Miles de trabajadoras de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid se suman esta semana a una huelga indefinida que arrancó este 7 de abril y afecta al ciclo de 0 a 3 años. ¿Los motivos? Una década de deterioro de las condiciones laborales en un sector donde los salarios rozan el Salario Mínimo Interprofesional, las ratios de niños por educadora se disparan, los recursos se estiran hasta el límite y el peso de la privatización marca la gestión diaria de los centros.
Los sindicatos convocantes y las plataformas de trabajadoras han optado esta vez por un pulso prolongado después de años de movilizaciones parciales, concentraciones y paros puntuales. Con nóminas que rondan los 1.080 euros mensuales y una responsabilidad directa sobre el cuidado y la educación de bebés y niños hasta los tres años, "no se puede vivir con el salario mínimo" en una región con uno de los costes de vida más altos del país, comentan desde la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles (PLEI).
Y es que las educadoras y maestras de las escuelas infantiles madrileñas describen una realidad que choca con la retórica institucional sobre la libertad de elección y la apuesta por la conciliación. En buena parte de la red, especialmente en los centros de gestión indirecta, las retribuciones se sitúan en la franja baja de las tablas del convenio y quedan en la práctica pegadas al SMI. El salario de muchas trabajadoras a jornada completa apenas supera los 1.000 euros.
Los colectivos del sector y las organizaciones sindicales insisten en la brecha entre la cualificación exigida y el reconocimiento económico. Se trata de profesionales con titulación específica, a menudo con años de experiencia, que asumen funciones educativas, de cuidado y de acompañamiento emocional en una etapa considerada clave para el desarrollo infantil. Sin embargo, sus nóminas se asemejan más a las de empleos poco cualificados y sometidos a una fuerte rotación.
"Esta no es solo nuestra lucha, es la de todos. Es una cuestión de derechos: los de las educadoras infantiles, pero sobre todo, los de los niños y niñas y sus familias. No podemos seguir sosteniendo la educación de la infancia con ratios elevadas, falta de personal y falta de recursos. Cuidamos, acompañamos y sostenemos lo más importante de cada hogar, y necesitamos que las condiciones mejoren ya para poder atender a la infancia con la calidad y la dignidad que merece", explican.
Asimismo, los complementos por antigüedad son reducidos, las jornadas se alargan con tareas de preparación, coordinación y elaboración de informes fuera del horario de atención directa, y la organización del calendario laboral deja poco margen para la conciliación de las propias trabajadoras. Las plataformas de educadoras insisten en que la imposibilidad de asumir alquileres y hipotecas en Madrid, junto a la incertidumbre sobre el futuro profesional, empuja a muchas a abandonar la profesión o a encadenar contratos en otros ámbitos mejor pagados.
La otra cara de la precariedad es precisamente ese goteo constante de profesionales formadas que acaban marchándose a otros sectores o a redes de escuelas infantiles de otras comunidades con convenios más ventajosos. La rotación impacta de lleno en la continuidad de los proyectos educativos, en la estabilidad de los equipos y en el vínculo afectivo con los niños, considerado un pilar de la etapa 0‑3.
Privatización, gestión indirecta y servicios mínimos
La administración autonómica licita la gestión de muchas escuelas infantiles a empresas y entidades privadas que compiten entre sí en concursos públicos, razón por la que las trabajadoras denuncian que esa lógica de adjudicación "a la baja" acaba trasladándose a sus condiciones laborales, con salarios ajustados, plantillas mínimas y escaso margen para mejorar ratios o reforzar equipos.
En estas escuelas de gestión privada o de titularidad pública pero gestión externalizada, las posibilidades de subir sueldos o aumentar personal se topan con unos contratos que, según las organizaciones del sector, se han ido prorrogando sin actualizar apenas las cuantías ni introducir cláusulas sociales que blinden derechos laborales. Las empresas adjudicatarias alegan que no pueden mejorar retribuciones si la administración no actualiza los pliegos; las trabajadoras responden que esa dinámica las deja atrapadas en una precariedad estructural.
La huelga indefinida ha obligado al Gobierno regional a fijar servicios mínimos para garantizar la apertura de los centros y la atención a los niños que acudan durante el paro. Esos servicios mínimos se concretan, en la práctica, en la presencia de una parte del personal en cada escuela, con porcentajes que las organizaciones convocantes consideran en algunos casos excesivos porque, a su juicio, dificultan el ejercicio real del derecho a la huelga.
Estamos con los servicios mínimos. Con lo mínimo que nos han puesto que, como siempre, es abusivo
Rocío Díaz, educadora infantil
"Estamos con los servicios mínimos. Con lo mínimo que nos han puesto que, como siempre, es abusivo", dice Rocío Díaz, la educadora y maestra de Infantil conocida como @masquepecas en redes. "Por eso necesitamos algo muy importante. Necesitamos que acudan las menos familias posibles como apoyo a la huelga, como apoyo a las docentes y sobre todo como cuidado de los hijos. Y porque si esto se vacía, se escucha. Si esto se para, se nota. Si nos unimos, esto cambia", asevera.
"Se pide colaboración a las familias para que, dentro de lo posible, no lleven a los niños, porque lo que están haciendo es poner a los servicios mínimos con más niños y ya. Si la ratio de 2-3 años son 20, pues ponen 24", cuenta al diario Qué! una educadora infantil en el municipio de Torrejón de Ardoz. "Obviamente, las educadoras que trabajan en la privada no pueden hacer huelga. En sus escuelas ni organizan servicios mínimos… solo se lo plantean las que trabajan en la pública".
La Comunidad de Madrid defiende, por su parte, que busca un equilibrio entre ese derecho y la necesidad de proteger a las familias que no disponen de otra alternativa de cuidado. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso exhibe como aval su discurso sobre la libertad de elección educativa y las políticas que han favorecido a la red privada y concertada, como los cheques escolares o la ampliación de conciertos. Las trabajadoras de infantil, sin embargo, leen esos movimientos como la confirmación de que la etapa 0‑3 y la red pública de escuelas infantiles no ocupan un lugar central en las prioridades presupuestarias, pese a las reiteradas apelaciones a la importancia de la conciliación.
La Educación Infantil recuerda que es un conflicto de años
Con todo, durante los últimos cursos, las escuelas infantiles madrileñas han sido escenario de numerosas protestas parciales, como jornadas de paro, concentraciones frente a la Consejería de Educación, campañas de denuncia en redes sociales y recogidas de firmas. Las organizaciones de base y los sindicatos habían venido advirtiendo de que, sin cambios profundos en el modelo, el conflicto terminaría estallando.
La pandemia de covid‑19 actuó como catalizador del malestar. Los protocolos sanitarios cambiantes, la carga emocional añadida y la responsabilidad de mantener la atención a los más pequeños en un contexto de enorme incertidumbre se gestionaron, denuncian las trabajadoras, sin que se consolidaran los refuerzos de personal ni se tradujeran en mejoras estructurales. Muchos de los apoyos contratados de forma temporal desaparecieron una vez levantadas las restricciones, mientras que la presión sobre las plantillas habituales crecía.
El trabajo con bebés y niños de hasta tres años requiere una atención continua, desde los cuidados físicos hasta la gestión de emociones, que se complica cuando una sola educadora debe asumir grupos numerosos y cubrir tareas adicionales.
Ahora, con la huelga indefinida en Educación Infantil, las exigencias de las trabajadoras se centran en una subida salarial que aleje los sueldos del SMI y reconozca la cualificación requerida, la reducción de ratios para garantizar una atención adecuada, la mejora de plantillas y la equiparación de condiciones entre centros de gestión directa e indirecta. Reclaman también una revisión de los contratos de gestión que introduzca cláusulas sociales claras y mecanismos que impidan que la competencia económica se traduzca en más precariedad.
"No es una huelga más, no es un capricho, no es por comodidad. Que es que hemos dicho basta. Basta de ratios imposibles, basta de estar con ocho bebés solas. Con 14 niños de un año, solas. O mi favorito: con 20 niños de 2 años, solas también", explica Rocío.
"Basta de que se normalicen cosas que no se tenían que haber normalizado nunca. Y esto no va solo de nosotras, familia, va de vuestros hijos. Va de la calidad educativa, pero también va de la seguridad. Porque un cuidado real con estas ratios ni es cuidado ni es seguro. Educar en 0-3 no es guardar, no es aparcar. Y no puede ser sobrevivir la mañana, que es lo que estamos haciendo ahora. Es acompañar un aprendizaje... y así no se puede", sentencia.
