El Tribunal Supremo duda de la legalidad del reciente decreto de regularización masiva de inmigrantes, al considerar que vulnera la normativa europea. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha concedido un plazo de cinco días para que las partes informen sobre la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La providencia, a la que ha tenido acceso ABC y que se enmarca en los recursos de los gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana, pone en tela de juicio el Real Decreto 316/2026, aprobado el pasado 14 de abril. Esta norma modificaba el Reglamento de la Ley de Extranjería para allanar una regularización histórica de cientos de miles de ciudadanos de terceros países en situación irregular. La medida podría afectar a entre 900.000 y 1.650.000 personas, según los magistrados, sin que se hubiera notificado a la Comisión Europea ni coordinado con los socios comunitarios.
¿Cuáles son los puntos exactos que cuestiona el tribunal?
Los magistrados Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román señalan dos disposiciones adicionales del decreto como las más problemáticas. La disposición adicional 20 concede residencia temporal por arraigo a cualquier solicitante de asilo cuya petición fuera denegada o archivada, siempre que estuviera en España antes del 1 de enero de 2026. Incluso paraliza órdenes de expulsión ya confirmadas por sentencia judicial. Para el Supremo, esto podría chocar con el Reglamento europeo 2024/1348, que aclara que el derecho a permanecer mientras se tramita el asilo «no constituye un derecho a obtener un permiso de residencia».
La disposición adicional 21, por su parte, otorga autorización de residencia a cualquier extranjero en situación irregular que residiera en España con anterioridad al 1 de enero de 2026, basándose en «circunstancias excepcionales» genéricas. Los magistrados recuerdan que de la la Directiva de Retorno (2008/115/CE) sigue vigente y obliga a dictar una decisión de retorno para todo nacional de un tercer país en situación irregular. Reconocer un derecho de residencia generalizado por esta vía, advierte el tribunal, “socavaría la base misma de la normativa comunitaria”.
El choque con el Pacto de Migración y Asilo recién aprobado
El Reglamento UE 2024/1351, parte del nuevo Pacto de Migración y Asilo aprobado en mayo, insiste en que la gestión migratoria no debe asumirse «por los Estados miembros por separado, sino por la Unión en su conjunto». El Supremo recuerda el principio de cooperación leal y cuestiona que una regularización de este calado se haya ejecutado mediante una norma reglamentaria, sin los mecanismos de información mutua obligatorios. El tribunal ve un riesgo claro de efecto dominó sobre las fronteras interiores: al obtener una autorización de residencia española, los migrantes adquirirían derecho a circular libremente por el espacio Schengen durante 90 días en periodos de 180, lo que, a su juicio, podría ignorar el Código de fronteras Schengen.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó ayer el proceso como una «regularización a granel» y un «disparate absoluto». En su opinión, el decreto desoye la legalidad comunitaria, provoca un efecto llamada y traslada el problema migratorio al resto de la Unión. El Gobierno aún no se ha pronunciado sobre la providencia.
La cuestión de fondo es si España puede conceder residencia a cientos de miles de personas sin coordinación con sus socios europeos.
Qué pasos vienen ahora y qué implicaciones tiene para los afectados
El plazo de cinco días dado por el Supremo —que califica de «improrrogable»— obliga a las partes a pronunciarse sobre si procede elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. Si finalmente se plantea esa consulta, el proceso de regularización podría quedar en suspenso hasta que el tribunal europeo aclare si el decreto respeta la normativa comunitaria. Mientras tanto, miles de personas que esperaban acogerse a estas vías podrían ver paralizadas sus expectativas, según fuentes jurídicas.
La decisión del Supremo introduce, además, un debate más amplio sobre si una regularización de esta envergadura puede tramitarse por decreto y al margen de los mecanismos de coordinación europeos. Con el nuevo Pacto de Migración recién aprobado, la tensión entre las políticas nacionales y la armonización comunitaria se perfila como uno de los grandes desafíos de los próximos meses.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: El Tribunal Supremo duda de la legalidad del decreto de regularización masiva y abre la puerta a que la Justicia europea se pronuncie.
- 👥 Quiénes son los afectados: Entre 900.000 y 1,65 millones de inmigrantes en situación irregular y solicitantes de asilo con peticiones denegadas.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: La regularización podría paralizarse y genera incertidumbre sobre el efecto en las fronteras Schengen.
