Ayer, el Congreso aprobó la ley que convierte en delito las terapias de conversión ilegales en España, con penas de hasta dos años de prisión. La medida, que salió adelante con el apoyo de 178 diputados, marca un hito en la protección de los derechos LGTBIQ+.
¿Qué ha pasado exactamente?
El Pleno del Congreso dio luz verde este jueves 25 de junio a la proposición de ley para penalizar las llamadas terapias de conversión, unas prácticas que la ONU califica directamente como tortura. La votación reflejó un amplio consenso: 178 votos a favor, 32 en contra y 138 abstenciones.
Todos los grupos parlamentarios respaldaron la norma, excepto el Partido Popular, que se abstuvo, y Vox, que votó en contra. El diputado socialista Víctor Gutiérrez criticó la postura de los conservadores: “El PP vuelve a fallar en su cita con la historia. Cada vez que hay avances en derechos LGTBIQ+, el PP se pone en contra”.
La propuesta tipifica como delito estas prácticas, que en muchos casos se han aplicado de forma encubierta y han causado graves daños psicológicos a las personas LGTBIQ+. La ley contempla penas de prisión de hasta dos años para quienes las realicen o las promuevan, según apuntaron fuentes parlamentarias.
¿A quién afecta y cómo protege la nueva ley?
Las terapias de conversión intentan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona mediante métodos que organismos internacionales consideran tortura. El impacto de estas prácticas recae sobre la comunidad LGTBIQ+, especialmente sobre menores y jóvenes expuestos a entornos de presión familiar o social.
Con la nueva norma, España se suma a un grupo reducido de países que penalizan expresamente estas intervenciones. La protección ahora es penal: cualquier persona que ofrezca, realice o publicite terapias de conversión se enfrentará a consecuencias legales.
Las Naciones Unidas califican desde hace años estas terapias como tortura.
La norma no solo sanciona a los terapeutas o centros que las practican, sino que también refuerza los mecanismos de prevención. Las administraciones públicas tendrán que desarrollar campañas de sensibilización y protocolos de detección para evitar que estas prácticas sigan produciéndose de manera oculta.
El largo camino hacia la prohibición
La penalización de las terapias de conversión no surge de la nada. La ONU lleva años instando a los estados a erradicarlas, al considerar que violan derechos humanos fundamentales y que constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. En el ámbito autonómico, algunas comunidades ya habían aprobado medidas similares, pero hasta ahora no existía un tipo penal aplicable en todo el territorio español.
El acuerdo del Congreso une, además, una reivindicación histórica de los colectivos LGTBIQ+. Organizaciones como la FELGTB, Chrysallis o Fundación Triángulo llevaban décadas denunciando la existencia de estas terapias y exigiendo una respuesta penal contundente. La ley supone un cambio sustancial en la respuesta del Estado y elimina la indefensión jurídica que hasta ahora había rodeado a estas situaciones.
Con esta votación, España se posiciona a la vanguardia europea en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ frente a lo que los expertos describen como violencia estructural. Sin embargo, los colectivos recuerdan que la mera aprobación de la ley no garantiza su eficacia: hará falta vigilancia para que se cumpla y se persiga de oficio.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: El Congreso penaliza las terapias de conversión, que la ONU considera tortura.
- 👥 Quiénes son los afectados: La comunidad LGTBIQ+, especialmente jóvenes en riesgo.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Prisión para quien las practique y mayor protección estatal.
