Unidas Podemos ha propuesto al PSOE, su socio en el Ejecutivo de coalición, ampliar las medidas de protección del denominado ‘escudo social’, cuya vigencia expira el próximo 9 de agosto, hasta el próximo 31 de diciembre.
Así lo ha trasladado la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, a diferentes Ministerios a través de una carta, en la que insta a proceder con «urgencia» a la prórroga de estas medidas, dado que la pandemia y sus efectos socioeconómicos aún no han desaparecido.
Entre estas medidas, se encuentra la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas.
También figura la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos, las medidas urgentes para hacer frente a la vulnerabilidad y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
Esa petición se extiende, además, a la prórroga de la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, así como las medidas urgentes dentro de este ámbito; la flexibilización temporal del uso del fondo de educación y promoción de las cooperativas con la finalidad de paliar los efectos de la pandemia; las medidas especiales de orden jurisdiccional contencioso-administrativo y la compatibilidad de la pensión de jubilación de los profesionales que ejercen la medicina y la enfermería con el desempeño de su actividad realizada para la gestión de la situación de crisis sanitaria.
Fuentes de Unidas Podemos han subrayado que consideran «indispensable» mantener estas medidas, que expiran el 9 de agosto, al menos hasta final de año para así «garantizar una adecuada protección para el mayor número posible de ciudadanos». Sobre todo porque «siguen siendo necesarias en un momento en el que muchas personas aún no se han recuperado de los efectos socioeconómicos de la pandemia».
En su misiva, Belarra traslada la conveniencia de prolongar estas medidas a los Ministerios de Presidencia, Justicia, Igualdad, Consumo, Transportes, Trabajo, Sanidad, Transición Ecológica, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
LA PANDEMIA Y SUS EFECTOS ESTÁN «LEJOS DE DESAPARECER»
De esta forma, expone que durante estos días se asiste nuevamente a un incremento de los índices acumulados de incidencia y contagio del Covid-19, por lo que la pandemia «está lejos de desaparecer».
«Esta situación sin duda va a afectar muy negativamente a la campaña de turismo de verano, en especial respecto a la actividad generada por la llegada de turistas extranjeros, con el consiguiente impacto de índole económico y laboral que ya sabemos», relata la titular de Derechos Sociales.
Por todo ello, ve «necesario proceder con la mayor urgencia posible aprorrogar» las medidas de protección para aquellas personas que «más están padeciendo la crisis social y laboral consecuencia de la pandemia y, en su caso, aprobar otras medidas que resulten necesarias para mantener y consolidar el escudo social a partir del 9 de agosto».
Por tanto, pide prorrogar o incluso mejorar las medidas del Real Decreto aprobado en mayo y ofrece mantener una reunión de trabajo para abordar los contenidos de extensión del escudo social, para tratar de elaborarlo lo más rápido posible de cara a «garantizar su inmediata entrada en vigor».
La petición se produce cuando el ala socialista de la coalición ha experimentado recientemente una remodelación. Previamente y ante la posibilidad de realizar un nuevo decreto, Unidas Podemos solicitó también aumentar los criterios de vulnerabilidad a la hora de aplicar nuevas medidas que frenen desahucios sin alternativa habitacional, de cara a proteger a más personas y pueda aplicarse a cualquier tipo de lanzamientos.
MARCO ACTUAL
El pasado mayo, el Consejo de Ministros aprobó la ampliación hasta el 9 de agosto de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el alquiler sea un gran tenedor o entidad pública.
Asimismo, se prorrogó la suspensión de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables de su vivienda habitual, en los casos ya previstos por la actual normativa.
Además, el pasado 8 de junio se aprobó un real decreto que permite a las comunidades autónomas utilizar los recursos del Plan de Vivienda para pagar a los propietarios la compensación por la paralización en determinados supuestos de los desahucios y de los lanzamientos de inquilinos de vivienda en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional durante la pandemia.
El mencionado decreto antidesahucios que paralizaba los lanzamientos por motivos sociales y sanitarios daba derecho a una compensación a los propietarios si los servicios sociales no habían podido encontrar una alternativa para las personas vulnerables y cuando se produjese una pérdida para el propietario porque el inmueble estuviera alquilado o puesto para la venta o el alquiler.
