Las acusaciones populares en el juicio por el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ comienzan este lunes a exponer ante el tribunal de la Audiencia Nacional sus informes finales. Una vez finalicen éstas será el turno de las defensas.
Lo hacen después de que el pasado jueves la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado informaran sobre las conclusiones a las que habían llegado tras practicar toda la prueba durante la vista oral en la que se encuentran acusados el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exgerente ‘popular’ Cristóbal Páez, los socios de Unifica –empresa que realizó las obras de la sede de la formación política–, Gonzalo Urquijo y Belén García y la extrabajadora de esta empresa Laura Montero. Además también se encuentra el PP como responsable civil subsidiario de los delitos que éstos pudieran haber cometido.
La semana pasada ya anunciaron a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que modificaban sus escritos de conclusiones provisionales para retirar la acusación contra Laura Montero, para quien ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado no ejercían acusación.
Una de las acusaciones populares, la ejercida por Observatori Desc, representada por el abogado Gonzalo Boye, ha sido la única de las partes que ha tenido en cuenta la actitud de colaboración del extesorero ‘popular’. El letrado indicó que entre las modificaciones de su escrito de acusación se incluye la aplicación de la atenuante analógica de arrepentimiento tardío para Bárcenas, «en virtud de su declaración en este juicio oral».
Se da la circunstancia de que las acusaciones populares de este procedimiento son las que provisionalmente solicitaron penas más elevadas para Bárcenas. En el caso de la ejercida por Izquierda Unida (IU), también se ve rebajada su acusación, puesto que ha anunciado que retira los delitos de organización criminal, que se sustituye por el de asociación ilícita, tráfico de influencias y delito electoral.
EL TESTIMONIO DE BÁRCENAS GENERA DUDAS AL FISCAL
El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, que ha mantenido su petición de cinco años de prisión para Bárcenas pese a las ‘confesiones’ realizadas en el marco de colaborar con la Justicia, señaló que las diferentes versiones que ha ofrecido el extesorero del PP a lo largo de este procedimiento le generan dudas.
No obstante, sí considera que los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, en los que el extesorero anotó los movimientos contables de la supuesta contabilidad paralela del partido, sí son «reales» porque reflejan «una serie de acontecimientos» que se han comprobado que «al menos una parte si son reales».
Asimismo, afirmó que los acusados «negociaron» el pago en negro de parte de la reforma y que por ello el partido es responsable civil subsidiario, ya que fue quien se benefició de estos hechos al pagarse en ‘b'».
Conclusión similar sostienen las abogadas del Estado que explicaron la dinámica seguida por Unifica de generar una doble facturación para «engañar» a la Hacienda Pública. Este sistema permitió a la formación política abonar parte de los trabajos realizados en negro y al despacho de arquitectos mantener ocultos estos ingresos, indicaron.
A ello habría que sumar, según los servicios jurídicos del Estado, que el despacho de arquitectos «de forma deliberada y consciente decidía cuándo cobrar y cuándo declarar a Hacienda, por lo que entiende que ingresos percibidos en 2007 debieron ser incluidos en el Impuesto de Sociedades de ese año y no en 2008, tal y como lo hicieron.
¿»DEFRAUDADORES POR PARTIDA DOBLE»?
La Abogacía del Estado además cargó duramente contra los administradores de Unifica, a los que calificó como «defraudadores por partida doble» por intentar compensar las deudas de su empresa con la presentación de una declaración especial tributaria que hicieron cada uno de ellos en 2012, acogiéndose a la amnistía fiscal, para regularizar su situación por dinero que tenían en el extranjero.
«No vale un dos por uno», dijo la abogada del Estado Rosa María Seoane, que recordó que dicha declaración especial de Urquijo y García era por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y que Unifica está acusado por delitos fiscales correspondientes al Impuesto de Sociedades de 2007 y al Impuesto de Valor Añadido (IVA) de 2010.
