Casi veinte años después de la aprobación del Real Decreto 396/2006, España actualiza su legislación sobre el amianto. El nuevo Real Decreto 847/2026, de 21 de octubre, publicado en el BOE el pasado 23 de octubre, sustituye a la normativa anterior e introduce cambios significativos en la protección de los trabajadores expuestos a este material cancerígeno.
La reforma llega, además, después de que la Comisión Europea exigiera a España cumplir sus obligaciones de transposición de la normativa comunitaria, cuyo plazo había vencido en diciembre de 2025. Pero ¿qué cambia realmente y cómo afectará a las empresas?
Un valor límite de exposición diez veces menor
La modificación más destacada es la reducción del límite de exposición profesional al amianto de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico de aire, una disminución del 90 % respecto al valor establecido en 2006.
Este cambio tiene consecuencias importantes. Aunque las empresas ya estaban obligadas a reducir al mínimo la exposición de sus trabajadores, ahora deberán demostrar que sus procedimientos cumplen un límite mucho más exigente.
La reforma también transforma la manera de medir la concentración de fibras. La normativa establece la transición hacia métodos de análisis basados en microscopía electrónica, capaces de identificar fibras más pequeñas que las detectadas mediante los métodos ópticos tradicionales.
Este cambio metodológico cuenta con un período transitorio hasta el 20 de diciembre de 2029. No obstante, el nuevo límite de exposición ya es aplicable, por lo que las empresas deberán revisar desde ahora sus evaluaciones de riesgos y las medidas de control utilizadas en sus trabajos.
Identificar el amianto antes de comenzar las obras
Otra novedad relevante afecta a la identificación de materiales sospechosos de contener amianto.
La nueva regulación refuerza la obligación de comprobar su presencia antes de determinados trabajos de demolición, mantenimiento o rehabilitación. Estas comprobaciones deberán realizarse mediante exámenes adecuados por personal cualificado, recurriendo al análisis de muestras cuando sea necesario.
La medida pretende evitar situaciones en las que se descubra amianto durante una intervención, cuando los trabajadores ya pueden haber alterado el material y liberado fibras al ambiente.
En la práctica, esto otorga mayor importancia a las inspecciones previas y a la planificación de las obras. También afecta a las empresas de construcción y mantenimiento que, sin dedicarse específicamente al desamiantado, pueden encontrarse con materiales peligrosos durante sus actividades habituales.
Además, la nueva normativa establece que debe priorizarse la retirada segura del amianto frente a otras formas de manipulación, siempre dentro de los procedimientos y condiciones de seguridad correspondientes.
Más exigencias para proteger a los trabajadores
La reforma introduce requisitos preventivos más específicos. Entre ellos destaca la obligación de realizar pruebas de ajuste de los equipos de protección respiratoria para comprobar que ofrecen una protección adecuada a cada trabajador.
También se refuerza la formación teórica y práctica, que deberá estar adaptada a los riesgos y procedimientos de las actividades realizadas.
Otra precisión afecta a la higiene personal: los trabajadores expuestos deberán disponer de al menos diez minutos para asearse antes de cada comida, no únicamente al finalizar la jornada o antes de una pausa principal.
Son medidas que pueden parecer menores, pero responden a un problema fundamental: la seguridad no depende solamente de utilizar equipos de protección, sino de comprobar su eficacia y mantener procedimientos adecuados durante toda la intervención.
Las empresas del RERA deberán renovar su inscripción
Uno de los cambios administrativos más importantes afecta al Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA).
Con la normativa anterior, las inscripciones no estaban sujetas a una renovación periódica general. El nuevo decreto establece una vigencia de tres años, con posibilidad de renovación, y actualiza los requisitos y procedimientos de inscripción.
Las empresas que ya figuraban en el registro antes de la entrada en vigor del real decreto deberán solicitar su renovación en un plazo de seis meses, hasta el 24 de abril de 2027. De no hacerlo, causarán baja.
La norma también actualiza los procedimientos relacionados con los planes de trabajo. Los que se hubieran presentado antes de su entrada en vigor continuarán tramitándose conforme a la regulación anterior hasta que la autoridad laboral dicte resolución.
Bruselas ya había advertido a España por el retraso
El nuevo decreto no es una iniciativa aislada. Responde a la transposición de la Directiva (UE) 2023/2668, aprobada para reforzar la protección de los trabajadores europeos frente al amianto.
Los Estados miembros tenían hasta el 21 de diciembre de 2025 para incorporar la mayor parte de sus disposiciones a la legislación nacional.
España incumplió ese plazo. La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción en enero de 2026 y, el 8 de julio, envió un dictamen motivado a España y otros cinco países, instándolos a completar la transposición. De persistir el incumplimiento, Bruselas podía llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Con la aprobación del RD 847/2026, España incorpora la directiva y actualiza un marco regulatorio que llevaba dos décadas sin una reforma integral.
Retirar amianto, una actividad que exige especialización
La razón de estas exigencias está en los riesgos del propio material. La inhalación de fibras de amianto puede provocar enfermedades graves, como asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma, cuyos síntomas pueden tardar décadas en manifestarse.
Por eso, retirar una cubierta de uralita no consiste simplemente en desmontar sus placas. El procedimiento requiere evaluar previamente los riesgos, contar con un plan de trabajo aprobado cuando corresponda, adoptar medidas para evitar la dispersión de fibras y gestionar los residuos peligrosos mediante los canales autorizados.
Para particulares, comunidades de propietarios o empresas que necesiten realizar estas intervenciones, resulta esencial contratar profesionales que cumplan las exigencias legales.
Plataformas especializadas como Lomills facilitan esta búsqueda conectando a los usuarios con empresas del sector. En su apartado de retirada de uralita en Madrid, permite localizar profesionales especializados y solicitar presupuestos para estos trabajos. La plataforma indica que las empresas colaboradoras cuentan con inscripción en el RERA y los requisitos correspondientes para realizar las intervenciones.
La nueva legislación introduce mayores controles y exigencias técnicas que deberán traducirse en una protección más eficaz de los trabajadores. Para el sector, el desafío será adaptarse a estas obligaciones sin perder de vista lo esencial: trabajar con amianto exige planificación, conocimiento técnico y medidas de seguridad verificables.
