La Asociación de Profesores Técnicos de Formación Profesional, RedPTFP, ha advertido este martes en una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra del «perjuicio» que les va a suponer la aplicación de la nueva ley estatal de educación, la denominada LOMLOE.
Según han explicado los representantes de la asociación, «a partir de su aplicación sólo los poseedores de grado universitario pueden impartir clases en la Formación Profesional, así que serán licenciados en farmacia quienes den peluquería en lugar de peluqueros, o serán abogados quienes impartan Soldadura en lugar de soldadores». «Y que conste que al contrario que el Ministerio, nosotros no prejuzgamos a nadie por su titulación, mientras demuestren que están capacitados. Pero a nosotros no nos dan ni siquiera una oportunidad para demostrar nuestra capacitación», han lamentado.
Los representantes de la asociación han afirmado que «los profesores técnicos con titulación de FP hemos intervenido desde la misma creación de la Formación Profesional hace más de 30 años y ahora de pronto nos excluyen de ella, como si fuésemos indignos».
«A los que ya somos funcionarios nos van a mantener en un puesto a extinguir cobrando menos y con menos derechos que nuestros propios compañeros y que los interinos. Y a los que somos interinos o sustitutos, amenazan con contratarnos como especialistas, de manera externa, con horas limitadas, por un sueldo mísero en comparación y con otras pérdidas de derechos. Y la única diferencia entre unos y otros será la titulación. Nos deben juzgar como docentes y no por la titulación que da acceso», han reclamado.
Por otro lado, han criticado que el Ministerio no responde a sus peticiones de reunión, «ni explica sus motivaciones, ni define qué va a hacer con todos nosotros». «Ha tenido que ser el Defensor del Pueblo el que nos ha comunicado sus intenciones. Así que lo que no entendemos es que aunque contamos con el apoyo de sindicatos, partidos políticos, el Defensor del Pueblo, las Direcciones Autonómicas de Personal, asociaciones de FP, universidades y asociaciones empresariales, el Ministerio continúe adelante para degradar y humillar a 17.000 docentes en todo el Estado», han afirmado.
La asociación ha criticado que «este ultraje a la FP proviene además de una disposición adicional que se metió a hurtadillas en el último momento, que no estaba en el borrador y cuyas consecuencias han sorprendido hasta a los mismos partidos que votaron a favor».
Por ello, ha solicitado al Parlamento foral «amparo y que mantenga una postura firme por sus trabajadores, los trabajadores de la Administración».
La asociación ha reclamado «una ley de FP de consenso, con participación de la comunidad educativa y no una ley que obedezca las instrucciones de los lobby y a la que se opone todo el mundo».
