La votación en el Congreso pilló a muchos en vísperas del Orgullo. El pasado jueves 25 de junio, la propuesta para prohibir las terapias de conversión LGTBI salió adelante con 178 votos a favor, justo antes de las movilizaciones que ayer domingo recorrieron media España. Te contamos qué implica la reforma y por qué el debate sigue abierto.
Qué dice exactamente la nueva ley
La iniciativa modifica el Código Penal para tipificar como delito las prácticas que pretendan «modificar, reprimir, eliminar o negar» la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. Las penas previstas van de seis meses a dos años de prisión y podrán aplicarse a quien realice, promueva o financie estas pseudoterapias.
Hasta ahora, estas prácticas carecían de una respuesta penal clara en España. Quienes las sufrían, muchas veces menores de edad, podían denunciar por la vía de las coacciones o las lesiones psíquicas, pero sin un tipo específico. La nueva redacción aporta un blindaje legal más firme, en línea con lo que exigen desde hace años los colectivos LGTBI y organismos internacionales como la ONU.
El debate político y la coincidencia con el Orgullo
La votación se celebró con el ambiente ya caldeado del Orgullo 2026. La norma contó con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, que se abstuvo, y Vox, que votó en contra. La abstención popular se justificó con el argumento de que la ley había «nacido corrompida», una expresión que desató críticas desde la bancada socialista y entre los colectivos.
Desde el PSOE, el secretario de políticas LGTBI+, Víctor Gutiérrez, defendió la iniciativa en el hemiciclo con una frase que resume el sentir de los impulsores: «No son terapias, son torturas». Un mensaje que, apenas 48 horas después, resonó en muchas de las pancartas de las marchas del Orgullo.
Este año, la coincidencia del calendario obligó a que la ley se aprobara en pleno fin de semana del Orgullo. Las manifestaciones, con una doble vertiente festiva y reivindicativa, arrancaron ayer domingo 27 de junio. En Madrid, el Orgullo Crítico volvió a tomar Carabanchel con el lema «Contra el capitalismo colonial que nos masacra», mientras en Murcia la marcha se inició frente a la sede de Vox para visibilizar, según sus organizadores, «el fascismo con su propaganda de ideología de género».
Un paso que mira más allá de las urnas
La prohibición de las terapias de conversión no es nueva en Europa. Países como Alemania, Francia o Malta ya las castigan con penas de cárcel, y España se suma ahora a un movimiento legislativo que busca erradicar unas prácticas para las que no existe base científica. La Organización Mundial de la Salud las considera una violación de los derechos humanos, y el Parlamento Europeo instó a los Estados miembros a prohibirlas ya en 2018.
A nivel interno, la norma deberá superar todavía el trámite de publicación en el BOE y la posterior entrada en vigor. Los próximos meses serán clave para ver cómo se aplica: habrá que vigilar si la fiscalía y los juzgados abren causas con esta nueva herramienta penal, o si, como ha ocurrido con otras reformas simbólicas, queda como un gesto sin consecuencias prácticas. La tramitación parlamentaria, además, no termina aquí: el texto pasará ahora al Senado, donde los populares tienen mayoría y podrían intentar introducir enmiendas.
La reforma convierte en delito unas prácticas sin aval científico y castiga con hasta dos años de cárcel a quien las realice o promueva.
Con la resaca de las movilizaciones aún fresca, el debate sobre los derechos LGTBI no se apaga. Ayer, las calles dejaron claro que la ley llega en un momento de tensión política: mientras el Gobierno celebraba la aprobación, las organizaciones del Orgullo Crítico recordaban que el avance normativo es solo una parte del camino y que el acoso y la discriminación cotidiana no desaparecen con un artículo del Código Penal.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Congreso aprobó el 25 de junio la modificación del Código Penal para prohibir las terapias de conversión LGTBI.
- Por qué te importa: La ley castiga con hasta dos años de prisión estas pseudoterapias, protegiendo especialmente a menores y colectivos vulnerables.
- A quién afecta: A toda persona LGTBI que pueda ser sometida a estas prácticas, y a quienes las realizan o promueven, que ahora se enfrentan a penas de cárcel.
- Hacia dónde vamos: La norma pasará al Senado y necesitará publicación en el BOE; los próximos meses revelarán si los juzgados la aplican de forma efectiva.
