Más de un millón de personas han presentado ya su solicitud para la regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo plazo terminó ayer, 30 de junio. Y aunque el Tribunal Supremo estudia enviar el caso al Tribunal de Justicia de la UE, la decisión no paraliza el procedimiento ni deja en el aire esas peticiones. Te contamos qué ha pasado y por qué, de momento, el proceso sigue su curso.
Por qué el Supremo mira a Europa
Dos providencias de la sección quinta de lo contencioso-administrativo han puesto el foco sobre la posible incompatibilidad de esta regularización con la normativa europea. Tres magistrados —Wenceslao Olea, Fernando Román y Carlos Lesmes— han abierto la puerta a plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, el mecanismo que permite a un tribunal nacional consultar a Luxemburgo si una norma interna choca con el derecho comunitario. Las providencias citan directivas, reglamentos e incluso los Acuerdos de Schengen como posible conflicto.
Pero la firma de estos tres jueces no refleja el sentir de toda la sala. Cinco de los siete magistrados que componen la sección ya rechazaron en mayo suspender cautelarmente la regularización, al no ver riesgo de colapso en los servicios públicos ni perjuicio inmediato para los recurrentes. Y una cuestión prejudicial, aunque se acabe elevando, no conlleva la paralización automática del proceso.
El proceso sigue vivo: por qué no se ha frenado
Los recurrentes —Vox, varias comunidades gobernadas por el PP y colectivos ultracatólicos— pidieron medidas cautelares urgentes. La sala respondió que no había motivos. La Comunidad de Madrid alegó un hipotético colapso sanitario y educativo, pero el Supremo no vio pruebas. Paralizar la regularización habría afectado directamente a los derechos de los solicitantes, y el tribunal lo dejó claro.
Las dos providencias ahora solo preguntan a las partes si procede elevar la cuestión. No suspenden nada. De hecho, fuentes del alto tribunal subrayan que el formato de tres firmas obedece a veces a una mera designación y que el criterio mayoritario sigue siendo contrario a cualquier freno.
Qué pasaría si el caso llega a Luxemburgo
Los precedentes son tranquilizadores. Cuando en 2017 el Supremo preguntó al TJUE sobre el canon de aguas continentales, la normativa siguió vigente. En 2022 ocurrió lo mismo con la regulación de las VTC: el procedimiento concreto se paró, pero la ley no se suspendió. Así que, si se repite el esquema, la tramitación de las solicitudes continuaría hasta que Europa se pronuncie.
El Gobierno acelera la admisión a trámite para blindar los permisos provisionales antes de cualquier decisión judicial.
El Ejecutivo, consciente de que una hipotética medida cautelar futura solo afectaría a las solicitudes aún no admitidas, está acelerando la tramitación para que el mayor número de peticiones cuente ya con el permiso provisional de residencia y trabajo. La mera admisión a trámite concede ese derecho, y el Gobierno sostiene que no podría revocarse retroactivamente.
Con todo, el ritmo de tramitación ha sido lento. Fuentes del Ministerio admiten que el plazo de 15 días prometido se ha superado con creces, pero aseguran que se está volcando el esfuerzo en resolver las admisiones antes de otoño. Más de un millón de personas dependen de esa agilidad.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Supremo valora enviar una cuestión prejudicial a la UE sobre la regularización de inmigrantes, pero no la ha suspendido.
- Por qué te importa: Cientos de miles de personas obtienen un permiso provisional que les permite residir y trabajar, y el proceso sigue activo.
- A quién afecta: A los más de un millón de solicitantes, a las comunidades autónomas recurrentes y a la política migratoria europea en su conjunto.
- Hacia dónde vamos: El Tribunal decidirá en las próximas semanas si eleva la cuestión. Mientras, el Gobierno acelera la tramitación para blindar los derechos ya reconocidos.
