El Frente Polisario ha considerado una «victoria triunfal» la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) que anula los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos y ha instado a los líderes del bloque a acatar el fallo, ya que considera que «su continuo desafío constituye un gran obstáculo para el proceso de descolonización del Sáhara Occidental».
El principal representante del Polisario ante la UE, Oubi Bouchraya, ha subrayado que el fallo de 2016 ya «fue muy claro», pero entonces «la Comisión Europea optó por desafiar las decisiones de sus propios tribunales». Ahora, ha añadido, «el tribunal recuerda a los líderes europeos que nadie está por encima de la ley».
«El respeto del Estado de Derecho y del Derecho Internacional es fundamental para todos porque constituye una condición necesaria para la paz en el mundo», ha reivindicado Bouchraya, en un comunicado con el que el Polisario ha reaccionado a un posicionamiento que cataloga de «histórico» por parte del TUE.
El Frente Polisario considera anulados «totalmente» los acuerdos comercial y pesquero entre la UE y Marruecos y ha celebrado que los jueces hayan coincidido en que no se consultó debidamente a la población saharaui. De hecho, ha advertido de que dichos acuerdos «fueron impuestos ilegalmente» y ha rebatido «el argumento falaz de los beneficios» de estos compromisos para la población local, en la medida en que «no puede sustituir la ineludible exigencia del consentimiento».
Asimismo, ha considerado validada su tesis de que el Sáhara Occidental «tiene un estatus separado y distinto con respecto al Reino de Marruecos», lo que implica rechazar «las pretensiones expansionistas» de Rabat. El Polisario sería en este escenario «un tercero» afectado por cualquier acuerdo y, por tanto, se requiere su consentimiento.
La Unión Europea y Marruecos han respondido a las sentencias del TUE prometiendo que adoptarán «las medidas necesarias» para garantizar un marco jurídico que proteja la «estabilidad comercial» en sus relaciones, sin entrar en más detalles. El tribunal con sede en Luxemburgo prevé un plazo de dos meses y diez días para que las partes afectadas presenten un recurso.
