Las colonias felinas vuelven a ser noticia: 38 movilizaciones simultáneas reclamaron ayer que los ayuntamientos cumplan la Ley 7/2023.
La convocatoria, impulsada por la plataforma Los Gatos Tienen Ley, repitió un mensaje claro: no hace falta otra norma, sino que se aplique la que ya existe. Detrás está la realidad de quienes cuidan colonias: muchas pagan pienso, esterilizaciones y atención veterinaria de su bolsillo.
Ojo con este dato. 'Después de más de tres años, seguimos poniendo nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro trabajo para sostener las colonias', explicó Mónica García, portavoz nacional de la plataforma. No es solo una cuestión económica: hay gestoras que se sienten abandonadas por sus administraciones.
La movilización resumió su reivindicación en una frase: 'No pedimos una nueva ley. Exigimos que se cumpla la ley que ya existe.' La norma no es nueva, es de 2023.
¿Qué responsabilidades marca la Ley 7/2023?
La norma, conocida como ley de bienestar animal, atribuye a los ayuntamientos competencias concretas en la gestión de los gatos comunitarios. Entre ellas están la identificación con microchip, la esterilización, el censo y la atención sanitaria, además del mapeo de colonias y los protocolos para conflictos vecinales.
Cuidar colonias felinas con dinero y tiempo privados no es solidaridad: es sustituir una obligación pública que la ley ya reconoce.
¿Por qué el método CER es clave en las colonias felinas?
El método CER (capturar, esterilizar y retornar) permite controlar la población sin maltrato ni traslados innecesarios. Si no se aplica de forma estable y continuada, el trabajo de las gestoras se convierte en una carrera de fondo imposible. La esterilización es la herramienta más eficaz para frenar camadas no deseadas.
Esa es una de las quejas principales de Los Gatos Tienen Ley: faltan programas CER estables, recursos para esterilizaciones y atención veterinaria real. Tampoco hay censos completos ni seguimiento para saber qué se está haciendo con el dinero público.

El reto no es legal: es que los ayuntamientos actúen
A estas alturas, el problema no es que falte una ley. Es que muchas administraciones la dejan sobre el papel. Durante años, las voluntarias han alimentado, capturado, esterilizado, trasladado gatos y atendido animales enfermos con recursos propios.
La plataforma pide un cambio de fondo: que las gestoras colaboren, sí, pero sin sustituir a la administración. Reclaman protección frente al hostigamiento, transparencia en la gestión externalizada y mecanismos de evaluación. Sin esas piezas, el cuidado de las colonias felinas seguirá dependiendo de la buena voluntad. Y esa exigencia es de justicia.
También reclaman transparencia. Quieren saber qué servicios se contratan, qué recursos públicos se destinan y qué resultados se obtienen, tanto si la gestión es directa como si intervienen empresas externas. Sin trazabilidad, dicen, es imposible comprobar si la ley se cumple o se queda en una declaración de intenciones.
Para quien convive con una colonia o simplemente se preocupa por los gatos callejeros, la movilización deja una idea clara: exigir el cumplimiento de la ley es una forma directa de protegerlos. Cualquier vecino puede preguntar en su ayuntamiento si existe un programa de gestión y participar en él. Pequeños gestos como una consulta o una llamada pueden marcar la diferencia.
🐾 Huella animal
- ❤️ Por qué es importante para un amante de los animales: Porque cuidar una colonia no debería depender solo del esfuerzo de voluntarias.
- 📌 De qué no tienes que olvidarte: La Ley 7/2023 ya obliga a los ayuntamientos a gestionar las colonias felinas.
- ⚠️ Cosas a tener en cuenta para el futuro: Sin recursos y programas CER estables, el abandono institucional seguirá recayendo en las gestoras.



