Pensionistas vascos se han movilizado este martes en Bilbao y San Sebastián para denunciar al «inadmisible» maltrato a los mayores durante la pandemia, siguiendo la convocatoria realizada por Babestu, Senideak y Zaintza Irauli.
Con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, los pensionistas se han movilizado a partir de las once y media de la mañana desde la sede de Gobierno vasco hasta la Diputación en Bizkaia. En San Sebastián, la protesta se ha celebrado en la plaza de Gipuzkoa y en Vitoria será el próximo viernes.
Las movilizaciones estaban convocadas por la Asociación de familiares y usuarios de las residencias de Bizkaia, Babestu de Bizkaia, y las de Gipuzkoa Senideak y Zaintza, con el objetivo de denunciar los abusos y malos tratos contra las personas mayores, de manera que se han sumado los pensionistas vascos.
En los actos de protesta, han mostrado su rechazo «a cuantas decisiones políticas y empresariales» están incrementando «los niveles de pobreza de las personas mayores y pensionistas y empeorando sus condiciones de vida».
«INADMISIBLE» MALTRATO INSTITUCIONAL
A su juicio, en estos meses de pandemia las personas mayores han sufrido «de manera inadmisible el maltrato institucional» en los centros residenciales que «por la dejadez, los recortes y la improvisación institucional» han sido «centros de internamiento y focos permanentes de contagio para las personas residentes y trabajadoras».
«Los mayores se merecen que tengan un cuidado digno y de calidad y no como están ahora, que están apartados en las residencias, no sabemos ni cómo están y no sabemos porque no hay gente para trabajar», han añadido.
Asimismo, han asegurado que maltrato también son «las pensiones de miseria a la que se ven abocadas miles de personas tras una vida de trabajo o bien no reconocido o precario y especialmente las mujeres».
«Maltrato son los recortes que se sigue aplicando en los servicios públicos especialmente los sanitarios y los de atención y cuidados, que han reducido la calidad de los servicios, las posibilidades de una atención personal adecuada y las condiciones de trabajo», han añadido.
Además, también han considerado maltrato la «reducción de servicios públicos que dificultan como en el caso del transporte público la movilidad y autonomía de las personas mayores» o lo que ocurre con los servicios financieros que «obligan a las personas a hacer colas ante las cada vez más escasas ventanillas de atención directa».
«Maltrato es que muchas personas mayores y pensionistas no puedan mantener su casa en condiciones de habitabilidad y que el recibo de la luz se incremente para beneficio de un puñado de accionistas a costa del incremento exponencial de la pobreza energética y maltrato institucional es que, conociendo todas estas agresiones, las instituciones no hagan la necesario para erradicarlas», ha apuntado.
