patronal Apri respaldaba la norma, pero en el Ibex 35 generaba rechazo.
Bruselas lleva reclamando esta regulación a España desde 2021. Durante las tres semanas de vigencia, el registro recibió más de 300 solicitudes y más de 3.000 consultas, sin que eso cambiara los votos de ayer.
La norma cae y, con ella, otros 260 millones de euros que estaban comprometidos por Bruselas.
A quién afecta: el golpe real de perder 260 millones
Perder una ley no es abstracto aquí. El rechazo resta 260 millones de transferencias europeas comprometidas con el Plan de Recuperación, según fuentes gubernamentales.
Inicialmente se temía un recorte de entre 800 y 1.500 millones. El Gobierno ha negociado con la Comisión Europea, que valoró el cumplimiento de otras reformas asociadas al mismo hito, y el daño ha quedado acotado.
No es el único tijeretazo en los fondos Next Generation. España acumula cerca de 1.300 millones retenidos por varios incumplimientos pactados. Otras tres reformas bloqueadas congelaron 1.100 millones: la del impuesto del diésel, la de temporalidad de interinos y la digitalización de entidades locales.
La Comisión Europea tiene tasados los recortes a un país miembro por incumplir hitos, pero aún existen negociaciones que pueden reducir las partidas retenidas si se cumplen otros compromisos. Eso es lo que ha evitado que el golpe fuera mayor.
Tercer intento fallido: por qué España no logra regular los lobbys
Es la tercera vez que se intenta y no sale. En la pasada legislatura decayó un proyecto de ley con la convocatoria electoral. En este periodo de sesiones hay otra iniciativa bloqueada en fase de debate. El decreto-ley era el tercer intento infructuoso.
El bloqueo tiene una lectura estructural: los partidos comparten el diagnóstico, pero no aceptan ni la vía ni la letra pequeña. La inclusión de patronales y sindicatos como sujetos de control generó fricción, pese a que el Gobierno insistió en que no tocaba el diálogo social.
El resultado es una regulación que sigue pendiente y un registro que queda sin marco legal estatal. Ya no hay tiempo para evitar la retención de 260 millones, así que la atención se traslada a si el Ejecutivo opta por una proposición de ley o si el bloqueo se cronifica hasta el final de la legislatura.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Congreso rechazó el real decreto-ley de lobbys con los votos en contra de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV.
- Por qué te importa: España pierde 260 millones del Plan de Recuperación, acotados tras negociar con la Comisión Europea.
- A quién afecta: Empresas, patronales, sindicatos y organizaciones sectoriales que debían registrarse; el impacto económico alcanza al conjunto de los ciudadanos.
- Hacia dónde vamos: Es el tercer intento fallido; queda otra iniciativa bloqueada y habrá que ver si el Gobierno reacciona con una nueva vía legislativa.
