Tener empleo ya no es un escudo frente a la pobreza en España. Unos 2,5 millones de trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza pese a tener un contrato, según el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES).
El dato aparece recogido en el 'Informe Anual sobre el Estado de la Pobreza en España' de 2026 y abre un debate directo: el 11,6% de las personas ocupadas vive en situación de pobreza. En la práctica, equivale a unos 2,5 millones de trabajadores que, con jornada cumplida, no logran ingresos suficientes para una vida digna. La actualización del informe gana peso cada año al relativizar la idea de que el empleo, por sí solo, saca de la exclusión.
¿Cómo se reparte la pobreza entre quienes trabajan?
Según el estudio, el 33% de las personas en situación de pobreza tiene un empleo activo, mientras que el 19,9% está en desempleo. Por eso, la inserción laboral deja fuera al 80% de la población pobre: personas ya ocupadas, jubiladas o con alguna incapacidad. Se trata de una quiebra del ascensor social que no se explica únicamente por el paro.
La tasa AROPE, el indicador europeo que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, lo confirma. Entre las personas trabajadoras pasó del 18% en 2014 al 16,4% en el último registro. Se crea empleo, pero su capacidad protectora se debilita. Una evolución que contrasta con la mejora del desempleo en la última década.
Por qué el empleo ya no protege lo suficiente
Los expertos del informe apuntan a la calidad del empleo como causa principal. La temporalidad, los salarios bajos y la parcialidad multiplican el riesgo de vulnerabilidad, sobre todo en sectores de bajo valor añadido. Hostelería y turismo concentran buena parte de ese empleo de alta estacionalidad.
La parcialidad involuntaria afecta de forma especialmente acusada a las mujeres, según el informe, por la desigual distribución de las tareas de cuidados no remunerados. El resultado son jornadas reducidas y salarios que no alcanzan para cubrir el coste de la vida.
Menos horas suponen salarios que no alcanzan para cubrir el coste de la vida. La parcialidad involuntaria golpea sobre todo a las mujeres.
Además, un 4% de los ocupados está en pobreza severa, con menos del 40% de la mediana de renta nacional. Son más de un tercio de todos los trabajadores pobres, personas atrapadas en una precariedad extrema de la que no escapan únicamente trabajando más horas.
Cuánto logra redistribuir el Estado de bienestar
El informe también advierte de los límites de las políticas redistributivas. Medidas como el Ingreso Mínimo Vital o las subidas del Salario Mínimo Interprofesional han mejorado la garantía de rentas, pero el sistema de protección español solo reduce la pobreza un 23,2%. A pesar de los avances, la debilidad estructural de la protección social sigue ahí.
Otros países europeos logran más con sus transferencias: Irlanda la reduce un 51,5% y Francia un 38,5%. España invierte menos que la media comunitaria en vivienda, infancia y apoyo a las familias, con un sistema fiscal menos progresivo y más dependiente de de impuestos indirectos que castigan a las rentas bajas.
En resumen, el empleo por sí solo no garantiza salir de la exclusión. El debate ahora se centra en los salarios, la parcialidad y la capacidad real del Estado para corregir las desigualdades del mercado de trabajo. Los datos del informe alimentan la discusión sobre la necesidad de empleo de mayor calidad.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Tener empleo ya no evita la pobreza en España.
- 👥 Quiénes son los afectados: Unos 2,5 millones de trabajadores, con especial impacto en mujeres y sectores precarios.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: El debate sobre salarios y parcialidad crece ante un escudo laboral debilitado.
