En un escenario que ha acaparado la atención pública, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido al paso para reafirmar su posición de serenidad y apego a los principios de la justicia. En declaraciones a los medios de comunicación, el alto funcionario ha dejado claro que se encuentra "absolutamente tranquilo" ante las eventuales consecuencias legales que puedan derivarse de su gestión en un caso que involucra a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Transparencia como Pilar de la Acción Fiscal
García Ortiz se ha mostrado firme en su determinación de dejar que los tribunales actúen con total independencia, sin incurrir en especulaciones o "jurídico-ficción" sobre posibles imputaciones. Ha destacado que será la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo la encargada de llevar adelante el proceso, en línea con los protocolos establecidos para casos de relevancia pública. Al respecto, el Fiscal General ha reafirmado su "todo el respeto" por las decisiones que puedan tomar las instancias judiciales.
La difusión de una nota informativa sobre un presunto caso de fraude fiscal que involucra a la pareja de la presidenta madrileña ha sido el detonante de este escenario. García Ortiz ha asumido la responsabilidad por dicha comunicación, evidenciando su compromiso con la transparencia como principio fundamental de la labor fiscal.
La Defensa de la Imparcialidad Judicial
Más allá de las particularidades del caso, el Fiscal General ha expresado su preocupación por la politización de la justicia, un fenómeno que, a su juicio, amenaza la necesaria separación entre los ámbitos de la política y la justicia en las sociedades modernas. Según sus palabras, la Fiscalía se esfuerza por mantener una posición de imparcialidad, defendiendo el "interés público" y sin atender a "encomiendas" o intereses particulares.
En este sentido, García Ortiz ha recalcado que la Fiscalía busca dar "una respuesta jurídica" a las investigaciones, sin dejarse influir por consideraciones de carácter político. Su objetivo es preservar la independencia de la justicia, un pilar fundamental para el Estado de Derecho.
La firme postura del Fiscal General del Estado en este caso refleja la importancia que la Fiscalía atribuye a su rol de garante de la legalidad y la equidad en el sistema judicial español. Su énfasis en la imparcialidad y la transparencia de la acción fiscal, incluso ante escenarios políticamente sensibles, demuestra el compromiso de esta institución con los principios que rigen el funcionamiento de una justicia sólida y confiable.
