Un cártel pactó durante 18 años el precio de los pañales para adultos que financiaba la sanidad pública, según la CNMC.
El conocido como 'cártel del pañal' operó, al menos, desde diciembre de 1996 hasta enero de 2014. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le impuso en 2016 una multa de 128,8 millones de euros a siete fabricantes de absorbentes de incontinencia urinaria y a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).
¿Qué detectó la CNMC y cuándo lo multó?
La CNMC consideró acreditado que Arbora & Ausonia (actual Procter & Gamble España), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages, con la colaboración de Fenin, fijaron precios de venta superiores a los del mercado en la distribución de absorbentes para la incontinencia urinaria grave. El producto se comercializaba a través del canal farmacia y lo financiaba el Servicio Nacional de Salud.
Los acuerdos se prolongaron durante 18 años, aunque la duración de la infracción varió entre las empresas participantes. La resolución, dictada en 2016, castigó una conducta que había terminado en enero de 2014. La sanción alcanzó los 128,8 millones de euros.
Estos productos sanitarios son de uso diario para personas mayores, pacientes con discapacidad o enfermos crónicos. Al estar financiados por el Sistema Nacional de Salud, el precio no es una cuestión menor: cada sobrecoste resta recursos a otras prestaciones sanitarias.
Una década después sigue habiendo administraciones públicas que intentan recuperar los sobrecostes pagados por aquellas prácticas ilegales. La CNMC ya sancionó, pero la reclamación económica continúa abierta en varias comunidades.
Detrás de los 153 millones de gasto público hay que distinguir entre el total facturado y el sobreprecio que deberá demostrarse.
¿Cuánto dinero público está en juego en Galicia?
El Servicio Gallego de Salud (Sergas) estima que destinó 153 millones de euros a la compra de absorbentes de incontinencia urinaria para adultos mientras el cártel estuvo activo. Esa cifra corresponde al gasto total, no al sobreprecio.
Para calcular el perjuicio económico real a las arcas públicas gallegas y poder emprender la reclamación legal, la administración autonómica ha autorizado la contratación de un servicio de asistencia jurídica especializada. La Xunta busca cuantificar el daño exacto antes de acudir a los tribunales.
Conviene aclararlo: los 153 millones de euros reflejan el desembolso total en en absorbentes durante los 18 años de concertación, no la pérdida neta que la Xunta pueda reclamar. El sobrecoste final dependerá de la comparación con los precios de mercado que deberían haberse aplicado.
El precedente y la reclamación pendiente
El caso del cártel del pañal no es nuevo, pero sus consecuencias siguen vivas en los presupuestos públicos. La resolución de la CNMC de 2016 se apoyó en pruebas de acuerdos entre competidores para inflar los precios de unos productos sanitarios financiados con dinero público. Aquella conducta obligó al sistema a pagar más de lo debido durante casi dos décadas.
Otras administraciones sanitarias también compraron estos productos durante los años del cártel y podrían plantear reclamaciones similares si logran cuantificar el daño. La vía elegida por la Xunta, un servicio jurídico especializado, puede servir de referencia para otros territorios.
Lo que viene ahora es técnico: los expertos contratados deberán calcular la diferencia entre el precio pactado y el precio de mercado en cada ejercicio. Después, el Sergas decidirá si presenta una demanda de reclamación patrimonial o se suma a otros procedimientos. Para el ciudadano, la lección de fondo es que la falta de competencia se paga con recursos que no llegan a la sanidad.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Un cártel pactó precios de pañales para adultos financiados por la sanidad pública durante 18 años.
- 👥 Quiénes son los afectados: Los sistemas públicos de salud y los contribuyentes que han financiado el gasto.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Posibles reclamaciones millonarias y mayor control sobre el gasto sanitario.
