Dos pensionistas llevan al Congreso 130 cartas exigiendo la derogación de la Ley Mordaza

Dos pensionistas multados con 1.200 y 700 euros denuncian sanciones basadas solo en testimonios policiales. La COESPE pide paralizar los expedientes y derogar una ley que el Gobierno prometió eliminar.

Dos pensionistas se enfrentan a multas de hasta 1.200 euros por participar en protestas. No hay pruebas que los incriminen, solo la palabra del agente. Este jueves, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) ha registrado alrededor de 130 cartas en el Congreso con una petición clara: paralizar esos expedientes sancionadores y derogar de una vez la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 8/10. La llamada Ley Mordaza afecta al derecho de protesta de cualquier ciudadano y, en estos casos concretos, ha supuesto sanciones económicas importantes para pensionistas. A pesar de que el Gobierno se comprometió a derogarla, sigue en vigor.

Qué piden las 130 cartas registradas en el Congreso

Los delegados de la COESPE entregaron las misivas pasadas las 12:30 horas. Se dirigen a los parlamentarios y, en concreto, al ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska. Solicitan que se paralicen los procedimientos sancionadores abiertos contra sus compañeros y que se impulse la derogación de una norma que califican de 'arbitraria' y 'subjetiva'.

Publicidad

El portavoz estatal, Damián Rodríguez, explicó a La Marea que en los dos casos sancionados han agotado todos los recursos posibles. 'Las denuncias de la Policía Nacional eran absolutamente falsas', afirmó. La única prueba aportada es el testimonio del agente, sin imágenes ni testigos que lo corroboren.

Multados por protestar: las historias de Ángel y Paco

Ángel García, de 74 años, portavoz de la COESPE en Madrid, fue sancionado con 1.200 euros por desacato e insultos a la policía durante una manifestación en mayo de 2024. Según la versión policial, llamó 'hijos de puta' a los agentes por el megáfono. Él lo niega y asegura que no hubo ningún enfrentamiento. 'Nadie recuerda que sucediera lo que dicen que sucedió', declaró.

Las sanciones a los dos pensionistas se apoyan solo en el testimonio del agente; no hay ni vídeos ni testigos adicionales que confirmen los hechos.

Paco Cepeda, delegado sindical de 63 años, recibió una multa de 700 euros tras un encontronazo con la policía en junio de 2025. Denunció que fue empujado y golpeado, y el parte médico refleja hematomas de gran tamaño. Los agentes sostienen que Cepeda increpó y se negó a identificarse. En ambos procedimientos la única prueba es el parte del agente; no hay vídeos ni testigos adicionales.

Por qué el Gobierno mantiene en vigor una ley que prometió derogar

La Ley de Seguridad Ciudadana se aprobó en 2015 con el PP y fue bautizada como Ley Mordaza por sus detractores, que denuncian que limita la protesta. El PSOE llevaba en su programa electoral la derogación, pero en seis años de gobierno no ha conseguido reunir los apoyos parlamentarios necesarios para sustituirla. La mayoría de investidura incluye a partidos que defienden su mantenimiento o piden cambios menos ambiciosos.

El portavoz de la COESPE califica esta situación de 'incumplimiento más' del Ejecutivo y advierte de que, con un posible giro hacia la derecha en próximas legislaturas, la norma podría quedar blindada por años. Las cartas llegan como un intento de presionar antes de que el ciclo político cierre la ventana de oportunidad.

📌 En claves: lo que debes saber

  • Qué ha pasado: La COESPE ha registrado unas 130 cartas en el Congreso para pedir la paralización de multas a dos pensionistas y la derogación de la Ley Mordaza.
  • Por qué te importa: La ley permite sancionar protestas pacíficas con multas elevadas y se basa a menudo solo en la palabra del policía, lo que toca el derecho a la manifestación de cualquier ciudadano.
  • A quién afecta: A los dos pensionistas sancionados con 1.200 y 700 euros, y de forma más amplia a todas las personas que participan en movilizaciones sociales.
  • Hacia dónde vamos: El Gobierno no tiene mayoría para derogar la norma y, con un posible cambio político, la ventana para su eliminación podría cerrarse.