Begoña Gómez ya no puede salir de España. Este miércoles, la esposa del presidente del Gobierno entregó su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla. La orden del juez Juan Carlos Peinado la retiene en el país mientras se prepara el juicio con jurado popular. Vamos al grano.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La decisión afecta directamente al entorno más cercano de la Moncloa y reactiva el debate sobre la independencia judicial. El caso salpica al Gobierno y tensa a los partidos, con consecuencias impredecibles para la legislatura.
La medida que la ata al territorio nacional
La comparecencia de Gómez duró apenas unos minutos. Llegó en coche oficial por el garaje, escoltada por su abogado, Antonio Camacho, y entregó el documento pasadas las seis de la tarde. Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que la diligencia se cumplió sin incidentes. El acceso subterráneo se autorizó por razones de seguridad, tras un informe de Moncloa que advertía de un «posible riesgo para la integridad física» de la investigada.
El juez Peinado había impuesto tres medidas cautelares el viernes anterior: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y firma quincenal en la sede judicial. Las tres restricciones se mantienen pese al recurso presentado por la defensa. La decisión llegó después de que, en la audiencia preliminar, las acusaciones populares —lideradas por Hazte Oír— pidieran expresamente esas precauciones. El auto de apertura de juicio oral atribuye a Gómez y a su asesora Cristina Álvarez presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversacion de caudales públicos.
El recurso y el ruido político: del ‘lawfare’ a la queja judicial
La defensa no se ha quedado de brazos cruzados. El letrado de Gómez interpuso un recurso de queja contra las tres medidas cautelares y ya ha pedido al tribunal superior que las anule. El argumento de fondo es que no existe riesgo de fuga: la investigada carece de segundas residencias en el extranjero y no ha dado muestras de querer eludir la acción de la justicia.
Pero el caso desborda lo procesal. El Gobierno y el PSOE llevan meses denunciando un supuesto acoso judicial, conocido popularmente como lawfare, contra el entorno de Pedro Sánchez. La etiqueta reaparece ahora con fuerza. Fuentes de la Moncloa insisten en que se trata de una «persecución política» disfrazada de medidas cautelares. La oposición, en cambio, ve en esas declaraciones un intento de deslegitimar al juez instructor.
La retirada del pasaporte es una medida cautelar clásica, pero en este contexto político se convierte en un símbolo que enfrenta a los bloques y tensa la confianza en las instituciones.
¿Medida proporcionada o excepcional? Lo que dicen los precedentes
En la práctica judicial española no es raro que un juez restrinja la movilidad de un investigado cuando los delitos son graves y hay un juicio con jurado en el horizonte. Sin embargo, la defensa alega que aplicar estas cautelas a una persona sin antecedentes penales y con arraigo familiar, laboral y social supone un exceso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tendrá que pronunciarse en las próximas semanas sobre si confirma o revoca las tres restricciones.
Más allá del debate jurídico, la decisión de Peinado devuelve al primer plano la estrategia procesal de las acusaciones populares. Organizaciones como Hazte Oír han logrado mantener vivo un caso que, en otras circunstancias, quizá habría acabado archivado. La defensa de Gómez ya anunció que seguirá combatiendo en todas las instancias. Mientras tanto, la esposa del presidente tendrá que personarse cada quince días en los juzgados de Plaza de Castilla y no podrá cruzar la frontera.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Begoña Gómez ha entregado su pasaporte por orden del juez Peinado, quien la envió a juicio con jurado popular.
- Por qué te importa: Las medidas cautelares alimentan la pugna política entre el Gobierno, que denuncia lawfare, y la oposición, que defiende la independencia judicial.
- A quién afecta: A la esposa del presidente, a su asesora Cristina Álvarez y, por extensión, al clima institucional del país.
- Hacia dónde vamos: Un tribunal superior revisará el recurso de la defensa. Si tumba las restricciones, el caso dará un giro judicial y político.
