La Fiscalía Anticorrupción ha desvelado este lunes la presunta organización criminal bautizada como 'Operación PSOE', una trama de espionaje judicial que tiene al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigando a una docena de altos cargos socialistas. Entre ellos figuran el ex secretario de Organización Santos Cerdán, la gerente Ana Fuentes y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González; una treintena de cargos públicos y empresarios están implicados en la derivada sobre la SEPI.
Según las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, la exmilitante Leire Díez actuaba como una auténtica 'fontanera': contactaba con fiscales y jueces para recabar información sobre los investigadores de la UCO que seguían las causas abiertas contra el Gobierno, especialmente contra Begoña Gómez. Y lo hacía, sostiene la Fiscalía, con financiación que procedía de las arcas del partido.
El germen de la trama: una 'Operación PSOE' en 2022
El escrito de Anticorrupción, que ha hecho suyo el juez Pedraz, sitúa el momento fundacional de la organización criminal en 2021-2022, cuando Díez y el empresario Javier Pérez Dolset empezaron a colaborar por intereses particulares. La propia exmilitante bautizó la operación en su agenda: 'Operación PSOE, Javier lo entrega en la A.N. [Audiencia Nacional] en marzo de 2022'.
La imputación de Begoña Gómez en abril de 2024 marcó un salto cualitativo. A partir de ahí, Cerdán asumió el impulso y la financiación con fondos del PSOE, según la Fiscalía. El objetivo, añade el texto, no era otro que 'atacar la probidad de la UCO' y montar una 'estructura paralela de protección' frente a las investigaciones judiciales.
El dinero de la supuesta red: pagos puntuales y facturas publicitarias
Las pesquisas de la UCO documentan varios flujos de dinero. La exmilitante recibió cuatro pagos de 4.000 euros de la empresa Zaño Sociedad Consultora, vinculada al histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías. Luego, utilizando la intermediación de las sociedades del abogado Ismael Oliver –primer letrado del comisionista Koldo García–, el PSOE transfirió 27.225 euros que acabaron en la cuenta de Díez. El letrado Jacobo Teijelo habría cobrado hasta 125.000 euros por su participación en la trama, según los investigadores.
La otra vía de financiación apareció en el digital Crónica Libre. Una testigo, fundadora del medio, aportó una factura de 18.125 euros por la inserción de publicidad de la campaña electoral del PSOE para las europeas de 2024. La empresa Iki Group Comunications pagó la factura, pero la beneficiaria última era la firma de Leire Díez, que tenía participaciones en el digital.
La Fiscalía ve una 'utilización sistemática y continuada del aparato disciplinario' de la Guardia Civil para hostigar a los agentes de la UCO que investigaban causas sensibles.
Las citas de la próxima semana que pueden ampliar el sumario
El próximo 14 de julio, el juez Pedraz interrogará como testigos al teniente fiscal Diego Villafañe y a la fiscal Beatriz López Pesquera. Ambos se reunieron con Díez y el abogado Teijelo el 6 de marzo de 2025. En aquella cita, les informaron de supuestos hechos con relevancia penal cometidos por terceros, pero el Ministerio Público no movió ficha, a pesar de que el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz fue informado. La comparecencia podría derivar en una futura citación del propio exfiscal general.
Dos días después, el 16 de julio, será el turno de Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, que declarará como investigada. Se le atribuyen tres reuniones con Leire Díez mientras se abrían varios expedientes de Información Reservada (IR) contra agentes de la UCO. Las fiscales consideran que las IR se usaron como mecanismo de hostigamiento contra los investigadores más incómodos. González, que primero negó los encuentros y luego los calificó de 'cafés', conserva el apoyo del ministro Marlaska, pese al clamor dimisionario de todas las asociaciones de la Guardia Civil.
Las cloacas que se repiten: de Kitchen a la 'Operación PSOE'
Las cloacas del pasado ya han dejado otros casos de espionaje político, como la 'Operación Kitchen', donde se utilizaron fondos reservados para robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Ahora, la Audiencia Nacional vuelve a investigar una trama de injerencia judicial, pero esta vez los acusados están en el poder.
La causa ya suma más de 120 imputados y tiene una pieza separada sobre la SEPI con otros 24 cargos públicos y empresarios investigados por presunto tráfico de influencias. Las declaraciones de la próxima semana serán determinantes para saber si la instrucción sigue ganando peso. Mientras, la sombra de la 'fontanera' se cierne sobre el PSOE y la legislatura; el juez Pedraz sigue recabando pruebas y el escándalo político no parece que vaya a apagarse pronto.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que Leire Díez montó una organización criminal financiada por el PSOE para obtener información de fiscales, jueces y agentes de la UCO.
- Por qué te importa: El caso cuestiona directamente la separación de poderes y el uso de fondos públicos y del partido para interferir en investigaciones judiciales que afectaban al presidente del Gobierno.
- A quién afecta: Al PSOE y al Gobierno: 120 imputados, entre ellos el ex número tres del partido, Santos Cerdán, la gerente Ana Fuentes y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
- Hacia dónde vamos: Dos citas clave la próxima semana (14 y 16 de julio) pueden ampliar la investigación. La instrucción sigue abierta y amenaza con erosionar al Gobierno de coalición.
