El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley 22/2021, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, con 287 votos a favor, 1 en contra y 60 abstenciones.
Además, se ha rechazado que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia por 63 votos a favor, 277 en contra y 7 abstenciones.
Todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo a la celebración en Madrid de la Asamblea entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha defendido la celebración ya que es «un orgullo y un honor que España pueda celebrar este foro, que supone el reconocimiento de España como destino Seguro y una oportunidad para la proyección de España».
Todos los grupos han reconocido como positiva para el sector turístico español la celebración del evento en Madrid, aunque han afeado al Gobierno sus actuaciones en diversas materias turísticas, así como los comentarios emitidos por miembros del Gobierno sobre el valor del turismo en la economías española.
En un principio, estaba previsto que la asamblea se celebrara en Marrakech, pero el pasado octubre el Gobierno de Marruecos canceló el evento debido a la situación sanitaria por la pandemia. Así, el Ejecutivo español aceptó que fuera celebrada en Madrid.
Ante la celeridad que requiere la organización de un evento de estas dimensiones en un plazo tan corto, Maroto ha puesto en valor la organización de la COP 25 en Madrid en diciembre de 2019, pero ha esgrimido que, para que pueda organizarse una cumbre de estas características, son necesarias «medidas extraordinarias que permitan una operativa ágil y efectiva».
En concreto, el decreto permite reducir los plazos para determinados contratos recogidos en la Ley General de Contratos del Sector Público, así como la obligación de controlar los fondos empleados en la organización a través del sistema de pagos a justificar y, además, nombra al secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, órgano competente para la contratación, comprobación y designación de los gastos.
