El Ministerio de Justicia creará sistemas reforzados de asistencia jurídica, notarial y de consulta en el registro de la propiedad para ayudar a quienes hayan perdido sus casas tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, ejecutando además medidas organizativas para agilizar la actividad judicial.
Todo ello, según han informado desde el departamento que dirige Pilar Llop, como parte de las medidas incluidas en el real decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros con el objetivo de ayudar a los afectados por el desastre natural y cuyo objetivo es «apoyar e impulsar la reconstrucción económica, laboral y social de la isla».
En esta línea, el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España adoptará las medidas tecnológicas y económicas necesarias para apoyar al Registro de Santa Cruz de la Palma con el fin de habilitar un sistema diario de cita previa presencial o telemática, para que los afectados puedan consultar el estado de sus propiedades.
Asimismo, publicará en el Geoportal Registradores información gráfica específica sobre el ámbito territorial afectado sucesivamente por la lava volcánica e identificación de las fincas incluidas en el área afectada.
SE ANALIZARÁ LA TITULARIDAD DE LOS BIENES CUBIERTOS POR LA LAVA
El Ministerio de Justicia también adoptará, según han detallado, las medidas oportunas para analizar el régimen jurídico de la titularidad y carga de los bienes y derechos sobre inmuebles que han quedado cubiertos por la lava.
Dentro de las medidas en materia notarial, se contempla que el decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias habilite a los notarios de este territorio que considere necesarios y que voluntariamente lo soliciten para prestar su servicio en la isla de La Palma, para atender a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja.
Su competencia alcanzará única y exclusivamente a hechos, actos o negocios jurídicos relacionados con los daños ocasionados por el volcán. Además, el Consejo General del Notariado también facilitará al Colegio de las Islas Canarias y a los notarios habilitados medios tecnológicos y económicos.
Por último, se establece que una vez que haya finalizado la situación provocada por la erupción del volcán Justicia pueda aprobar «en el plazo más breve posible», un Plan de Actuación. El mismo contemplaría medidas organizativas para agilizar la actividad judicial, con la finalidad de contribuir al objetivo de restablecer el funcionamiento ordinario de los órganos judiciales afectados tras la superación de esta crisis natural.
