El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha sopesado este martes si sería necesario introducir alguna «modificación» en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia a fin de dar una «mejor respuesta» ante situaciones como la recientemente vivida en la que un padre con una orden de alejamiento de su expareja ha matado presuntamente a sus hijas de dos y cuatro años de edad.
«Ante un suceso como éste, una vez vistas las consecuencias y visto cómo se han desarrollado los hechos, permite prestarse a reflexionar», ha indicado ante los medios el subdelegado, para quien «debe seguir consolidando» la reforma de la Ley Orgánica 8/2021 de cara a garantizar la protección de las víctimas.
Martín ha señalado que la investigación sobre las causas de la muerte de las pequeñas se mantiene en marcha sin que, por el momento, se haya dado traslado de los informes de autopsia que puedan confirmar el envenenamiento como causa de la muerte de las niñas, conforme se trasladó en base a los indicios hallados en el cortijo de Las Alcubillas.
«Cuando se puedan dar resultados y se pueda hablar ya con propiedad de las causas o de las cuestiones que se puedan poner con rigurosidad, pues creo que será el momento de trasladarlo a los medios de comunicación», ha manifestado.
En este sentido, ha abogado por «ser rigurosos» y «dejar actuar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación» para poder contar con pruebas suficientes que permitan aclarar lo ocurrido durante la tarde noche del pasado domingo en la pedanía ubicada en el municipio de Alboloduy.
Martín ha trasladado una vez más su pésame y ánimo a la familia así como a los vecinos de Alboloduy, de Gérgal, donde la familia habitó durante una temporada; y de Abla, donde la madre de las pequeñas residía con las mismas tras haber encontrado trabajo en una cafetería de la localidad a la que llegó en base a la orden de alejamiento que tenía de su expareja.
El subdelegado ha apuntado además de que los avances en la investigación permitan determinar a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género que el caso se encuadra en un crimen de violencia vicaria, de lo que existen indicios en base a la situación procesal del hombre, al que constan antecedentes por violencia de género.
Cabe recordar que, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el progenitor estaba a la espera de juicio, señalado para el 10 de abril, acusado de malos tratos y de amenazas a la madre de las pequeñas. La Fiscalía pedía para él un año de prisión.
El hombre gozaba de un régimen de visitas acordado en sentencia de marzo de 2023 por la autoridad judicial y establecía que el padre podía estar con sus hijas sábados y domingos de cada semana, entre las 12,00 horas y las 18,00 horas.
Ha puntualizado que la resolución señalaba que la madre debía trasladar a las menores al Punto de Encuentro Familiar para ser recogidos por su progenitor, pero que ella pidió «en varias ocasiones» que la entrega se realizara sin la intervención de los funcionarios del Punto de Encuentro. La última de las peticiones en este sentido se realizó el pasado 4 de octubre.
Las niñas estuvieron un año amparadas bajo un sistema de acogida por parte de la Junta de Andalucía junto con su madre hasta que esta renunció «voluntariamente» con la intención inicial de regresar a Rumanía, su país natal.
Según fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en marzo de 2022, la mujer y sus dos hijas ingresaron en el centro de emergencias para víctimas de violencia de género de Almería y después, en junio, fueron trasladadas a la casa de acogida de Granada.
Fue en la provincia granadina donde recibieron atención psicológica, jurídica y social dentro de un plan personalizado de atención. Así, en marzo de 2023, la mujer solicitó de forma voluntaria su salida de los recursos de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer.
En este sentido, han apuntado esta decisión «no era compartida por el personal técnico de la casa», ya que la mujer y sus dos hijas llegaron en una situación de «extrema vulnerabilidad».
